Llega el año electoral con las campañas lanzadas. El presidente Mauricio Macri le debe más ayuda al Poder Judicial (PJ) que al ministerio de Hacienda y reparticiones satélites. Tan es así que “la corrupción K” y “los cuadernos” se usan para desacreditar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tanto como para justificar la estanflación, el desempleo, el aumento de la pobreza y todas las desdichas derivadas de la política elegida por el Gobierno.
Si se escudriña dentro del PJ, los jueces federales se ganaron la medalla al mérito macrista (ver asimismo nota aparte). La Corte Suprema de Justicia (CS), allende vasos comunicantes con Comodoro Py, deparó más sinsabores. El paladín Carlos Rosenkrantz fue devaluado, se han sucedido sentencias que incordian a la Casa Rosada.
La integración actual de la Corte nace con dos pecados originales. El primero es el decreto amañado para que Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz se colaran como polizones sin el previo acuerdo del Senado. Movida tramposa, frenada por la repercusión pública y un sosegate que interpuso Ricardo Lorenzetti. El acierto del entonces presidente del cuerpo le granjeó broncas congénitas que pagaría después.
La semblanza de esta etapa contiene cantidades de mitos urbanos con mucha aceptación. Una de ellas: atribuirle a la diputada Elisa Carrió ser la madrina de la postulación de Rosatti. La especie parece inverosímil desde la génesis: el mentor de la entrada per la finestra fue el operador judicial Fabián Rodríguez Simón. Lo llaman Pepín… más allá de la coincidencia en los apodos cariñosos Lilita lo aborrece, sentimiento que suele ser mutuo. Suena extraño que ella haya incidido más que él o que hayan concordado. De todas maneras, imposible desentrañar si hubo un palique palaciego. Pero la clave de la designación de Rosatti está en el Senado que le dio acuerdo con el voto decisivo de los “peronistas racionales”. Exagerar la influencia de Carrió en el equipazo de gobierno es trending topic, que la diputada fogonea siempre. Hete aquí que su influjo sobre el bloque que comanda Miguel Pichetto es nulo. No hay senadores de Coalición Cívica: la rionegrina Magdalena Odarda proviene de allí pero siempre tuvo “juego propio”.
A veces lo real es visible a los ojos. Se designaron en legal forma dos Supremos. Con un Senado dividido y con el oficialismo en ascenso: se adjudicó uno a Cambiemos y el otro al peronismo no kirchnerista que estaba muy cooperativo. Reparto entre aliados contingentes, pura lógica instrumental en la que Carrió no intervino.
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75: El segundo pecado se confabuló entre el Ministerio de Justicia y la jueza Elena Highton de Nolasco. La magistrada pidió seguir en el Tribunal pese a haber cumplido 75 años, interpuso un amparo. Obtuvo sentencia de primera instancia, floja, amical y (de ordinario) poco gravitante. Pero los abogados del Estado, por manda del Gobierno, no apelaron y le garantizaron la continuidad que conllevó un deterioro en la reputación de la magistrada. Un cargo conferido en la Corte a su hija Elen(it)a Nolasco acentuó las críticas: nepotismo clavado.
Highton aceleró el camino del Calvario sentenciando a favor de la extensión del 2x1 a los autores de crímenes de lesa humanidad. Los cuestionamientos, que hasta ahí circulaban entre élites, devinieron masivos. La mujer se abatió y entró en un pozo emocional del que, parece, no sale. Perdió el buen sentido de lo público que adornaba sus sentencias desde su entrada al tribunal. Se replegó al silencio y comenzó a acatar el liderazgo de Rosenkrantz a quien acompañó en el 2x1 inicial y luego en el relevo de Lorenzetti por el ex abogado de Clarín.
En aquel punto el Ejecutivo estaba de parabienes. Desplazado Lorenzetti –que le era funcional pero escurridizo como una anguila–, el mundo le sonreía. Fue el último 3-2 a su favor, sobrevendría la seguidilla de scores adversos.
Arrancó con la confección de una agenda de fallos a dictarse antes de fin de año, pactada entre los cinco vocales pero impuesta por el terceto Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Rosatti.
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2x1: 1-4: Este subtítulo, ajeno a la inventiva de Adrián Paenza, alude al cambio de jurisprudencia respecto del 2x1, sustentado en la conmoción ciudadana y el dictado sobre tablas, en tiempo record, de una ley aclaratoria. Highton recayó en su deterioro. Se había comprometido a expedirse en el segundo 2x1 antes de diciembre de 2017, en una causa contra el dictador y represor Reynaldo Bignone. Tenía el fallo redactado modificando el anterior, lo retiró horas antes del Acuerdo sin dar explicaciones admisibles. Al menos dos de sus colegas entendieron que se había verticalizado con Rosenkrantz otra vez.
