Una perversa articulación antiderechos llevó a la cesárea
Los 6 responsables de la tortura a la niña tucumana
En la atención de Lucía hubo una articulación perversa “antiderechos” entre el Sistema de Salud Provincial de Tucumán y funcionarios judiciales. Aquí sus caras más visibles.

1. Juan Manzur, gobernador peronista y ex ministro de Salud de la Nación durante la gestión de CFK. Participó en la capital tucumana de marchas “por las dos vidas” durante el debate de la legalización del aborto en el Congreso.

2. Roxana Chahla, ministra de Salud. Entre sus allegados se manifestó en contra de garantizarle el aborto a la niña. Su posición en contra del aborto es conocida. Chahla era directora de la Maternidad Nuestra Señoras de las Mercedes, la más grande de Tucumán por cantidad de partos, cuando en 2012 una mujer de condición humilde, identificada como “María Magdalena” –cuya historia reveló también este diario en aquel momento–, llegó a la guardia con un aborto en curso y fue sometida a malos tratos, al punto de que le hicieron un legrado sin anestesia y la denunciaron penalmente acusándola de haberse practicado ella la interrupción de embarazo. La mujer, de 26 años y madre de tres hijos, fue finalmente sobreseída del delito de aborto a fines de 2015. Estuvo procesada cerca de tres años.

3. Gustavo Vigliocco secretario de Salud de la provincia. Declaró días atrás al programa “Pasaron Cosas” de Radio Con Vos FM 89.9: “Yo estoy encima de este caso de manera personal. Tengo una cercanía con la niña y su madre. La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos”.

4. Elizabeth Ávila, directora del Hospital del Este “Eva Perón”, donde atendieron a Lucía. También es conocida por sus posiciones antiderechos: en 2016 pretendió obstaculizar un aborto a una mujer, identificada como “Nelly”, que cursaba un embarazo deseado y buscado con feto anencenfálico. Le llegó a decir: “Yo tengo una enfermedad terminal y no ando pidiendo que me maten”, haciendo una analogía con que si “su bebé” no iba a vivir igual tenía que gestarlo. “Nelly” pudo acceder a una interrupción legal de embarazo en otro hospital, no sin antes sortear una serie de obstáculos institucionales.

5. Adriana Giannoni, fiscal del fuero penal. Intentó intervenir en el caso arbitrariamente para impedir la interrupción del embarazo: actuó de oficio, aunque nada tiene que ver con la causa que investiga el ataque sexual a la niña, a cargo de otra fiscalía. Giannoni trató de que intervenga una defensora por el “no nacido”. Según trascendió, citó a su despacho a los médicos que estaban atendiendo a la niña y los presionó para que no accedieran a practicar el aborto legal. Esta misma fiscal pretendió el año pasado criminalizar a una médica del Hospital Avellaneda, Fabiana Reina, que formó parte del equipo médico que garantizó un aborto legal a otra nena de 11 años violada a mediados de 2018.

6. Washington Navarro Dávila, ministro de la Defensa de la provincia. Habría instruido a defensores a su cargo para que planteen una medida cautelar en nombre del “no nacido” para bloquear la interrupción legal de embarazo. Navarro Dávila era fiscal de Instrucción de la 5ta Nominación hasta el año pasado –cuando fue ascendido por el gobierno—y desde ese cargo llevó adelante la instrucción penal contra la joven “Belén”, denunciada en 2014 tras sufrir un aborto espontáneo en la guardia del Hospital Avellaneda, de la capital provincial. Belén terminó encarcelada por casi tres años y fue condenada en abril de 2016 sin pruebas por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” a 8 años de cárcel. Finalmente fue absuelta por la corte provincial, que desmontó el armado antiderechos para castigar arbitrariamente a Belén.

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