La Asociación de Abogados Laboralistas denunció un concurso amañado

A los bogas les dio vergüenza ajena

Duro y crítico pedido de la entidad a Lifschitz para impugnar la designación de jueces en la Cámara Laboral de Rosario. Advierte falta de transparencia y un jurado digitado para favorecer a postulantes pro empresa
Boglioli y Elizondo reclamaron a los sindicatos que se involucren en la designación de jueces laboralistas.Boglioli y Elizondo reclamaron a los sindicatos que se involucren en la designación de jueces laboralistas.Boglioli y Elizondo reclamaron a los sindicatos que se involucren en la designación de jueces laboralistas.Boglioli y Elizondo reclamaron a los sindicatos que se involucren en la designación de jueces laboralistas.Boglioli y Elizondo reclamaron a los sindicatos que se involucren en la designación de jueces laboralistas.
Boglioli y Elizondo reclamaron a los sindicatos que se involucren en la designación de jueces laboralistas. 
Imagen: Sebastián Vargas

La Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario le pidió al gobernador Miguel Lifschitz que "se abstenga" de enviar a la Legislatura provincial los pliegos para dos cargos de camarista laboral, ante "irregularidades" en el concurso, según observó la entidad. Se trata de una "impugnación" de los letrados tanto a la conformación del jurado como a la designación de concursantes que consideran "digitada". La presentación llegó al mandatario provincial a modo de denuncia por la situación que ya fue expuesta ante el Consejo de la Magistratura en diciembre pasado, para que se suspendiera el concurso. En la nota, piden la nulidad del concurso, reclaman un régimen de evaluación "transparente" y apuntan a que se analice la posible comisión de delitos en el proceso.

La presentación está firmada por el presidente y el vicepresidente de la Asociación, Diego Boglioli y Jorge Elizondo, respectivamente. Enumera una serie de irregularidades en el marco del trámite para cubrir dos vacantes de jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Rosario, para la que quedaron ocho postulantes.

El primero de los planteos tiene que ver con que el jurado está compuesto por un docente universitario que "no cumple los requisitos"; es decir que no es docente del Derecho al Trabajo, sino de Derecho Civil. Además, reclamaron que "debió tratarse -cuanto menos- de un docente universitario titular"; pero que el mencionado "es docente adjunto".

"Este concurso se digitó, y notamos un perfil del jurado a favor de las empresas", reprobó la entidad forense.

Elizondo también mencionó la situación de los concursantes: "Notamos una seria parcialidad en favor de algunos colegas que resolvieron una sentencia en sentido desfavorable para los trabajadores, cuando la sentencia original -del Juzgado Laboral Nº 7- había sido contraria. Se tomó como modelo esa resolución con el objeto evidente de que los concursantes dieran una opinión opuesta" a la de primera instancia.

Por su parte, Boglioli consideró que "los sindicatos deben tomar nota de estas situaciones. Son los que luchan por los derechos de los trabajadores, por la legislación laboral, pero todo esto se dirime en la Justicia cuando hay conflictos. Deben involucrarse en la selección de jueces", instó sobre los cargos que calificó como "vitalicios".

Y agregó: "La crítica es al concurso y a todo el régimen de designación de jueces. Este concurso se digitó y notamos un perfil del jurado a favor de las empresas. También nos preocupa el tema de los aspirantes digitados, porque hay otros que merecen un trato equitativo, justo e igualitario".

En ese sentido, el letrado indicó que el gobernador ya tiene una lista con ocho concursantes con orden de mérito y que deberá elegir dos ternas para que la asamblea legislativa apruebe los pliegos. Pero antes de eso, reclamaron: "Queremos que se revise este concurso y pedimos la anulación para que se haga de manera democrática". Y sumaron: "Consideramos graves los apuntados vicios de este concurso, lo que invalida todo lo actuado".   

El escrito versa que "se advirtió con sorpresa que ni siquiera superaron las pautas de evaluación diversos magistrados actualmente en ejercicio, quienes contaban con sobrados antecedentes para superar con éxito una prueba de selección; mientras que sí lo hicieron algunos otros concursantes que objetivamente no parecieran poder superar, cuanto menos, los antecedentes académicos, de ejercicio de la judicatura, de la profesión misma".

Para los laboralistas, "no hay criterios objetivos para la evaluación de los aspirantes, ya que en cada etapa (antecedentes, examen y entrevista) no existe una calificación numérica (puntaje)"; lo que consideran que "facilita la arbitrariedad en la selección".

En resumen, los letrados cuestionan "la actual regulación jurídica de los concursos para jueces y juezas vigente en la provincia; y, en segundo término, marcar determinadas y concretas irregularidades en este concurso".

En tanto, dieron cuenta de otras cuestiones: "El sorteo de los integrantes del cuerpo evaluador fue llevado a cabo a solas por el presidente del Consejo de la Magistratura; solo se ordenó la realización del examen psicológico y psicotécnico de 6 de los 8 concursantes que, finalmente, conforman el orden de mérito elevado al Poder Ejecutivo; y el docente adjunto del jurado presentó solo uno de dos trabajos requeridos".

Además, plantearon que "se estime" la remisión de lo mencionado al Ministerio Público de la Acusación, ante la posibilidad de que existan delitos.

 

 

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