Procedió de modo extraño cuando la cuestión se zanjó el mes pasado. Cambió de postura, firmó los fundamentos en conjunto a Rosatti. A primera vista sonaría coherente: eran los dos que reformaban su posición. Pero en el primer pronunciamiento Rosatti había fundado la necesidad de que el Parlamento dictara una ley aclaratoria para desfacer el entuerto. Highton optó por otro hilo argumental. Los “considerandos” suscriptos entrambos aluden a la línea originaria de Rosatti, hay algunos párrafos en primera persona. La versión, insistente y verosímil, es que nada se escribió a cuatro manos… Rosatti redactó el voto, Highton solo lo suscribió.
Para colmo de peores, la cortesana queda envuelta en un sainete flamante por haber escrito y tachado un voto para quitarle facultades administrativas, poder y, ejem, manejo a caja al presidente Rosenkrantz. Este (d)esquicio recién despunta, postergamos su análisis para abordajes futuros.
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5-0: Score rotundo para rechazar la inconstitucionalidad del sistema electoral con ley de Lemas en Santa Cruz. Unanimidad forzada para ese ítem de la agenda, chimentan malas lenguas muy calificadas. Si están en lo cierto, Rosenkrantz pensaba hacer lugar a la demanda del senador radical Eduardo Costa pero decidió in extremis ahorrarse otra goleada en contra. Imposible corroborarlo, factible creerlo.
En todo caso, el Tribunal refrescó clásica jurisprudencia que hace la “reverencia federal”. Las cuestiones sobre derecho provincial, con excepciones muy extremas y contadas, terminan en los respectivos tribunales superiores.
La Ley de lemas –que rigió en Uruguay y varias provincias– se aplica cada vez menos. Es sano que así sea. Una interna mezclada con las elecciones generales constituye un galimatías. Sobreabundan “sublemas” (líneas internas) que compiten entre sí sumando para el primus inter pares de cada partido. Enrevesado, causante de mesas superpobladas de boletas hasta nivel de parodia… es cuestionable más no repugnante a la Constitución local o la nacional. Son dimensiones distintas.
La primacía del derecho provincial es una pieza fundante del federalismo consagrado en la Carta Magna, se respetó.
El espíritu de ese fallo –restringir la expansión de la CS– tal vez impregne causas por venir. El Tribunal tiene a estudio un litigio que eriza la piel de los intendentes de cualquier toldería o pelaje. Lo promueve Axion-ESSO, que reclama la inconstitucionalidad de un impuesto vigente en el Municipio de Quilmes. Las instancias provinciales admitieron la facultad municipal, la cuestión llega a la CS.
Los alcaldes de otros parajes consiguieron ser admitidos como Amicus Curiae: alegan que una sentencia adversa desfondaría o haría quebrar a las Municipalidades, las dejaría sin recursos propios justo durante la epidemia de malaria-PRO.
La línea trazada en el caso Santa Cruz-Ley de Lemas podría alentar el optimismo de los mandatarios comunales. Las rencillas y cambios de talante de los cortesanos atenúan la previsibilidad.
El juicio de Farmacity contra Buenos Aires tiene aires de familia con los que venimos repasando. La provincia defiende la prohibición para instalar esas cadenas, lesivas para las pequeñas o medianas farmacias, más cercanas al cliente y dadoras de trabajo. Las instancias provinciales repelieron el planteo de la mega empresa, de la que fue o sigue siendo dueño el ex funcionario Mario Quintana. El lobby es intenso.
Con la composición standard de la Corte, el resultado podría estar asegurado: 3 a 2 como piso a favor del comercio local. Pero Rosenkrantz y Rosatti se excusaron: el primero porque Farmacity es una de las decenas de corporaciones a las que sirvió como abogado. El segundo por una vinculación tenue, que invocó acaso con exceso de purismo o de cuidado. Como sea, se van dos; los suplirán sendos conjueces de una lista preconfeccionada. Sin saber quiénes serán, los presagios lindan con la timba. La costumbre de hacer forum shopping o manipular los sorteos (siempre en favor del Gobierno o sus aliados) obliga a velar por la transparencia de ese sorteo. Los precedentes facultan a una extrema suspicacia. Se juega mucha plata de Quintana, un lilito predilecto de Carrió, un CEO aliado del jefe de Gabinete, Marcos Peña… el fiel de la balanza puede desequilibrarse.
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11.766: Tal la cifra de juicios promovidos por jubilados tramitando en la Corte, idénticos al de Lucio Blanco que obtuvo sentencia favorable en la semana que pasó. Dichos fallos saldrán con celeridad, en igual sentido que “Blanco”.
Existen, se estima a ojímetro o con menos certeza, onda 150.000 que fatigan instancias anteriores en el fuero de Seguridad Social.
Blanco y sus homólogos deberían cobrar dentro de los 120 días, conforme marca la ley y apuntaló el voto mayoritario de Lorenzetti-Maqueda-Rosatti. Las usinas oficiales propagan que el pago se postergará hasta 2020 porque no hay previsiones en el presupuesto 2019. Varios opositores se hicieron eco del argumento que entendemos inexacto. Si la previsión no alcanza y hay mandato judicial Marcos Peña tendría que reasignar partidas, una potestad-deber. Si el macrismo lo rehúsa de prepo es otro cantar: incurriría en una ilegalidad-mancha del tigre.
