El fin de la carrera como fiscal general de Mar del Plata del ex agente de inteligencia, Fabián Uriel Fernández Garello, parece estar cada vez más cerca. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocó ayer la falta de mérito que le había dictado la jueza Alicia Vence por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Esta decisión deja al jefe de los fiscales marplatenses a un paso del procesamiento. Ahora, la jueza deberá decidir si lo procesa o lo sobresee por los delitos que cometió en 1981 y de los que hay pruebas contundentes en los documentos del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires (Dippba), donde Fernández Garello prestaba servicio. En tal sentido, resulta fundamental el reciente fallo en otra causa por delitos de lesa humanidad, emitido por el TOF 5 de San Martín, que condenó a prisión perpetua a dos agentes de inteligencia de la dictadura.

Los personeros del terrorismo de Estado habían hecho circular versiones sobre un “crimen pasional” y “un ajuste de cuentas por plata del PST” en torno al homicidio de la joven trabajadora metalúrgica y militante política Ana María Martínez. Sin embargo, la semana pasada la justicia reconoció en el veredicto del TOF 5 que Ana María fue víctima de crímenes de lesa humanidad y sentenció al ex jefe del Destacamento 201 de Inteligencia, Norberto Apa, y el ex jefe del Departamento de Personal G1, Raúl Guillermo Pascual Muñoz -ambos de Campo de Mayo-. Según la querella, para arribar a las condenas resultó fundamental un legajo de la Dippba aportado por la CPM. En el mismo período en que se prueba la acción de inteligencia de la delegación San Martín Dippba sobre los militantes del PST y Ana María Martínez, también prestaba funciones como agente de inteligencia el actual fiscal general de Mar del Plata. Fabián Fernández Garello, quien ha sido denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En las próximas horas el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires tiene que resolver la apelación de la CPM por el archivo del jury contra este fiscal. En 2016 el organismo de derechos humanos provincial, que integran entre otros Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, denunció a Fernández Garello por tener acreditado que actuó como agente de la Dippba durante la dictadura en tareas de inteligencia y operativos de secuestro. Esta presentación que la CPM hizo fue desestimada por el Jurado que ni siquiera abrió la investigación, decisión que motivó la apelación. 

La resolución de ayer emitida por la Cámara Federal acredita que la actuación de la delegación de inteligencia de San Martín, donde revistaba Fernández Garello, fue parte del plan sistemático de represión coordinado con el batallón de inteligencia 201 de Campo de Mayo. “Los elementos de inteligencia integraban la comunidad de información de las Zonas y que la Dirección General de Inteligencia, integrante de esa comunidad, brindaría apoyo a las Unidades Regionales para la ejecución de la acción militar”, expresaron los camaristas Marcelo Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas. “Todas las estructuras policiales participaban y colaboraban con el Ejército en la detección de individuos con ideología marxista, en los diversos ámbitos sociales, con especial énfasis en la reunión de información”. A criterio de estos jueces, “la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense había operado con el Destacamento de Inteligencia 201 del Comando de Institutos Militares en sucesos que, a juicio de los que allí revistaban, tenían características de subversivos”, y agregaron que “las fuerzas policiales seguían bajo el control operacional del Ejército en la lucha contra la subversión, la presencia policial en la vía pública era una fuente más de reunión de información, y sus elementos de inteligencia continuaban formando parte de la comunidad informativa bajo responsabilidad de esos comandos”. En un comunicado, la CPM consideró que el fallo de la Cámara es un avance importante en la búsqueda de justicia y desanda el camino de impunidad que se ha construido en torno a la actuación del fiscal general de Mar del Plata, que fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar.