El previsible fallecimiento de la beba prematura nacida el viernes pasado en el parto por cesárea de la niña jujeña de 12 años, reavivó la polémica que el caso viene generando en la provincia y en el país. La Asamblea Ampliada de organizaciones e independientes, junto con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Jujuy, saldrán hoy a las calles para juntar firmas con el propósito de pedirle la renuncia al ministro de Salud, Gustavo Bouhid, “por no haber cumplido en tiempo y forma con el pedido de ILE (Interrupción Legal del Embarazo) de la niña y su familia”. En el pedido de renuncia se señaló como agravante el hecho de “haber arriesgado la salud de la niña al someterla a un parto forzado”. De esta forma, la Asamblea Ampliada acompaña un pedido de renuncia del ministro planteado por la familia de la niña de 12 años (ver nota aparte). 

Por otro lado, en un gesto inexplicable desde lo humano y lo jurídico, porque pretenden ponerse por encima del derecho que sólo tiene la familia biológica, los grupos “provida” le solicitaron a las autoridades del Hospital Materno Infantil de la provincia que les entreguen el cuerpo de la beba “para darle cristiana sepultura”. Con ese propósito, militantes de esos grupos realizaron ayer una concentración frente al centro asistencial y una marcha de antorchas.

Por su parte, el director del Registro Civil de Jujuy, Julio Ferreya, hizo saber que recién ayer –horas después del fallecimiento ocurrido en la noche del martes–, había sido inscripta la pequeña que pesó 700 gramos al nacer. Según Ferreyra, el trámite no se había cumplido antes porque “la madre y sus familiares” habían rechazado la inscripción. El funcionario agregó luego un dato más sobre la injerencia, en este caso del Estado, en un caso doloroso: la inscribieron con el nombre “Esperanza”, porque según Ferreyra “es el nombre que le dio la gente”, dándole un consenso que no existió, porque esa fue la propuesta de los grupos antiderechos.

Ferreyra dijo que la niña de 12 años “no estaba en situación de poder resolver el tema y la familia había rechazado al principio la posibilidad de anotar a la recién nacida, de manera que recién ahora se pudo hacer el trámite porque el tema estaba judicializado y la madre se negaba a realizar la inscripción”. Aclaró que por esa razón “la niña tuvo que ser representada por la “Defensoría del Menor”.  

Mientras tanto, la Asamblea Ampliada que pide la renuncia del ministro Gustavo Bouhid, anunció para el lunes una conferencia de prensa para dar a conocer una serie de actividades, entre ellas una campaña para fundamentar la importancia de la ILE y la que tiene como formación la Educación Sexual Integral (ESI). En medio de una situación tensa, que seguramente seguirá en las próximas semanas, sólo se pudo saber que la pequeña que tuvo que ser madre en contra de su voluntad, se encuentra “bien de salud” y en su casa.  

El Hospital Materno Infantil Héctor Quitana informó que la beba falleció a las 20.30 del martes. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se expresó el “enérgico repudio ante el sufrimiento vivido por la niña y la recién nacida fallecida. Capricho de sectores conservadores que jamás acompañaron a la familia”.

Luego de lo sucedido, será necesario que la familia y sus asesoras letradas analicen punto por punto cada una de las situaciones planteadas a lo largo del proceso. Uno de los aspectos importantes será analizar qué es lo que pasó, respecto de lo que dijo el ministro de Salud, al reconocer que  la niña de 12 años y su familia habían concurrido a un centro primario de salud, tres meses antes, cuando estaba en las 12 semanas de gestación y era posible realizarle la ILE. Sin embargo, los médicos que la atendieron sólo le habrían recetado alguna medicina para el “dolor de estómago” que la niña decía sentir. 

Tras el fallecimiento de la beba, otro aspecto polémico es el pedido de los grupos “provida” para que le entreguen el cuerpo. Especialistas en el tema confirmaron a este diario lo que es obvio, que la única con derecho a retirar el cuerpo es la familia biológica, siempre y cuando tengan la intención de hacerlo. Lo que se sabe, por el momento, es que la familia, tanto como la niña de 12 años, están en una situación en la cual tratan de recuperarse psicológica y físicamente de lo sucedido. Esto significa que, al menos por ahora, no han analizado la posibilidad del pedido. Aun en el caso de que la familia mantuviera su postura, los grupos antiderechos no puede hacer semejante demanda. 

El tema pasa a ser responsabilidad del institucional del Estado (en este caso del Hospital Materno Infantil) de expedir el certificado de defunción y entregar a quien corresponda institucionalmente el cuerpo para que sea sepultado o se el destino que decida la familia. Las autoridades, del Hospital o del Gobierno provincial, no pueden de ninguna manera entregar el cuerpo a los grupos “provida”. Claro que esto también queda en el gran interrogante de un gobierno, como el de Jujuy, cuyo titular prácticamente se había puesto por encima de la Ley de Adopción.