El adelanto del Archivo de Casos 2018 de la Correpi subraya que el promedio de muertes ocurridas por gatillo fácil, en cárceles o protestas sociales, arroja una alarmante cifra de una persona muerta por violencia institucional cada 22 horas. "Veníamos de un cálculo de 23 horas del informe anterior, bajar una hora promedio en un año es una bestialidad. Ya no encontramos adjetivos para describir los niveles de represión", denunció la referente de la Correpi, María del Carmen Verdú.
"Por un lado tenemos una política de saturación y militarización de los barrios, donde vemos en cada esquina la presencia de tres o cuatro fuerzas distintas. Ese incremento de poder de fuego en la calle es lo que incrementa los casos de gatillo fácil. Por otra parte, tenemos una mayor cantidad de detenciones, los casos por 'abuso de autoridad' se han multiplicado, esa mayor circulación de personas en comisarías desbordadas explica el aumento de las muertes", resume Verdú, en diálogo con PáginaI12, acerca de las categorías más significativas del informe, que también registra casos de desaparición forzada y femicidios por parte de uniformados. Según Verdú, el quiebre en el aumento de los casos de gatillo fácil fue el caso Chocobar, "les dieron la orden de disparar".
El adelanto del archivo de casos 2018 precisa que el año pasado fueron denunciados 297 casos de personas asesinadas en manos de fuerzas estatales, que se suman a los 27 registrados en los primeros días de Cambiemos, en diciembre de 2015, y los 441 casos denunciados en 2016 y 2017. "Ya no encontramos adjetivos para la situación inenarrable de represión que estamos enfrentando. Si en 2016 parecía que la represión había pasado de subir en ascensor en lugar de por escalera, ahora va en una nave a la estratosfera", comparó Verdú citando frases del menemismo, de los años 90, durante los cuales se empezó a realizar el informe anual.
Aunque parece existir una reducción en los casos entre 2017 y 2018, se debe a que el archivo continúa incorporando casos que llegan a través de familiares de las víctimas, organizaciones sociales u organismos autárticos estatales, además de los casos publicados en los medios de comunicación. En particular, se destacan los informes de muertes en cárceles elaborados por la Procuración Penitenciaria Nacional y la Comisión Provincial por la Memoria, que se conocerán a mediados de 2019.
"El caso de la comisaría de Transradio es un claro ejemplo de las situaciones de encierro que se viven. Una comisaría cuyas celdas un juez había ordenado clausurar, en la que no podía haber más de 10 detenidos, y en la noche del incendio había 27 personas", ejemplificó Verdú, en referencia a la reciente masacre de la Comisaria 3 de Esteban Echverría, durante la que murieron 10 detenidos, el caso más grave en la historia del país.
Esta será la primera vez, en 27 años, que la Correpi no publica su informe anual en diciembre -"por la enorme cantidad de datos a procesar, y la necesidad de estar presentes en innumerables conflictos cotidianos"- y que lo postergará hasta el 15 de marzo. A pesar del aplazamiento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no respondió al desafío público que la organización antirepresiva la hizo a principios de 2018.
Entonces, Bullrich aseguró que el informe era "absolutamente falso" y que podía refutar "una por una las mentiras del informe". "Eso nunca ocurrió. Desde el primer momento, hicimos pública la lista y le pedimos a la ministra que públicamente nos indicará qué caso era falso. No respondió porque no puede", sentenció Verdú a este diario.
El archivo de casos incorporó durante 2018 un total de 497 nuevos casos, totalizando 5959 desde 1996 (hasta 2017 había registrado 5462). Del total de nuevos casos incorporados al registro general, dos ocurrieron entre 2000 y 2002, 15 durante la gestión de Cristina Kirchner -entre 2003 y 2015 hubo 3175- y otros 184 ocurridos durante la gestión Macri: 1 de 2015 y 183 de 2017.
Respecto de la reciente resolución acerca del uso de armas de fuego por parte de las fuerza federales -que permite disparar por la espalda sin siquiera dar la "voz de alto"-, Verdú indicó que el punto de quiebre que aumentó la cantidad de casos de gatillo fácil ocurrió poco antes, con el caso Chocobar. "La resolución no genera un incremento en los casos de gatillo fácil sino el nivel de conciencia e impunidad de las fuerzas de seguridad. Ya con Chocobar les habían dado la orden de disparar", analizó la referente de Correpi, quien advirtió cómo la promoción del uso de armas de fuero ahora se verá respaldada por el nuevo contexto regional tras la asunción de Jair Bolsonaro en Brasil.