El circunscripto alcance de la sentencia llevó, opina este cronista, a subestimarla. Se repara, mejor tardísimo que nunca, una injusticia para una cifra nada desdeñable de jubilados. Son decenas de miles, un porcentaje pequeño respecto del total pero digno de ser respetado.
La decisión era, pues, necesaria aunque no recauchuta el desbarajuste de la política previsional de Macri. Más allá de valoraciones, es aconsejable ver los datos duros para que cada quien forme su juicio.
La Reparación Histórica se amañó taimadamente. Es un acuerdo entre partes, una suerte de contrato, que se homologa en Tribunales, lo que la equipara a una sentencia. En principio casi intocable en el futuro.
Declarar la inconstitucionalidad de la Reforma previsional de 2017, exigida en la causa “Fernández Pastor”,sería un tiro para el lado de la justicia que luce inalcanzable con esta Corte, al menos por dos motivos.
- Primero, porque no tiene piné para una decisión tan drástica y confrontativa: es un tribunal de lábil prestigio, muy fragmentado. La Corte en anteriores integraciones también evitó o bicicleteó”choques de planetas” con el Ejecutivo lo que no alcanza como justificativo pero ilustra como antecedente.
- Segundo, porque la dinámica que reseñamos líneas arriba entorpece o hasta impide que se pueda llegar a sentenciar en la causa “Fernández Pastor”. La agenda 2018 se consensuó entre todos los Supremos. Sin esa unanimidad cualquier fallo puede cajonearse con maniobras similares a las de Highton en el 2x1: negarse a fallar. No hay reglas legales que impongan plazos a los cortesanos. Se hace, ay, su suprema voluntad.
Otro pedido interesante es el de liberar jubilaciones o retroactividades del pago de impuesto a las Ganancias. La Sala Segunda de la Cámara de Seguridad Social dispensó de la gabela a jubilados en los expedientes “Calderale, Norberto” y “Calderón, Carlos”. A la Corte le cabrá confirmar o revocar. Gravar con impuestos a los jubilados es un abuso: restarles parte de la compensación cuando vencen en un juicio, suscitado por el incumplimiento estatal. Los desprotegen, deben esperar años y encima se les recorta lo que cobran…too much.
Esta cuestión podría integrar la nueva agenda de fallos pactados para definir en 2019. Si llega a pactarse, lo que merece un párrafo aparte.
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2019 ¿con agenda? La agenda estipulando cronograma de sentencia importantes constituyó un avance, surgido de tratativas entre Sus Señorías. Desde entonces, las relaciones se agriaron a niveles asombrosos. Si no median paños fríos y guantes de seda (hoy priman los de box, en sentido figurado) cuesta creer que haya concordia y perspectivas de acordar. A Lorenzetti-Maqueda-Rosatti le interesa sostener el mecanismo. Asuntos candentes para dirimir sobran, e el de ganancias a los jubilados es uno para la nueva lista.
Otros pueden ser las surtidas disputas entre Nación y provincias por la coparticipación federal. Se cajonean o se zanjan en fila india (de a un asunto por vez) cuando sería deseable una sentencia “paraguas” que valiera como marco de referencia para otros litigios.
La prisión preventiva, que se expende como golosinas en un kiosco, exige que alguien la tome en serio. Limita la libertad individual, se transforma en una condena anticipada, se reparte de modo desigual entre réprobos K y empresarios selectos. Seguir la “doctrina Irurzun”, un engendro concebido por un juez, es poco serio aun para los bajos parámetros de exigencia del Poder Judicial. Los cortesanos de la mayoría provisoria preferirían que el Congreso se pusiera las pilas, aggiornando la legislación, demarcando reglas generales para no tener que pensar soluciones-parche. Nada indica que exista plafón para ese esquema virtuoso de división de poderes, hoy en día.
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5: No rezuma republicanismo un cuerpo colegiado muy gravitante compuesto por solo cinco miembros, con cargos vitalicios, no elegibles ni removibles ni escrutables por el pueblo soberano. Ensombrecen el panorama las reyertas cotidianas, las filtraciones al Ejecutivo de conversaciones reservadas, la guerra de egos.
La nueva Corte propicia añoranzas de la anterior y de cualquiera desde 1983, salvo la menemista. Las sentencias recientes proveyeron una bocanada de aire fresco, grata e insuficiente. Resta mucho por encarar.
Se acerca la feria del más aristocrático poder del Estado, el más formalista, el más pacato. La última Acordada de la Corte quedó para el jueves 27. ¿Seguirán escalando los conflictos o se tenderá un manto de disimulo?
En cualquier alternativa, la historia (¿la lucha?) continuará a partir de febrero.
