ESPACIO VERDE
El gobierno porteño aceleró en los últimos tres años la venta de terrenos fiscales para habilitar negocios inmobiliarios de alta gama. La necesidad de hacer caja en medio del endeudamiento anula el debate sobre el déficit de vivienda social y se apuesta al cemento en detrimento de la calidad de vida.
El Tiro Federal, el Autódromo, el Zoológico y el Cenard, entre los terrenos públicos que se vendieron o concesionaron en la ciudad de Buenos Aires.El Tiro Federal, el Autódromo, el Zoológico y el Cenard, entre los terrenos públicos que se vendieron o concesionaron en la ciudad de Buenos Aires.El Tiro Federal, el Autódromo, el Zoológico y el Cenard, entre los terrenos públicos que se vendieron o concesionaron en la ciudad de Buenos Aires.El Tiro Federal, el Autódromo, el Zoológico y el Cenard, entre los terrenos públicos que se vendieron o concesionaron en la ciudad de Buenos Aires.El Tiro Federal, el Autódromo, el Zoológico y el Cenard, entre los terrenos públicos que se vendieron o concesionaron en la ciudad de Buenos Aires.
El Tiro Federal, el Autódromo, el Zoológico y el Cenard, entre los terrenos públicos que se vendieron o concesionaron en la ciudad de Buenos Aires. 
Imagen: Pati-Jorh

La privatización de tierras públicas es moneda corriente en la Ciudad de Buenos Aires. La venta de los predios del Tiro Federal y del Dorrego o la concesión por hasta 20 años de edificios históricos como el ex zoológico de Palermo. Estos son solo algunos de los ejemplos recientes de un fenómeno que avanza a pasos agigantados. Desde 2007 y hasta la actualidad los vecinos porteños perdieron casi 400 hectáreas de tierras públicas.

En carpeta está el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) que dejará de funcionar en su sede histórica del barrio de Núñez y se mudará a la zona de Villa Soldati, donde se encuentra el Parque Olímpico utilizado en los últimos Juegos de la Juventud.

La intención, según los diferentes especialistas consultados, no es solamente desocupar el Tiro Federal sino todo el llamado “corredor de Núñez”, que integran el Cenard, el ISEF Romero Brest, el club Comercio y hasta el Club Atlético River Plate.

En este sentido, el Defensor del Pueblo adjunto, Gabriel Fuks, analizó la situación y explicó que “el Romero Brest, el Tiro Federal y las 11 hectáreas del Cenard son los ejes sobre lo que gira la lógica inmobiliaria del gobierno de la ciudad”.

Fuks en diálogo con Página/12 hizo especial hincapié en la “enorme procupación de la comunidad educativa por el futuro del Instituto Romero Brest”, ya que los rumores indican que estos terrenos también pasarán a manos privadas y que sus instalaciones se trasladarían al Parque Sarmiento.

Se trata de un negocio millonario ya que el metro cuadrado en Nuñez cotiza en 4 mil dólares; y en Villa Soldati, por ejemplo, a donde se traslada el Cenard cuesta 665. El Cenard tiene 11 hectáreas, el Parque Olímpico, 32. Ni multiplicando por 3 el valor del Parque de Soldati se arrima al valor del predio de Núñez.

En el caso del ex zoológico de Palermo, Fuks señaló que también se trata de terrenos en una de las zonas más caras de Buenos Aires y recordó que durante la audiencia pública “saltó la intención de hacer un estacionamiento subterráneo”, tras lo que precisó que “eso sería imposible porque es un espacio considerado como monumento y habría que romper para abajo donde además están enterrados animales desde hace mas de 100 años”.

“No se tocaría en la superficie pero hay una puesta en el mercado de los terrenos, uno de los más caros de la Ciudad de Buenos Aires”, subrayó Fuks. 

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad –una organización formada por estudiantes, profesionales y activistas con carácter interdisciplinario bajo el paradigma del derecho a la Ciudad– aseguraron que hay “un avance de la mercantilización de la Ciudad” y señalaron que esto implica un incremento de la deuda social en materia ambiental y habitacional. 

