En agosto de 2011, M. dio su consentimiento informado para que le hicieran un aborto no punible, dado que la continuación del embarazo ponía en riesgo su vida por la patología cardíaca congénita que padecía: lo firmó y anotó en la declaración jurada su DNI. La intervención se acordó para el jueves 11 de agosto a las 7.30, en el Hospital San Martín, de Paraná. También le realizarían una ligadura tubaria. Pero, la intervención fue impedida por “un médico cardiólogo, reconocido militante ‘provida’, que sin tener relación alguna con la paciente, ni personal ni profesional, manifestó que se iba a cometer un crimen y amenazó con denunciar en los medios el asesinato que allí se va a cometer”, según denunció en ese momento el Consorcio Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders) ante la Defensoría del Pueblo de Paraná y de la Nación y a PáginaI12. Nadie intervino para proteger o defender los derechos de M. Finalmente, en el hospital suspendieron el aborto no punible y buscaron otra institución de salud para el seguimiento de su embarazo. M. fue derivada el 14 de agosto de ese año al Posadas, de la localidad bonaerense de El Palomar, a unos 500 kilómetros de su casa. Estuvo internada varios meses, con reposo absoluto, alejada de su hijo adolescente. A fines de noviembre le hicieron una cesárea. A los siete días tuvo un accidente cerebrovascular que le dejó secuelas.