Después de la reunión plenaria de ayer, algunos temas empiezan a delinear una agenda posible de la Corte Suprema para el primer trimestre de 2019, aunque todavía la lista de causas no está cerrada. Uno de los grandes asuntos es el análisis de las prisiones preventivas dictadas especialmente contra ex funcionarios en causas de corrupción bajo la llamada “doctrina Irurzun” que habilita detenciones por las sospechas de “vínculos residuales”. El tribunal rastrea algún caso que le resulte conveniente para pronunciarse, y es posible que lo haga porque es eje de preocupaciones. Se avecinan también nuevas decisiones que atañen a los jubilados, expedientes de lesa humanidad, juicio por jurados y facultades de los municipios a cobrar determinados impuestos.

Sobre las prisiones preventivas que atañen a más de una veintena de ex funcionarios del kirchnerismo, por ahora las posiciones se perfilan divididas dentro del tribunal. Pero todo indica que el tema estará incluido en la próxima agenda. Hay varios planteos en el Corte, entre ellos uno del ex ministro de Planificación Julio De Vido, en torno de quien nació la doctrina que da por hecho que quienes ocuparon un lugar de poder siguen teniendo lazos “residuales” que los convierten en potenciales portadores de peligros procesales.

En cuanto a los jubilados, después del fallo “Blanco” que reconoció el índice ISBIC para el cálculo de las jubilaciones en lugar del Ripte, que quería aplicar compulsivamente la Anses a quienes no aceptaron la reparación histórica, la Corte ya puso ayer sobre la mesa dos temas más. Por un lado, la discusión sobre la constitucionalidad de los topes a los haberes jubilatorios . Por otro,  determinar sobre el pago de impuesto a las ganancias para las jubilaciones.

Hay planteos que podrían entrar en agenda sobre la posibilidad de aplicar tasas o tributos de parte de los municipios en diferentes rubros: en una causa, por la instalación de antenas; en otra, a las estaciones de servicio.

En otro terreno, podrían haber en la lista causas sobre la prisión domiciliaria de represores; un expediente sobre la masacre de Trelew, donde se discute si se trató de delitos de lesa humanidad. También entraría un caso sobre juicio por jurados en Chubut, que podría tener efecto amplio. Y otro de impacto político, alude al decreto que habilitó el blanqueo para familiares de altos funcionarios.