La crisis de la economía macrista es la peor desde la debacle 2002. Sólo el delirio del marketing electoral de la Jefatura de Gabinete le puede hacer decir al presidente Mauricio Macri que la economía está mejor que en el 2015. El aporte extraordinario del Fondo Monetario Internacional ha evitado el derrumbe financiero. Este contexto dramático permite comprender la decisión del Banco Central de subir la tasa de interés al 50 por ciento anual y avanzar aún más en la contracción monetaria por una leve suba de 4 por ciento en el dólar, en los días posteriores a que se conociera que la tasa de inflación de enero fue de 2,9 por ciento y que la de febrero se estima por encima de 3,5. No ha sido una muestra de fortaleza ni de firmeza del Central frenar de ese modo el repunte de la paridad cambiaria, que igual puja por subir. Fue la prueba más notoria de la extrema fragilidad de un esquema económico que sólo tiene el objetivo de que la Alianza Cambiemos pueda llegar a competir con alguna posibilidad en la elección que elegirá al próximo Presidente. El oficialismo sabe que no se puede permitir una nueva corrida cambiaria porque, en ese caso, aparece el temor a salir tercero en los comicios de octubre.
Inflación
Mantener la paridad dormida con una política monetaria muy rústica tiene consecuencias devastadoras en la actividad productiva y comercial, con despidos y suspensiones masivas. Todo esto con una tasa de inflación indomable, lo que debería invitar a incendiar el capítulo del manual de la ortodoxia acerca de cómo abordar la cuestión del aumento persistente de precios.
El FMI se sorprende porque la tasa de inflación no afloja; el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, habla de la inflación como si fuera un comentarista de la realidad y no corresponsable de la gestión; el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, sigue prometiendo que habrá próximos meses mejores y el presidente Macri dice cualquier cosa ya sin importarle que la inflación suba y él diga que está bajando, como si supiera que su palabra ya está devaluada.
No deja de sorprender la capacidad de engaño a la sociedad que tiene la dominante secta de la ortodoxia en la explicación del actual proceso inflacionario, que ya es híper para las multinacionales que operan en el país, como la definieron en sus balances de acuerdo a normas contables internacionales. Con un ajuste brutal en los dos frentes que obsesionan a los economistas del establish-ment, el fiscal y monetario, o sea, reducción del gasto público y contracción en la emisión de dinero, la tasa de inflación igual se mueve cómodamente en el 50 por ciento anual.
Como los datos duros no deben desmentir la teoría, con el riesgo de provocar una angustia existencial que pondría en cuestión todo lo aprendido y postulado, el mundo de la ortodoxia se desentiende de la realidad y afirma que las medidas fiscales y monetarias restrictivas tienen un lag (una demora) para observar los efectos sobre los precios. Es oportuno señalarles que es una demora un poco larga, de ya tres años de administración macrista.
Si no fuera que sus ideas teóricas son hegemónicas y que puestas en práctica tienen resultados desastrosos en términos de bienestar social sin conseguir bajar la inflación, esos economistas sólo generarían compasión por sus delirios. La impunidad del poder les permite seguir ocupando el centro del debate público e insistir con la receta ortodoxa, la misma que repitió Macri en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Dijo que el déficit fiscal es el causante de la inflación y lo afirmó sin importarle que en el 2018 ha bajado el desequilibrio primario de las cuentas públicas e igual hubo récord de inflación de su mandato.
Devaluación y tarifas
No son el déficit fiscal ni la emisión monetaria los motores de la inflación macrista. Existen dos factores que la explican:
- La megadevaluación que provocó el desborde de los precios.
- La insensata política tarifaria que derivó en una aceleración de la ya existente inercia en la indexación de los precios.
