Fernando Argüello tenía 33 años, estaba detenido por tenencia de estupefacientes para comercializar, delito con expectativa de una pena baja, si es que lo encontraban culpable, claro. No llegó al juicio. Murió ayer, después de haber agonizado casi un mes. Es el décimo fallecido en la peor masacre de la historia de las comisarías en el país: el incendio de la comisaría 3ª Transradio, en Esteban Echeverría.
Argüello estaba detenido desde el 25 de octubre, a cargo de la comisaría 1ª de Monte Grande, pero había sido trasladado a Transradio, ilegalmente si se tiene en cuenta que la 3ª tenía sus celdas clausuradas por orden de la justicia, desde 2011. El 30 de enero de este año el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, hizo lugar al habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria, en reclamo por el alojamiento de personas en la comisaría. Y ordenó al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, “bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia que, por quien corresponda, se proceda de inmediato a desalojar los calabozos de la seccional sindicada”. No fue la primera orden. Al momento de la masacre, la 3ª tenía siete clausuras, seis por orden judicial y una por resolución del Ministerio de Seguridad. Pero Ritondo no solo no desalojó sino que siguió “amontonando” detenidos.
Entre las pruebas que sostienen los abogados de la CPM, que es parte querellante en representación de 5 familias, se sostiene el hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención, la falta de elementos de seguridad: no contaban con colchones ignífugos, los matafuegos estaban vacíos.
El 6 de diciembre representantes de la CPM, el Cels y la Defensoría de Casación bonaerense mantuvieron una reunión en la Comisión Interamericana de DDHH en Washington. Del gobierno nacional y provincial participaron funcionarios de cuarto rango y si bien reconocieron la situación crítica, no propusieron medidas.
