Un lugar común de varios analistas es que el fin del año 2018 ha sido inusualmente calmo. Ello, a pesar de una considerable reducción del salario real, merced a un nivel de inflación nunca visto desde el 2003, y del incremento del desempleo, como resultado de un ajuste draconiano, que elevó las tasas de interés a niveles también nunca vistos, ni en los tiempos del default. De hecho, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pudo ufanarse ante los “inversores” (ese eufemismo para los actores de la timba financiera) que se había logrado un ajuste que en otras circunstancias había llevado a caídas de gobiernos.

La lógica economicista indicaría que un semejante deterioro económico debería haberse traducido en una masiva protesta. Abona esta lógica la idea de que las mayorías en la Argentina pueden oponerse (y se han opuesto) a planes de estabilización; se recurre a este fin a la idea de “empate” político.

Cobertura

La explicación de esta ausencia de reacción que se suele proponer también es economicista. En primer lugar, al revés de lo ocurrido en los finales de la Convertibilidad, existe una amplia cobertura mediante transferencias gubernamentales, por la universalización del beneficio jubilatorio, la asignación por hijo y los planes sociales. Además, el gobierno ha transferido importantes recursos a los sectores más vulnerables, a través de las redes  de contención existentes. Esto habría aquietado las aguas, desinflando los habituales pedidos de alimentos en supermercados, prólogo en el pasado de saqueos.

Es evidente que esas transferencias universalizadas (y reforzadas en la coyuntura) pueden haber jugado un papel  amortiguador. Se da entonces una paradoja: el Gobierno logra subsistir mediante erogaciones fiscales que supuestamente vino a comprimir, para liberar recursos al sector privado y acabar con la demagogia; y, si se quiere, el justicialismo que impulsó estas medidas redistributivas se encuentra ahora que ellas le quitan espacio de acción.

Puja distributiva

Pero este abordaje es insuficiente. Para empezar, la tesis economicista es rebatida sistemáticamente por la historia. Los ejemplos van desde el lejano Cordobazo, hasta la disputa por la Resolución 125 de 2008. 

El Cordobazo ocurrió en uno de los mejores años de la economía desarrollista en términos de crecimiento y empleo; la cuestión de las retenciones movilizó a amplios sectores de clase media/alta del ámbito urbano (e incluso de la izquierda), en torno a un tópico que no tenía ninguna relevancia económica inmediata. Por otro lado, el régimen de Convertibilidad replanteó en profundidad las relaciones laborales, al producir un extenso desempleo y subempleo; pero esto no fue enfrentado por reacciones populares masivas, y fue ratificado electoralmente.

Es más: la propia teoría del “empate” fue concebida para otra época; ella trata de explicar la considerable inestabilidad política de la Argentina posterior a 1955. Si hubo tal empate o no lo hubo, es una cuestión no exenta de controversia, esencialmente porque los fundamentos del modelo desarrollista imperante hasta 1976 nunca fueron cuestionados en profundidad (e incluso permanecieron en alguna medida en la dictadura militar posterior). 

El eventual “empate” se referiría entonces la puja distributiva por un excedente que creció apreciablemente en el período (el PIB per cápita creció más de 2 por ciento al año entre 1960 y 1975).

La aplicabilidad de la teoría del “empate” a lo ocurrido con posterioridad a 1976 es en cambio muy cuestionable. La dictadura de 1976 no se caracterizó precisamente por encontrarse atrapada en algún tipo de “empate”, más allá de las controversias que existieron en el interior de las instancias gubernamentales. La tesis central aquí expuesta es que los sucesivos planes ortodoxos que se implementaron en Argentina a partir de 1976 no fueron destronados por movilizaciones populares, sino por su inconsistencia. Cuatro fueron los intentos.

Inconsistencia x 4

1. El ensayo militar, dirigido por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, constituyó un rotundo fracaso por donde se la mire. Luego de más de una década de crecimiento razonable e inflación en promedio moderada, la economía se estancó y la tasa de inflación no bajó del 100 por ciento anual. Este “modelo” estalla al compás de la derrota de Malvinas y del endeudamiento externo. Las movilizaciones populares que acompañaron la restauración de la democracia fueron posteriores a la crisis.