El ajuste cambiario de ciento por ciento el año pasado, en un contexto internacional de reversión en el flujo de capitales especulativos de los mercados emergentes, se precipitó por una medida inicial tomada por el Gobierno, que fue la desregulación de la cuenta Capital de la Balanza de Pagos. Esto facilitó el ingreso y egreso de fondos especulativos sin restricciones. La otra medida fue la liberación total del mercado cambiario. Otras plazas emergentes padecieron la salida de capitales especulativos, pero en ninguna hubo tanta y con tantas consecuencias negativas como en la argentina. Esto fue así por la vulnerabilidad extrema derivada de la apertura financiera absoluta, con tasas de interés doméstica elevadas que alentaron la bicicleta financiera (carry trade), primero con las Lebac y ahora con las Leliq-plazos fijos.
Los aumentos de precios se movían con una dinámica del 20/25 por ciento anual hasta 2015, que generaba tensiones distributivas y malestar social por esa variación. El gobierno de Macri aceleró esa inercia con el ajuste permanente y dolarización de tarifas públicas (luz, gas, agua, combustible y transporte) que tuvo como resultado la espiralización de esa inercia inflacionaria.
El último reporte del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz explica que las causas del fracaso de las políticas monetarias ortodoxas en el control de la inflación son simples: “La suba de los precios en Argentina en los últimos años no tiene un origen monetario”. Precisa que si se deja de lado el dogmatismo monetarista puede observarse que la inflación de los últimos años tiene fuertes componentes inerciales (del 20 por ciento), que se acelera cada vez que se realizan devaluaciones, mientras se desacelera cuando se plancha el dólar. Indica que el impacto de los aumentos de tarifas sobre la dinámica de los precios también es significativo, aunque menor que la evolución del dólar. Para concluir que la dinámica de inflación de los últimos meses no escapa a esos patrones, todavía absorbiendo el shock devaluatorio y tarifario del año pasado.
Salario
El ancla principal utilizada por el Gobierno para que la tasa de inflación no sea todavía más elevada fue deprimir el ingreso de trabajadores y jubilados. Esta caída derivó en el derrumbe del consumo masivo que, en teoría, debería haber actuado como disciplinador en la remarcación de precios. Hubo contención en los aumentos, pero no tanto como lo deseado por el ministro Dujovne, quien se ha convertido en un especialista en adelantar una caída de la inflación sin que eso suceda.
El saldo fue una pérdida promedio del salario real de casi el 12 por ciento en 2018 y de las jubilaciones en cerca del 15 por ciento. Esta impactante caída del poder adquisitivo desplomó el consumo y también la facturación de las empresas. Al deteriorar la demanda se terminó afectando la oferta, puesto que con la merma de la tasa de rentabilidad el sector privado disminuyó fuertemente la inversión. De ese modo se consolidó el círculo vicioso recesivo de la economía macrista.
El último informe de coyuntura del Instituto de Trabajo y Economía-Fundación Germán Abdala reafirma que “la masa salarial fue la variable de ajuste del 2018, indicando que los salarios crecieron por debajo de la inflación (y el dólar), la cantidad de trabajadores disminuyó y las contribuciones patronales empezaron a descender”.
Pese a ser un año electoral, no es seguro que en 2019 los salarios puedan recuperar lo perdido. La inflación proyectada por el Gobierno es de 23 por ciento para diciembre, previsión que apenas iniciado el año ya puede tirarse al cesto de los pronósticos fallidos del macrismo. Los aumentos de precios serán sustancialmente más elevados. La prensa oficialista dejó trascender que el Gobierno habilitará paritarias del 30 al 35 por ciento en el sector privado, pisando el salario del empleado público con un ajuste de apenas el 20 por ciento.
Los economistas del ITE evalúan que, en ese contexto, a los gremios se les plantean tres problemas: 1. recuperar el poder adquisitivo perdido el año pasado; 2. lograr sobre los tramos finales de la paritaria del año pasado la recomposición de un poco del terreno perdido, para que los futuros aumentos se realicen sobre un piso salarial un poco más elevado, y 3. buscar al menos empatarle a la inflación este año.
