Un día después de la publicación en el Boletín Oficial del decreto “para recuperar lo que se robó la corrupción”, tal como definió el ministro Rogelio Frigerio (n) al Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio cuya validez analiza el Congreso, dos diputados del Frente para la Victoria-PJ le pidieron ayer al procurador interino Eduardo Casal que comience a aplicar con Gianfranco Macri la metodología propuesta por su hermano, el presidente Mauricio Macri. La presentación de Rodolfo Tailhade y Martín Doñate apunta a la investigación por el giro de cinco millones de dólares que Gianfranco Macri recibió de Usir Argentina SA, la firma creada por el contador del holding familiar en diciembre de 2015 que con la venta y reventa de parques eólicos ya le generó más de 70 millones de dólares de ganancias, según el cálculo de Tailhade.

“Acompañamos para vuestra mejor comprensión las presentaciones que dieron origen a esa investigación, siguiendo las investigaciones periodísticas de Emilia Delfino en Perfil y Juan Amorín en El Destape, y las ampliaciones sucesivas de las que surge la información”, detallan en su nota los diputados Tailhade y Doñate. Según la denuncia, la empresa Sideco Americana, nave insignia de los Macri, creó junto con un grupo de socios cuatro empresas a nombre del contador de la familia, Mariano Payaslian. Durante el primer año de gobierno de Cambiemos esas firmas le compraron a la española Isolux por 25 millones de dólares los contratos que había ganado por licitación pública para construir y explotar cuatro parques eólicos en Chubut y en Miramar. En mayo de 2017 las revendieron y se quedaron con la diferencia: 48 millones de dólares. En junio último, en tanto, Usir Argentina SA, una de las cuatro firmas del fabuloso negocio presidencial, le giró a Gianfranco Macri cinco millones de dólares.

Tomando en cuenta esos hechos, Tailhade y Doñate le pidieron ayer a Casal que los reciba para entregarle la información que también aportaron a la causa 415/18, en trámite en el juzgado federal 8. “El hermano del presidente de la Nación, Gianfranco Macri, recibió la suma de US$ 5.000.000 de parte de la firma que controla los paquetes accionarios de las sociedades que obtuvieron las concesiones, y que constituye una mínima parte de lo que se estima fue la ganancia de la familia presidencial por esta operación: aproximadamente 70 millones de dólares”, advirtieron. Se trata de “un hecho de corrupción que involucra al presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, y su familia, en tanto desde el gobierno nacional se facilito de manera ilegal la cesión de concesiones públicas de parques eólicos a sociedades que la familia presidencial había constituido pocos días antes con ese único propósito”, destacaron.

Mientras el Congreso analiza la validez de la decisión unilateral de Macri, que especialistas y organizaciones de la sociedad civil consideran inconstitucional, los diputados apelaron a Casal en base a un artículo del decreto que habilita al Ministerio Público Fiscal a desarrollar “programas de colaboración” con quienes aporten información relevante para las investigaciones de la “Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional” que ordena crear. Ante la eventual “compensación” de hasta el 10 por ciento de “los bienes cuyo dominio se declare extinguido” que reciban por la información aportada, tal como sugiere el decreto, adelantaron que lo donarán “a entidades de bien público”. “Se impone la apertura del procedimiento que establece el anexo I del DNU 62/19, en tanto se trata de una suma de dinero obtenida a partir de hechos que configuran claros delitos contra la administración pública”, destacaron.