La pelea para evitar la apertura de los celulares de Marcelo D’Alessio –cuyo contenido inquieta a actores de la política, la justicia y hasta el periodismo– estalló en medio del peritaje de los aparatos y derivó en un escena de escándalo. Ante la imposibilidad de acceder al contenido de los teléfonos que le mostraban los peritos, el juez Alejo Ramos Padilla hizo llevar al falso abogado imputado desde el penal de Ezeiza al Edificio Guardacosta de la Prefectura Naval para poder abrirlos en forma “voluntaria o compulsiva”, según dispuso en una resolución. Así fue, llevaron a D’Alessio, le tomaron la imagen de su rostro (que el teléfono reconoce) y le pidieron las claves necesarias. Su perito de parte, sin embargo, montó en cólera, y se retiró diciendo que era todo ilegal porque no estaba presente el abogado defensor. Al final del día, el abogado Claudio Fogar presentó un habeas corpus en el que pedía que urgente se frenara el estudio en marcha, que es clave para la investigación, ya que permitiría determinar la responsabilidad, entre otros, del fiscal Carlos Stornelli, en la presunta extorsión denunciada por el empresario ruralista Pedro Etchebest. Pero, además, podría dar una noción del alcance de los negocios y manejos extorsivos que siempre fueron vox populi en tribunales pero nadie prueba. A última hora, según pudo reconstruir PáginaI12 por allegados a la causa, ya se había rescatado parte de la información almacenada y el juzgado ordenaba medidas de prueba.
Los celulares de D’Alessio se convirtieron en la pesadilla de muchos desde que se conoció la denuncia de Etchebest, quien contó que D’Alessio le pedía dinero bajo coacción en nombre de Stornelli para no quedar implicado en la causa de los cuadernos. Los primeros intentos por evitar la apertura se produjeron a través de otro tipo de estrategias como las maniobras para quitarle la causa a Ramos Padilla con pedidos de inhibición, planteados por el propio D’Alessio y por el fiscal Stornelli en el contexto de la denuncia que hizo –tardíamente– éste último. Como la pelea por la competencia demora un tiempo, hasta que todas las partes opinan y luego resuelve un tribunal superior, el paso clave era la pericia de los celulares.
En la mesa de la sala de Prefectura había tres aparatos que usaba D’Alessio. Los más importantes eran dos: un Iphone 8 y un Iphone 10. Se pueden abrir por reconocimiento de rostro, huella digital o clave secreta, pero además tienen la capacidad de destruir la información que contienen. Si no, hay que hacer un pedido a la casa matriz en Estados Unidos, algo costosísimo además de una misión casi imposible. Más de una decena de peritos estaban reunidos por la mañana y varios de ellos le señalaron a Ramos Padilla que iba a ser imposible abrirlos. Había peritos de la Procuración, de la fiscalía, de la Corte Suprema, peritos de las parte y de la Prefectura.
El juez decidió redactar una resolución y notificarle a D’Alessio que lo llevarían tomar “voluntaria o compulsivamente” una imagen del rostro o que pusiera la huella digital o brindara las claves. La disposición decía que era una prueba no invasiva y que estaba dentro de la legalidad. Una vez que el hombre que también se decía agente de la DEA estuvo delante de los peritos, el juez le preguntó: “¿Va a colaborar o lo hacemos por la fuerza?” El perito de parte, de la defensa, Rubén Martín, empezó a discutir con Ramos Padilla. Le decía que no se podía hacer nada si no estaba el abogado defensor, que se estaban violando principios básicos del derecho de defensa. El juez replicaba que el abogado había sido notificado como todos de la pericia y que sin embargo no había asistido. Martín se retiró del lugar intempestivamente. D’Alessio quedó allí y según describieron testigos del momento, “no hubo que utilizar la fuerza”.
El juez, todo indica, recuperó información que empezó a analizar de inmediato y ordenó, en función de algunos hallazgos que no trascendieron, nuevas medidas de prueba. Por eso el abogado Fogar fue por la tarde a presentar un habeas corpus con la esperanza de que el juez Mariano Iturralde mande a frenar todo. Planteó que llevaron al imputado para ser objeto de una pericia sin haberlo notificado a él, que es su defensor, de esa situación y que esto agrava las condiciones de detención de D’Alessio. A última hora, agentes del juzgado y la fiscalía seguían analizando datos. Se están peritando también computadoras y cotejando si las capturas de pantalla que D’Alessio le mandaba a Etchebest para mostrarle su vínculo con Stornelli son montajes o son reales. Lo cierto es que en Comodoro Py, y más allá, cunde el pánico.
