La Cámara de los Comunes votó en contra el acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Este acuerdo, alcanzado el 25 de noviembre luego de casi dos años de negociaciones, es una suerte de divorcio luego de más de cuatro décadas de matrimonio británico-europeo.  

El acuerdo establece un período de transición a partir de la fecha de salida - el 29 de marzo - que se extenderá en principio hasta diciembre de 2020, aunque podría ampliarse hasta 2022. En este período, mientras las partes negocian el futuro de la relación entre el Reino Unido y la UE, los británicos seguirán formando parte de la Unión Aduanera y el Mercado Unico, las dos columnas económico-sociales de la UE, aunque no serán miembros del bloque. Esto significa que habrá libre circulación de personas (inmigración), bienes, capitales y servicios entre ambos. El tema inmigratorio fue uno de los grandes catalizadores del Brexit.

El punto más álgido del acuerdo es el de la frontera entre Irlanda del Norte (parte del Reino Unido) y la República de Irlanda (parte de la UE). Para evitar que se vuelva a los controles fronterizos para el paso de mercancías y personas (algo que podría reiniciar el conflicto en Irlanda del Norte), el acuerdo propone que, si no se alcanzó un tratado de libre comercio una vez terminado el período de transición, se active una suerte de póliza de seguro llamada “Backstop”: hasta que se alcance una solución al problema fronterizo, el Reino Unido permanecerá en la Unión Aduanera e Irlanda del Norte seguirá las reglas del mercado único europeo. Según los críticos, esto eternizaría la permanencia del Reino Unido en la EU y constituiría una grave amenaza a la Unidad del Reino ya que Irlanda del Norte estaría económicamente mucho más cerca de la UE que de Gran Bretaña. 

Como todo divorcio, la separación contiene un acuerdo financiero. El Reino Unido deberá pagar unas 39 mil millones de libras a la EU por todos los compromisos realizados cuando era miembro del bloque y por los que restan hasta que finalice el período de transición. Otro tema espinoso es el del derecho de los británicos que viven en la UE (un millón y medio de personas) y los europeos en el Reino Unido (unos tres millones). Ambas partes respetarán el derecho a residencia y trabajo de los ciudadanos de la EU y el Reino Unido que lleguen antes de que finalice el período de transición.

El acuerdo incluye una Declaración Política sobre la negociación  para determinar qué tipo de relación futura tendrán a largo plazo. El objetivo es un tratado de libre comercio que, en el caso de la UE, suele requerir un mínimo de siete años de negociación. Dadas las pasiones que Europa parece encender en los normalmente impasibles británicos, las distintas variantes de Tratado que se negociarán, prometen un horizonte tan tormentoso como el que suele cubrir el cielo británico todos los inviernos.