El Indice de Precios al Consumidor (IPC) trepó un 2,9 por ciento en enero; las proyecciones para el trimestre (anche las oficiales) producen pavor. “Más de lo esperado” titula La Nación cuando sería más acertado escribir “chocolate por la noticia”. Tarifazos, aumentos en alimentos y otros consumos populares básicos… lo peor está por venir. Con aumentos de gas y energía eléctrica prefijados, las previsiones de los consultores económicos VIP quedan desnudas. 

La quita de subsidios a provincias para aliviar el costo del transporte urbano de pasajeros seguirá sableando el bolsillo de la gente común. Se trata de transferencias de ingresos nítidas, hasta burdas: de las clases medias y bajas hacia los concesionarios de servicios públicos. De la industria productiva a la Banca.

En ese contexto, comenzó la Paritaria Docente Bonaerense (PDB) en condiciones muy diferentes a las de 2018. Hasta la gobernadora María Eugenia Vidal parece percatarse: arranca con una oferta salarial muy distinta a la del año pasado. Un reconocimiento tácito, tardío e insuficiente sobre su comportamiento cuando la vida le ofrendaba una sonrisa tan meliflua como la suya.

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Gatillo difícil: En el verano anterior, los oficialismos nacional y bonaerense paladeaban las mieles de la victoria electoral durante 2017. La gobernadora imaginaba tener comprada la reelección. Esperaba transferencias faraónicas del Fisco nacional para compensar las quitas pasadas al Fondo del Conurbano Bonaerense. 

Se plantó frente a los gremialistas, les formuló una oferta que estos no podían aceptar: 15 por ciento para todo el año. Las previsiones macristas habían escalado del 10 por ciento “más menos 2” al 15 por ciento. Un bolazo hasta en aquel momento.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) todavía no cogobernaba la Argentina. El dólar  seguía bajo control. La propaganda oficial contraponía a Vidal versus Roberto Baradel. Personalizaba al extremo, negaba la representatividad del sindicalista y hasta las necesidades de los maestros.

Demonizados, los docentes dieron batalla. Las confiscatorias cifras de arranque se acomodaron algo arrojando para fin de año una pérdida de valor adquisitivo de los salarios superior al 15 por ciento. Da pavura imaginar cuál hubiera sido el saldo sin la conciencia y combatividad de los trabajadores. 

Vidal, doblaba la apuesta: entendía estar exenta de costo político. La protesta ciudadana debió alertarla más aún que los paros durante el ciclo lectivo. Las movilizaciones congregaban muchedumbres; Baradel y sus compañeros jamás marcharon en soledad.

La Marcha universitaria nacional con asistencia sin precedentes dio cuenta del malestar expandido. Alumnos, docentes, personal no docente, profesores y autoridades pusieron el cuerpo. Con la fervorosa excepción de las universidades privadas el macrismo empujó a la comunidad educativa a la vereda de enfrente. El Gobierno reduce el presupuesto universitario, lo subejecuta, remesa tardíamente las partidas. Bingo.

En el primer encuentro de la PDB el ministro de economía provincial, Hernán Lacunza, arrancó proponiendo un mecanismo de actualización automática de los sueldos considerando la inflación corrida (“cláusula gatillo”). 

El reajuste formaba parte de las contraofertas recurrentes de los gremios, es imprescindible con alzas de precios cotidianas. “La provincia” la resistió, ahora comienza a ceder. Comienza porque el regateo arranca de un salario devaluado que debería elevarse para rasguñar “la equidad” que, cuentan, preocupa a Vidal. Otro aspecto a precisar si se llega a la “letra chica” es que los reajustes deben ser acumulativos para acompasarse con la inflación.

De cualquier modo, hay un avance que seguirá pulseándose cuando termine el cuarto intermedio dispuesto por el gobierno provincial que también refrenó su lengua de manera inusual.

Es tópico señalar que las negociaciones colectivas no deben circunscribirse al salario, sobre todo cuando se refieren a servicios públicos. Los docentes honran el principio: la infraestructura, los comedores, el valor de la canasta escolar nutren la mesa de discusión.

Ya antes del déficit cero y de la consunción de los ministerios el macrismo desamparaba muchos rubros del “gasto social”. Las promesas de construcción de nuevos jardines quedaron como recuerdo. Las denuncias de los maestros caían en saco roto hasta la trágica muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, dos laburantes vocacionales del Estado. Un escape de gas, consecuencia directa de la mala praxis oficial, arrasó con sus vidas mientras se dedicaban, fuera de horario, a preparar desayuno para los pibes. 

Auditorías culposas, reclamadas por “la gente”, comprobaron que las fallas de estructura constituían regla y no excepción. Cerraron sus puertas establecimientos, bombas de tiempo que podían detonar en cualquier momento.

Los sindicalistas le recordaron a los funcionarios otros siniestros, menos atroces pero igualmente preocupantes, que degradan la cotidianeidad de millones de chicas y chicos. Se derrumbaron cielos rasos, cayeron ventiladores sobre la cabeza de algunas criaturas. Las descargas eléctricas generan riesgos graves.

La canasta escolar propiciará otro respingo de la inflación. Los docentes incluyen peticiones al respecto. Demandas mínimas, umbral de la dignidad y supervivencia de los argentinos. El “kit escolar” fue, asimismo, uno de los reclamos de la contundente movilización de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el miércoles pasado.