“Para nosotros es muy alarmante este plan sistemático de venta de tierras públicas porque no se trata de algo aislado. Tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de Horacio Rodríguez Larreta tienen una política sostenida y planificada de deshacerse de las tierras que pertenecen a la Ciudad y de descapitalizar su banco de inmuebles”, sostuvo Jonatan Baldiviezo, abogado y fundador de dicho organización social en diálogo con PáginaI12. 

Además, señaló que este proceso se aceleró desde 2015. “Hoy hay un agravante y es que como el mismo partido político gobierna tanto Nación como Ciudad, este remate de tierras se ha acelerado porque hay una sintonía en la política de ambos Estados que facilita que muchas tierras que son de Nación se puedan vender en la Ciudad a través de acuerdos o convenios entre ambos Estados”, agregó.

En los ocho años de gestión de Macri en la Ciudad se privatizaron 170 hectáreas de tierras públicas mientras que su heredero, Horacio Rodríguez Larreta, hizo lo mismo en solo tres.

Por su parte, el legislador porteño por el Bloque Peronista, Santiago Roberto, denunció que “hay un proceso de transferencia de tierras del sector público al privado que se inicia con Macri y se acelera con la actual gestión”. 

“Esto tiene que ver con dos factores. Por un lado, con la recaudación de caja para afrontar un endeudamiento que la ciudad incrementa mes a mes desde el mismo día que asumió Mauricio Macri y por el otro, tiene que ver con el modelo de ciudad que propone Cambiemos: una ciudad para ricos y llena de cemento”, agregó Roberto. 

El legislador señaló además el impacto que tiene este tipo de política en materia de derechos humanos ya que “al volcar tal cantidad de tierras públicas hacia el desarrollo privado en bienes raíces de alta gama se provoca un encarecimiento del mercado inmobiliario en la ciudad que tiende, por un lado, a acentuar el perfil de los inmuebles como reserva de valor – lo que hace que una gran cantidad de inmuebles que están en el mercado para ser alquilados se destinen a la especulación– y, por otro lado, genera el desplazamiento de inquilinos que ya no encuentran una oferta para su necesidad”.

En esa misma línea, Baldiviezo aseguró que “la Ciudad viene arrastrando una grave crisis habitacional” y detalló que “1 de cada 6 porteños tiene problemas habitacionales y casi el 40% alquila, es decir, no tiene una vivienda propia”. A esto se suma una profunda crisis ambiental: la Ciudad de Buenos Aires tiene 0,6 metros cuadrados de espacio verde por habitante https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27349, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante. “Para resolver esos dos problemas, obviamente hace falta suelo. Es por esto que para nosotros el banco de inmuebles de la ciudad debería incrementarse en metros cuadrados y utilizarse para solucionar estos dos problemas. Pero el gobierno decidió empezar a rematar estos terrenos con el argumento de que faltan recursos para obras. El tema es que los problemas habitacionales y de espacios verdes no se solucionan si no se toca el mercado inmobiliario y si la ciudad no adquiere suelo. Esta política va a contramano de lo que necesitan los porteños”, manifestó.

Además, señaló que el gobierno podría vender tierras públicas para incorporar otras. “En una forma absolutamente pragmática,  se podría vender suelo caro para comprar otros ubicados en zonas más baratas de la ciudad. Pero eso no sucede aquí. Se rematan tierras y no se compra casi nada de suelo en la ciudad. Entre diciembre de 2007 e inicios de 2019 se han privatizado aproximadamente 400 hectáreas de tierras públicas de la Ciudad de Buenos Aires, casi tres veces Puerto Madero”, denunció. 

Además, subrayó que “el  nivel de privatización es muchisimo mas grande que en los 90 pero pasa inadvertido por la enorme proteccion mediática que tiene el gobierno de Rodríguez Larreta”.

Balvidiezo también alarmó sobre el impacto de esta política de privatización en materia de derechos humanos e hizo especial hincapié en lo que ocurre en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde la crisis habitacional es más aguda, donde más aumentó la desocupación y donde el acceso a servicios públicos –desde los servicios domésticos a las vacantes escolares– es cada vez más deficitario. 

