La Justicia porteña puso un primer freno al proceso de reorganización de los Institutos de Formación en Tecnicatura Superior (IFTS), decidido unilateralmente por la ministra de Educación, Soledad Acuña, que implica el cierre de escuelas y carreras. Se trata de dos medidas precautelares que suspenden el cierre de carreras y el traslado de los institutos 22 y 9, a partir de los amparos presentados por estudiantes, docentes y directivos con la asesoría del Defensor Oficial porteño. La orden judicial reconoce la falta de información oficial dirigida a los estudiantes y a los docentes que se verán perjudicados por la decisión, y ordena presentar toda la documentación respaldatoria en el plazo de cinco días, ante lo que los demandantes consideraron "una práctica que lesiona gravemente el derecho de acceso a la educación". 

Los amparos subrayaron "la ausencia de una resolución que explique los fundamentos y los alcances de una medida que reduce la oferta educativa de la educación terciaria, que afecta el derecho a la educación de los miembros de la comunidad educativa y  el derecho al trabajo del personal docente y no docente del instituto". En uno de los casos, el titular del Juzgado N° 10 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Aurelio Ammirato, le ordenó a la ministra Acuña suspender el cierre de la Tecnicatura Superior en Protocolo y Ceremonial y el traslado de la sede donde se cursa la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, que se dicta en el IFTS N° 22.

La otra precautelar fue dictada por la jueza Soledad Larrea, del Juzgado N° 12 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, y suspendió el proceso de reorganización del IFTS N° 9 y exhorta a abstenerse de cualquier medida tendiente al cierre o al cese del funcionamiento del establecimiento. En la demanda, los directivos detallaron que, a principios de octubre, los rectores y secretarios de los institutos 4, 9, 16, 22 y 29 fueron convocados por la cartera de Educación para notificarles de manera informal que los institutos serían desactivados a partir del 1 de enero de 2019.

Por eso, la presentación acompañada por el defensor oficial, Ramiro Dos Santos Freire, resalta el derecho del colectivo afectado de recibir una "adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio" y acreditar la oportuna notificación de las decisiones tomadas por el ministerio encabezado por Acuña, que deberá presentar la documentación que respalde la reorganización de los institutos sin previa consulta. Además, Ministerio Público de la Defensa también elevó un pedido de informe al subsecretario de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, Javier Turulla. 

Entre las afectaciones que se desprenden de la decisión unilateral del Ejecutivo porteño, los afectados advierten sobre el personal docente que "perderá horas cátedra, con el agravante de que el personal interino o suplente no tiene posibilidades de ser reasignado", mientras que los estudiantes que "se encuentran cursando el segundo o tercer año de la carrera, deberán continuar sus estudios en otro establecimiento educativo sin tener certeza de contar con una vacante en el nuevo instituto". 

La presentación también sostiene que la reorganización impulsada por Acuña provocará "la desarticulación y el desmembramiento de los IFTS, la reducción de la oferta educativa pública del nivel terciario y la deserción en la matrícula de la comunidad educativa" y destaca que las tecnicaturas están dirigidas a una población de jóvenes recién egresados que "carecen de experiencia laboral" o a "adultos que trabajan durante el día y en el horario nocturno hacen un esfuerzo para estudiar para mejorar su situación laboral".

El cierre de cursos e institutos terciarios recibió el inmediato rechazo por parte de toda la comunidad educativa y los gremios docentes, que ayer cumplieron un paro en repudio a la medida y para respaldar la sesión especial convocada por los bloques opositores en la Legislatura para anular la decisión oficial. Sin embargo, sin el respaldo de los bloques del PRO y la Coalición Cívica, que cuentan con mayoría automática, la iniciativa no pudo ser tratada. Los gremios adelantaron que de cumplirse el cierre de cursos e institutos terciarios, las clases no iniciarán en 2019. 

"Consideramos que se trata de oportunas resoluciones judiciales sobre asuntos de relevancia pública, que se dan dentro de un contexto en el que el Ministerio de Educación avanza con programas de ajuste y restricción, como sucede con el cierre de colegios nocturnos", destacó el defensor oficial Dos Santos Freire.