El Gobierno oficializó ayer su exigencia de “transparentar” los precios, al obligar a comercios a exhibir el valor de los productos en efectivo y el financiado con tarjeta desde el 1° de febrero. Así quedó establecido en una resolución de la Secretaría de Comercio publicada en el Boletín Oficial. El Gobierno confía en que el mercado hará que los precios al contado bajen y que los valores con financiamiento se incrementen conforme a los cargos que las tarjetas de créditos cobran a los comercios.
Sin embargo, asociaciones de consumidores y economistas advierten sobre la histórica falta de flexibilidad de los precios a la baja y por eso argumentan que es probable que haya avivadas de parte de los empresarios. La Cámara de Comercio y las pymes apoyaron a la medida.
La resolución de Comercio establece que el empresario no podrá diferenciar precios si se paga en efectivo, con débito o en una cuota. Cuando los precios se exhiban financiados, deberá indicarse el precio de contado, el precio total financiado, la cantidad y monto de cada una de las cuotas, la tasa de interés efectiva anual aplicada y el costo financiero total. Incluso quienes comercialicen productos o servicios bajo la modalidad de venta financiada en cuotas no podrán incluir en sus anuncios la frase “sin interés” cuando el costo de financiación del producto o servicio sea trasladado al precio de venta al consumidor. Se prevén sanciones para incumplimientos de hasta cinco millones de pesos.
“Es bueno intentar transparentar los precios. En los últimos años los bancos son quienes en definitiva han puesto los precios de las vidrieras. Un comercio era prácticamente obligado a hacer convenios con los bancos para tener promociones de esos bancos y así atraer clientes. En esos convenios, de un descuento de por ejemplo 30 por ciento que el banco decide hacer un determinado día, el comerciante debe poner del 20 al 25 por ciento. Es hora que el Gobierno le exija al sector financiero que baje las tasas abusivas que cobran a sus clientes ya que de esa manera le resta cada mes un poco más de poder de compra a los consumidores”, planteó Ariel Aguilar, dirigente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) indicó que “la iniciativa otorga racionalidad al precio de venta y equipara la distorsión que se produce en el mercado por dicha situación”.
Por su parte, el economista Mariano Kestelboim señaló que “que los recargos por pago con tarjeta van a aplacar el consumo porque la financiación sin costo visible era una forma de impulso que tomó vigor en los últimos años. Se van a incrementar las ofertas por pago al contado y eso debería frenar la escalada de precios. La obligación de exhibir el costo financiero tiene como principal objetivo contener la inflación, dado que le Indec registra el precio de contado”.
Matías Doublier, fundador de la empresa Increase, advirtió que los comercios chicos pueden enfrentar problemas para calcular la variación de los precios ahora que el costo financiero corre por fuera de los demás costos. También advirtió que “puede ser que el comercio no baje los precios al contado sino solamente suban los que tienen cuotas”.