El rol del Gobierno para beneficiar a dos acusados del encubrimiento del atentado a la AMIA
Una maniobra que funcionó a medias
A través de Garavano, Cambiemos intentó la absolución de los ex fiscales Mullen y Barbaccia. Ayer fueron condenados, pero con penas menores: 2 años de prisión. Los familiares exigen la renuncia del ministro, denunciado penalmente por un ex funcionario.
Por orden del ministro Germán Garavano, el Poder Ejecutivo pidió que los ex fiscales fueran absueltos.Por orden del ministro Germán Garavano, el Poder Ejecutivo pidió que los ex fiscales fueran absueltos.Por orden del ministro Germán Garavano, el Poder Ejecutivo pidió que los ex fiscales fueran absueltos.Por orden del ministro Germán Garavano, el Poder Ejecutivo pidió que los ex fiscales fueran absueltos.Por orden del ministro Germán Garavano, el Poder Ejecutivo pidió que los ex fiscales fueran absueltos.
Por orden del ministro Germán Garavano, el Poder Ejecutivo pidió que los ex fiscales fueran absueltos. 
Imagen: NA

El juicio por el desvío de la investigación del atentado a la AMIA comenzó en agosto de 2015, más de una década después de que se declarara nulo lo actuado por el juzgado de Juan José Galeano y falsa la hipótesis que había llevado al estrado a un grupo de policías bonaerenses vinculados con desarmaderos de autos. Años antes la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner había reclamado el inicio del debate, convencida de que la Justicia debía “avanzar en el esclarecimiento del atentado”. La postura del Ejecutivo en manos de Cambiemos fue diametralmente distinta y ese vuelco terminó en un escándalo, incluida una denuncia penal contra su cara más visible: el ministro de Justicia, Germán Garavano. El acusador fue el ex titular de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla, designado por el propio Mauricio Macri en diciembre de 2015. Ayer, tras la sentencia, familiares de las víctimas pidieron la renuncia del ministro. 

La primera revelación respecto al cambio de rumbo en la querella del Ministerio de Justicia apareció a fines de marzo de 2017, con la renuncia de una de las por entonces abogadas representantes, Marina Stilman, bajo el argumento de que Garavano había ordenado abandonar una postura activa en el juicio.

Stilman llegó al equipo tras la asunción del actual ministro de Justicia. La querella había comenzado el juicio bajo la dirección de Luciano Hazan, quien renunció apenas Cambiemos asumió la presidencia, y la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, quien había seguido los pasos de Hazán meses después. Tras ambas renuncias, el Ministerio echó por “pérdida de objetividad” a quien acompañaba a Stilman, Ezequiel Strajman, y lo reemplazó por Miguel Inchausti. A través de él, Garavano comenzó a imprimirle una nueva dirección a la querella. “Los cambios ordenados en nuestra querella están directamente relacionados con el criterio disímil que se me ha planteado en cuanto al rol y la actividad que debe tener esta parte acusadora”, sostuvo la abogada una carta en la que comunicó su renuncia.

El segundo escándalo tuvo lugar al momento de los alegatos de la querella del Ministerio, cuando quedó a la vista de todos que con la ida de Stilman la interna no había cesado sino que seguía más abierta que nunca. Al regreso de la feria judicial de 2018, el juicio por el encubrimiento del atentado se prendió fuego luego de que la dirección de la cartera en manos de Garavano reemplazara al abogado que debía leer el alegato que les correspondía y, de paso, su contenido. Así, Enrique Ventos, uno de los tres abogados que habían reemplazado a Stilman, fue desapoderado por Santiago Otamendi, mano derecha de Garavano. Su reemplazante, José Console, fue el encargado de la lectura que pasó de estar alineada con las conclusiones de la Unidad Fiscal especializada en el atentado –que para entonces ya había pedido condenas para todos los acusados menos para el ex comisario Jorge Palacios– a salvar sorpresivamente de la cárcel a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Ambos tuvieron motivos para celebrar ayer cuando los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel le dieron penas excarcelables. 

Pero el escándalo no culminó con el salvataje que el Gobierno realizó a dos de los más complicados acusados de participar del pago de coimas para instalar una pista falsa en la investigación. Semanas después, el TOF 2 intimó a la querella del Ministerio a reemplazar a Console, quien además de abogado querellante era funcionario del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, función incompatible con la representación del Ejecutivo nacional en el debate. Aunque debió retirarse, el TOF admitió el alegato de la vergüenza.

Tras aquel episodio, Garavano, respaldado por Macri, disolvió la Unidad AMIA, hasta entonces dirigida por el ex senador radical Mario Cimadevilla. Hace poco menos de un mes, se conoció el informe de gestión en el que el ex funcionario elevó sus críticas al Ejecutivo por el cambio de postura. “El documento presentado a Macri habla de un nuevo encubrimiento. Se suponía que como querellantes debíamos trabajar para saber la verdad y acusar a quienes tenían responsabilidades. Cuando me vinieron a indicar que pida la absolución de los fiscales, yo les dije que no iba a encubrir a nadie”, relató Cimadevilla a este diario.

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