“Esto tiene que ver con cómo esta gestión entiende el desarrollo urbano. Ellos pasan un diagnóstico cierto que es que la zona sur estaba rezagada y por lo tanto tiene que desarrollarse. El problema es que toda intervención urbana genera ganadores y perdedores si el Estado no interviene o, incluso, si tenemos un Estado que profundiza las desigualdades tal como está haciendo el gobierno actual. En el caso del desarrollo en la zona sur – por ejemplo, el caso de la Villa Olímpica– lo que se vive es un aumento del costo de vida. Es decir, aumentan los alquileres, el valor de las viviendas y se va modificando la estructura productiva. Si el Estado no interviene para que ese desarrollo beneficie a las familias originarias de esos barrios, lo que termina haciendo es expulsarlas. 

“Concretamente, en la Villa Olímpica ellos hablan de generar una mayor integración y equilibrio entre el norte y sur de la Ciudad y la necesidad de impulsar la mixtura social. Pero lo que están haciendo es llevar a la clase media al sur, donde históricamente vivieron los sectores populares. Eso no es integración. La integración no es que la clase media y media alta que tiene acceso a comprar tierras vaya hacia el sur. Integración es que la diversidad de la población no sea definida por el mercado sino por la planificación estatal”, manifestó el especialista.

“Entonces, por el tipo de desarrollo urbano que ellos plantean y la falta de protección estatal a las familias de sectores más vulnerables, lo que está ocurriendo es un desplazamiento de aquellos que tienen menos recursos ya sea hacia las villas de la Ciudad, donde viven en menos metros cuadrados y en condiciones más precarias, o hacia la periferia en el Conurbano bonaerense”, agregó.

“Toda la problemática que estamos escuchando en los últimos meses desde el Complejo Hospitalario Sur –que es la unificación de cinco hospitales en uno–, el traslado del Cenard y hasta la creación de la UniCABA –con el consecuente cierre de los profesorados– tienen como trasfondo un enorme negocio inmobiliario que implica reducir los espacios que ocupa el Estado, desocupar esos edificios y liberar más suelos para venderlos. Y ahí es importante recordar que hay un gran sector del gobierno que pertenece al sector inmobiliario o tiene vínculos con él”, denunció.

“Saben perfectamente que el negocio con la tierra pública es uno de los más rentables si se lo maneja bien y con el Estado por detrás a tu favor. Un simple cambio normativo de la capacidad constructiva de un terreno te puede hacer ganar miles de millones de pesos”, aseguró el abogado.

Un claro ejemplo de esto fue la reciente subasta de terrenos del ex Tiro Federal. El lote de dos manzanas ubicado en las avenidas Del Libertador y Udaondo, en el barrio porteño de Nuñez, fue subastado en noviembre por el gobierno de la Ciudad en 5.600 millones de pesos. Se trata de uno de los terrenos mejor cotizados en el mapa porteño y su subasta se convirtió en la compra de tierras públicas más costosa en la historia de la Ciudad de Buenos Aires. El ganador de la subasta fue el fideicomiso financiero privado Buenos Aires Landmark, de la familia Werthein, a la que pertenece el presidente del Comité Olímpico Argentino y del Comité Organizador de los recientes Juegos Olímpicos de la Juventud, así como también presidente del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), Gerardo Werthein. El pliego de venta precisa que son dos manzanas edificables una de 100.000 metros cuadrados y la otra de 50.000. El 65 por ciento de la superficie total se deberá destinar a uso público, con espacios verdes y calles que se abrirán a partir de la adjudicación a los ganadores de las subastas. 

A través de un comunicado oficial, el gobierno porteño celebró la venta e informó que con el dinero recaudado se financiará la construcción del Parque de la Innovación y se realizarán obras de urbanización en las villas 31 y 31 bis, y otras tareas de infraestructura.

Baldiviezo aseguró que este tipo de ventas de tierras “responden a una decisión del mercado inmobiliario que este gobierno apoya e impulsa y que es la apropiación de los entornos ribereños por parte de un sector privilegiado a través del desarrollo de inmuebles y edificios suntuosos”.

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