2. El siguiente gobierno radical, luego del breve intento liderado por Bernardo Grinspun, intentó vías de ajuste, en medio del gigantesco impedimento que representó la deuda externa. La política económica se orientó a la contención salarial y a la contemporización con los acreedores, a la espera de una solución política al tema de la deuda, que no arribó de la mano del Plan Baker (pero sí lo haría posteriormente el Plan Brady). Existió sí resistencia sindical; pero el quiebre final –la hiperinflación de 1989– es más el resultado de un programa inconsistente, diseñado para arribar “con muletas” a las anticipadas elecciones presidenciales del mes de Mayo.

3. El Plan de Convertibilidad fue con seguridad el intento más sólido de instituir un orden basado en el mercado sin cortapisas, dirigido por un equipo económico con expertise técnica, que además mostró cierta autonomía frente a los poderes fácticos: no hubo en el gabinete económico exponentes ostentosos de intereses sectoriales. Apalancado por la hiperinflación de 1989-1990, el programa económico pudo imponerse a sus anchas, y de hecho las reformas en Argentina tuvieron más alcance que en cualquier otro país de América Latina. Este programa se impuso sin resistencia sindical ostensible; se apoyó en parte de la dirigencia sindical, a través de la concentración de las obras sociales de gestión sindical y su parcial reconversión a organizaciones comerciales, al acercarlas a la medicina prepaga. El sindicalismo ratificó la nueva relación de fuerzas, y con pocas excepciones los convenios fueron a la baja. No hubo oposición relevante en el ámbito de la política.

El derrumbe de la Convertibilidad fue resultado de su diseño, que implicó un creciente déficit externo, por la sobrevaluación cambiaria y la desarticulación industrial. La dilapidación de los recursos hidrocarburíferos no alcanzó, y la combinación de revolución tecnológica y boom de precios agrícolas no llegó a tiempo. Cuando las finanzas internacionales le dijeron “no” a la renovación de la deuda pública, el modelo colapsó.

4. El último ciclo neoliberal se inicia con la gestión de Cambiemos a fines de 2015. Se entregó abiertamente parte del Estado a ciertos intereses sectoriales (Energía, Industria, Agricultura) y se ensayó una política notablemente torpe, muy alejada del espesor técnico del ensayo de la Convertibilidad. Heredero de una situación económica que se puede calificar como estancada –pero no crítica– la gestión macrista, con profusión de improvisaciones y recambios de equipo, desemboca en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en un incremento en el costo del endeudamiento público y en un posible default. Nada de esto es atribuible a la resistencia a su programa, porque no la hubo; aun hoy, sorprende la pasividad de una parte importante de la dirigencia política y sindical, posiblemente atenta a la amenaza judicial.

Sostenibilidad

El “tranquilo” fin del nefasto año 2018 habrá de ser explicado no solo por motivos económicos, sino también de otra índole. La cuestión será una vez si el programa gubernamental logrará superar la prueba de la sostenibilidad.

Si bien se avizoran dificultades importantes para este año –la propia prensa financiera ha publicado conjeturas acerca de un posible default–, el gobierno ha logrado sostener la iniciativa, manteniendo el escenario bajo control. La sostenibilidad de este armado está por verse. Al respecto, no solo es dudosa la consistencia –el actual nivel de tasas de interés no puede sostenerse indefinidamente–, sino también es de preguntarse cuáles son los apoyos con que actualmente cuenta. 

La reinstauración de las retenciones a las exportaciones ha mermado considerablemente el respaldo del sector agropecuario. El sector de la construcción se ha visto golpeado por las denuncias de corrupción, que han llevado a importantes empresarios a la condición de procesados. La industria se ha manifestado con vehemencia a través de diferentes voceros acerca de la contracción de la actividad y el cierre de establecimientos. Hoy, el apoyo a este gobierno proviene del sector financiero, y del gobierno estadounidense, que ha sido una pieza básica para lograr el acuerdo con el FMI, ante la resistencia de otros gobiernos de países centrales.

Si estos apoyos serán suficientes para calmar a los “mercados” y financiar una transición virtuosa, lo dirá el tiempo; pero seguramente las perspectivas para el gobierno no son halagüeñas. Si bien conserva en las encuestas un apoyo relevante (provisto por el componente “irremediablemente gorila” del electorado), no hay certezas de que esto sea suficiente para asegurar la continuidad en estas elecciones. Si esta posibilidad se desvanece, será más esperable un desenlace traumático.

* Universidad de Buenos Aires-FCE-IIE-Cespa.