En otro capítulo de la avanzada judicial contra quienes formaron parte de los gobiernos kirchneristas, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona fue procesada por supuesto “peculado de servicios”, debido a que en 2015, cumpliendo con su función al frente de los abogados del Estado, hizo una presentación judicial refutando la denuncia que había formulado el fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y otros funcionarios. El juez Sergio Torres entendió que Abbona intentó “mejorar la situación” de la entonces presidenta excediendo sus atribuciones.
La resolución, que incluyó el embargo de los bienes de Abbona por la suma de 200 mil pesos, fue firmada por Torres a fines de diciembre, pero se conoció recién ayer. El fiscal general Germán Moldes había acusado a Abbona por haber empleado en su calidad de funcionaria “y en beneficio de terceros, su trabajo y el de otros funcionarios y empleados de la Procuración del Tesoro de la Nación”. Si bien Moldes acusaba también a otros funcionarios de la entidad, el juez solo procesó a Abbona, porque “no existe duda alguna que teniendo en cuenta el cargo que ejercía la imputada, ella tenía bajo su órbita de poder y decisión las actividades y tareas que debían llevar adelante la totalidad de los empleados y funcionarios del organismo que encabezaba”.
Para Torres, quedó evidenciado que Abbona “utilizó los trabajos de funcionarios y empleados de la Procuración del Tesoro de la Nación con el objeto de defender y/o mejorar de manera directa, la situación en que se encontraban aquellas personas que fueron denunciadas” por el fallecido Nisman, quien las había imputado por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA a través del fallido Memorándum con Irán. Según el juez, “las normas que regulan la actividad de la Procuración del Tesoro no habilitan a ese organismo o a sus funcionarios a ejercer una defensa directa de persona alguna imputada o denunciada en una causa penal”.
La ex procuradora Abbona había retrucado las acusaciones del juez Torres cuando prestó declaración, a mediados de diciembre de 2016. En ese momento, Abbona explicó que había actuado “en el pleno marco de sus facultades” cuando dictaminó a favor de la legalidad del procedimiento que desembocó en la firma del memorándum. Desde la Procuración –aseguró- “se mantuvo siempre la misma posición de defensa de la legalidad estatal en lo actuado respecto del memorándum”. Aquel informe de la Procuración, elevado en febrero de 2015, fue uno de los elementos que valoró el juez federal Daniel Rafecas cuando desestimó por inexistencia de delito la denuncia de Nisman.
