El juez aceptó la solicitud presentada en mayo por el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport. De esta forma, 18 de los 95 militares denunciados deben dar explicaciones ante la Justicia Federal, a 11 años del inicio de la causa y 36 de la finalización de la guerra.
“El llamado a prestar declaración indagatoria constituye un verdadero punto de inflexión. Por primera vez en más de una década, los denunciados estarán frente a frente con el juez y se les expondrán los delitos de los que los acusa”, señaló Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Ex Combatientes de La Plata (Cecim), querellante en el expediente que busca determinar si las torturas sufridas por los soldados deben ser consideradas delitos de lesa humanidad.
El secretario de Derechos Humanos del Cecim, Ernesto Alonso, celebró la decisión y consideró que es una forma de “alimentar la esperanza de consagrar la verdad y la justicia” para con los ex combatientes “que fueron víctimas de los abusos cometidos por sus superiores” durante la guerra. A pesar de que la Corte Suprema ratificó la decisión de instancias judiciales anteriores sobre la prescriptibilidad de los delitos, la investigación persiste luego de que se presentaran nuevas denuncias y la Cámara de Comodoro Rivadavia decidiera dar curso a la calificación de delitos de lesa humanidad.
