Desde que se hizo oficial el acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia nacional para mudar la cárcel de Devoto al municipio bonaerense de Marcos Paz, se instaló la incertidumbre entre docentes y estudiantes del Programa UBA XXII, iniciativa de la Universidad de Buenos Aires que permite a los detenidos cursar carreras universitarias en diferentes penales. Por el traslado, los casi 470 estudiantes que actualmente participan del programa en Devoto desconocen si podrán finalizar sus estudios. Y los docentes no saben si podrán seguir dando clases.

Aunque la mudanza del penal a Marcos Paz depende de que se terminen las obras del nuevo establecimiento, lo que se estima ocurriría en 2020, el solo anuncio puso bajo un signo de pregunta el futuro del programa, debido a las dificultades que implicará para los docentes trasladarse hasta la nueva sede. Pasados nueves meses de la confirmación oficial del traslado, el coordinador de la Carrera de Sociología en el Programa UBA XXII, Marcelo Langieri, aseguró que los docentes y los estudiantes aún desconocen si el programa podrá continuar y que nunca fueron informados ni consultados oficialmente sobre los cambios, pese a que existe un convenio que liga a la UBA con el Ministerio de Justicia. “La peor situación siempre es la incertidumbre. El preso está sujeto a situaciones sorpresivas y desagradables permanentemente. La única certeza que tiene es la universidad, si esto también se desestabiliza genera un gran conflicto y malestar”, sostuvo el sociólogo.

El Centro Universitario Devoto (CUD) fue la primera sede del Programa UBA XXII, que nació en 1985. Allí se dictan hoy las carreras de Sociología, Psicología, Abogacía, Contador, Administración, Filosofía, y las materias del CBC de cada una, además de un taller de informática a cargo de la Facultad de Ciencias Exactas.Las carreras más elegidas son las de económicas y derecho. “Un preso tiene dos fantasías básicas, una es escaparse y otra autodefenderse, o sea que de alguna manera el programa satisface un deseo íntimo, lo cual no es menor”, resaltó el coordinador.

Langieri explicó la importancia de que el Programa se sostenga: “Es un soplo de libertad en un ámbito muy duro y complicado como es la cárcel. Pero, sobre todo, es importante porque las personas que están detenidas están privadas de la libertad ambulatoria, pero no del resto de sus derechos. Su derecho al estudio es fundamental y la universidad está cumpliéndolo. Además es un programa muy especial para una población que no debe ser segregada, sino incorporada al conjunto. Muchos de los internos ni siquiera están condenados. Restringir su ciudadanía es un error”.

Un motivo adicional se vincula con que la reincidencia es menor entre quienes participan del programa. “Se vincula con que el programa brinda una mayor salida laboral, da una herramienta al momento de salir de la cárcel y mejora la autoestima. La cárcel estigmatiza y el estudio es un antídoto contra eso. Pero eso no es lo más importante, lo central es que estudiar es un derecho y el programa busca cumplirlo”, destacó Langieri.

Al panorama de incertidumbre se suma que, desde el inicio de la gestión Cambiemos, el ambiente de trabajo en la cárcel empeoró para docentes y estudiantes: “Hay un muy fuerte deterioro de las condiciones en todo sentido. Se vive un cierto clima de hostilidad, un envalentonamiento del servicio penitenciario con relación al programa, que se ve desde la dureza en el trato, hasta en los obstáculos que se ponen para el ingreso, donde hasta se hacen problemas para entrar materiales de estudio, cosa que antes nunca sucedió”.

Informe: Inés Fornassero.