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El supuesto derecho a comer: Los comedores escolares saben ser barómetros de las crisis y las malarias. La cantidad de pibes declinó durante la etapa kirchnerista, en particular después de la implantación de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con unos pesos más en el patrimonio hogareño, preferían la comida casera a las viandas escolares. Javier González Fraga dictaminaría que se creían con derecho a clavarse una milanesa de vez en cuando. Macri, que vivían por encima de lo que podían.

La fiesta populista se acabó, entramos al mundo: los comedores no dan abasto porque el número de comensales crece. Se refresca un cuadro olvidado desde la crisis de 2001; hay alumnos que guardan parte de la vianda para llevar algo a la escuálida cena en casa. Una vía de doble entrada a la carencia y la mala alimentación: las raciones son escasas, los destinatarios ni siquiera las consumen enteras.

De vuelta: un año atrás Vidal jugaba a oponer a los docentes versus “las familias”. Apostaba a la insolidaridad y el individualismo propios de la coyuntura hipotéticamente corroborados en el cuarto oscuro. 

Este escriba infiere que mutó el cuadro de situación. Sería temerario estimar en qué proporción y si el cambio perdurará. Es un hecho que las jefas y jefes de hogar padecen necesidades acuciantes de las que no pueden culpar al cuerpo docente. Las carencias en los edificios y el menú de los comedores damnifican a sus seres más queridos. Las familias se empecinan en mandar a los críos al colegio y esperar que se les dé un trato digno. 

La empatía con el Gobierno se retrae: las sinuosas movidas de Vidal amenazando desdoblar elecciones respondieron a ese estímulo. Hoy en día, la  gobernadora da la impresión de calibrar que un año con conflictos, privaciones y problemas de mantenimiento en las escuelas impactará en su intención de voto. Que no podrá desligarse de las consecuencias de su política solo mostrando una y otra vez la foto de Baradel.

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El incentivo agonizante: El presidente Mauricio Macri discontinuó de modo ilegal la Paritaria Nacional Docente (PND). Hombre coherente, rebaja el valor de las mensualidades del PROGRESAR, plan de ingresos estímulo para jóvenes que estudian después de los 18 años. 

El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) –que añadía aporte del Estado argentino para los salarios que cargan sobre los presupuestos provinciales-está congelado desde hace tres años. En números gruesos, la inflación corrida rondó el 100 por ciento. 

El Gobierno nacional convocó para mañana a la “Mesa de convenio marco”, simulacro que suple a la PND. Asistirán las confederaciones docentes nacionales. La agenda macrista excluye la discusión salarial.

Con CTERA a la cabeza, los contertulios cantarán retruco. Debatirán internamente y, todo lo indica, bregarán para ampliar el temario.  Entre los reclamos posibles se destacan: que se reponga la PND, que se actualice el FONID y se resucite el fondo compensatorio con el que la Nación ayudaba a costear salarios a las provincias más rezagadas.

Mencionamos instituciones democráticas que imperaban en años recientes. No en Venezuela ni en Suecia: en la Argentina. El arrasamiento de las políticas sociales es una viga de estructura del modelo M. Una concausa del aumento de la pobreza, vaticinado por la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley; más aguda que el presidente que anunció merma de la inflación horas antes del anuncio del IPC.

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Un sistema en juego: Una larga trayectoria democrática legitima al sindicalismo docente en defensa de la educación pública.

 Alrededor de 300.000 trabajadores forman el personal docente provincial, cerca de 250.000 tienen alumnos a cargo según el último censo  educativo de 2014.  Según datos oficiales de la provincia asisten a la primaria (educación común, especial y primaria de adultos) algo más de 1.843.000 alumnos.  En las escuelas públicas se forman 1.204.000 y el resto en las privadas.

 Se designa “secundaria” al conjunto de la educación común, la técnica, la artística y la secundaria de adultos. El total de alumnos es 1.694. 309, de los que 1.155.000 corresponden a la pública.

 Un gigantesco sistema educativo, capital cultural y humano de la Argentina. El neoconservadorismo lo socavó en los 90, reincide hoy en día.

 La educación atraviesa dificultades que son comunes en la aldea global y otras específicas. Por cerrazón ideológica, alineamiento con el Gobierno y simplismo extremo se atribuyen todas sus fallas a la negociación colectiva. Las huelgas en sector público motivan controversias, potenciales conflictos con la sociedad civil. Vale... pero eso no descalifica en términos absolutos la labor docente, ni borra todos sus notables aportes a la comunidad. Ni condena a los maestros a cobrar sueldos de hambre.

 No arriesgamos pálpitos sobre cómo fluirán las tratativas. Si se encrespan, Vidal y el oficialismo mediático  echarán mano de la injuria a los sindicalistas. Estos han soportado eso, amenazas personales, ataques a sus familias. Un proyecto autoritario no se priva de nada aunque esconde la mano cuando arroja ciertas piedras. 

 El macrismo, hasta acá, consiguió licuar el sueldo de los docentes, empujar a muchos  por debajo de la línea de pobreza. Una situación similar a tantos integrantes de la clase trabajadora. 

 Las conquistas laborales y los logros del Estado benefactor están en juego durante las pulseadas. Una sociedad inclusiva versus un proyecto de país al que sobra la mitad de la población, pongalé. 

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