Frente a las pretensiones de los sindicatos, el Gobierno está planteando un escenario sin recomposición de lo perdido, con aumentos cercanos a la inflación proyectada y con cláusula gatillo. Como las previsiones de inflación son al alza, aún más con lo que pasó en el primer bimestre y la expectativa de que no aflojen los aumentos en el siguiente, algunos sindicatos están planteando acuerdos con revisiones más frecuentes y automáticas para que el salario no siga perdiendo terreno en este año. El principal aliado del Gobierno para contener esta demanda es el miedo a perder el trabajo en un marco sociolaboral de lluvia de suspensiones y despidos.
“Depreflación”
El estancamiento de la actividad con aumentos de precios es un escenario económico denominado estanflación. Es un estado de la economía que tiene una capacidad de destrucción del tejido socio-productivo demoledor. El economista Andrés Asiain profundiza ese concepto para señalar que, en realidad, la situación actual no es de estanflación, sino de “depreflación”. Dice que es un término de escasa difusión entre economistas, que es la combinación de depresión de la actividad con una inflación en ascenso. Asiain define que “la depreflación argentina es el resultado directo de la aplicación de un programa económico impuesto por el FMI a cambio de dólares frescos que eviten la cesación de pagos de las deudas antes de las elecciones de octubre”.
La continuidad de la caída de la economía se refleja en el pobre comportamiento de la recaudación, que acumula nueve meses de aumentos por debajo de la inflación. Este resultado es consecuencia directa del ciclo recesivo y para compensar esa merma de recursos, teniendo en cuenta el compromiso de déficit fiscal primario cero con el FMI, el ajuste en el gasto público va necesitando cada vez una dosis mayor. Esos recortes adicionales deprimirán más la actividad y así la economía se moverá en un círculo vicioso recesivo.
Tan desesperado está Dujovne en acomodar las cuentas públicas para conseguir el aval de los burócratas del FMI que eliminó el beneficio a jubilados y a titulares de planes sociales de la devolución del 15 por ciento sobre el IVA por las compras con tarjeta de débito, con un tope de 300 pesos por mes. La partida presupuestada para este año era de unos 3100 millones de pesos. Dujovne la recortó sumando otro golpe a los jubilados, el grupo social más fiel a la Alianza Cambiemos y uno de los más castigados con diferentes medidas desde diciembre de 2015.
El Gobierno apuesta a dormir el dólar, concentrar los tarifazos en la primera mitad del año y liberar recursos a los sectores más postergados. Es la misma estrategia electoral de 2017, cuando postergó los tarifazos para después de octubre y aumentó el gasto público en la base de la pirámide social (créditos Argenta y entrega de pensiones) meses previos a las elecciones. En estos movimientos, con el FMI auditando las cuentas, hay que estar atentos no sólo a cuántos recursos están disponibles con el ajuste, sino en qué momento se los juega.
Se entiende así el único anuncio relevante de Macri en la inauguración de la Asamblea Legislativa, que consistió en adelantar el aumento de todo el año (46 por ciento estimado) para la Asignación Universal por Hijo. Los índices de pobreza e indigencia del Indec, que se conocerán en pocas semanas, mostrarán un alza considerable. Los diseñadores de la campaña electoral del oficialismo especulan con que la recomposición rápida de la AUH permitiría en la próxima medición reflejar un descenso considerable desde esos elevados niveles. Es la forma elegida para intervenir en la discusión pública apostando a generar expectativas de un futuro mejor para enfrentar las percepciones de la situación crítica que vive la mayoría de la población.
Esta política de distracción sólo podrá tener un impacto relativo siempre y cuando no se despierte el dólar. Lo que queda cada vez más claro es que no evitará que el naufragio de la economía macrista sea un pesado lastre para el gobierno que iniciará la gestión el 10 de diciembre de este año.
