Emergencia alimentaria
El silencio de Stanley
Imagen: DyN

La movilización para mostrar la magnitud de las consecuencias de la crisis económica social, no es la única herramienta utilizada por los movimientos sociales para sostener a los sectores más desprotegidos en los barrios populares. También han promovido una serie de proyectos, cuyo cumplimiento le reclaman al Gobierno que los ha congelado en el Congreso.

El más acuciante es el que promueve la declaración de la Emergencia Alimentaria Nacional, con la creación de un Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como instrumento para garantizar la comida a los niños de hasta 16 años. Un proyecto que surgió tras un relevamiento que el año pasado realizó Barrios de Pie, donde el 42 por ciento de los chicos que asisten a comedores en el Conurbano bonaerense padecen alguna variante de malnutrición, como obesidad o sobrepeso. Un análisis que incluyó casi 30.000 casos en más de 560 comedores. Proponía aumentar en diez mil millones las partidas destinadas a comedores populares y merenderos. El proyecto que tenía media sanción del Senado, fue paralizado en Diputados en medio de la discusión del Presupuesto de este año. 

Otro reclamo es la actualización del Salario Social Complementario previsto en la ley de Emergencia Social aprobado en 2016. El salario que ya no es complementario ante la falta de trabajo y que es el único ingreso para muchas familias, se fijó a fines del año pasado en 6000 pesos, sin contemplar la inflación anual que llegó al 47,6 por ciento. Los mismo sucedió con la Asignación Universal por Hijo (AUH) que perdió poder adquisitivo frente a la inflación. De la batería de proyectos que presentaron los movimientos sociales, solo se aprobó el que se acordó con la ministra Carolina Stanley para la urbanización de los barrios populares relevados en todo el país, que debería otorgar un certificado de titularidad a los propietarios de las casas allí levantadas. Sin embargo, su falta de implementación tiene en vilo a miles de familias frente a los desalojos, como sucede en la provincia de Corrientes. La ministra también tiene congelado el 25 por ciento de la obra pública que se realicen en esos barrios y que estaban destinadas a las cooperativas formadas por los mismos pobladores. En tanto, quedaron paralizadas en el Congreso, la Emergencia en Adicciones, promovida junto a los “curas villeros”, para centros de atención y de acompañamiento comunitario que funcionan en los barrios populares. Lo mismo ocurre con la Emergencia en la Agricultura Familiar de la que dependen también miles de familias. La degradación del Ministerio a Secretaría contribuyó a destruir la poca ayuda económica y técnica que recibían del Estado.

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