En julio pasado, en un hecho inédito, los entonces ministros Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud), Sergio Bergman (Ambiente) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) presentaron los “lineamientos para aplicación de fitosanitarios en base a las BPA”, antesala de la resolución 246 del gobierno de María Eugenia Vidal. Cumplieron con todos los pedidos de las empresas: no fijaron distancias mínimas para proteger a la población, no tuvieron en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordaron el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos. La Asociación de Medicina General de Buenos Aires (Amgba) es una organización académica y científica que nuclea a médicos especialistas y equipos de salud. Ante la resolución interminsterial del gobierno nacional emitieron un duro comunicado: “Han antepuesto los intereses del sector productivo por encima de la salud de las comunidades, el ambiente y todas las formas de vida. Como sociedad científica nos preocupa que se omita la amplia información científica válida que demuestra los efectos negativos para la salud de la exposición a agroquímicos”.