Previo a la ley de Identidad de género, Michelle Mendoza ya transitaba las calles rosarinas para proyectar con sus compañeras travestis y trans formas de acceder a derechos básicos, lo que en la jerga del activismo –en el Movimiento Evita del que forma parte– se llama militar el territorio. De esos diálogos recuerda una frase, que dice haber escuchado más de una vez: “Todo bien con el DNI, pero nos estamos muriendo de hambre y queremos un laburo”. También la activista Jackeline Romero –Red Diversa Positiva– coincide en que el trabajo es una de las demandas urgentes: “El acceso a un trabajo formal, a cualquier actividad que no sea la prostitución, fue una experiencia casi vetada para nuestras vidas. Mientras que para otros forma parte de sus derechos, a nosotras se nos presenta como un privilegio”. Hoy Mendoza y Romero integran junto a Fátima Rodríguez –Mesa trans– el consejo del “Registro Único de Aspirantes para personas travestis, transexuales y transgénero”, un grupo que acompaña el monitoreo de la ordenanza aprobada en Rosario en mayo de 2016. Tras llamar a concurso público la semana pasada, la ciudad se convirtió en la primera del país que pone en marcha un proceso de postulación por el que cinco personas T ingresarán a trabajar en la órbita del Estado, teniendo en cuenta la exclusión estructural al momento de buscar un puesto en el mercado formal.
Desde el primer borrador de la ordenanza hasta la reglamentación del cupo, se dieron muchos debates sobre cuáles debían ser los requisitos para el ingreso. Romero dice que el trabajo fue intenso, y que una clave del resultado conjunto estuvo en tener espacio para que sus experiencias en primera persona fueran escuchadas: “Entre las cuestiones que se modificaron estuvo la del cambio de DNI. Hay que entender que si una compañera quiere llamarse Julieta y no tiene ganas de cambiar su género en los papeles, ese no puede ser un causal de exclusión, ya que es respetable que cada cual construya su identidad desde diferentes formas. Otro de los apartados por el que peleamos muchísimo fue por el de los antecedentes penales: si nos llevaban detenidas por las contravenciones todo el tiempo, ¿cómo nos van a pedir que no tengamos antecedentes?, ¿acaso no es una forma de negar nuestras realidades? En ese punto, si bien siguen pidiendo un certificado de buena conducta para la postulación, conseguimos que no sea excluyente al momento de presentarse ni baje puntos”.
El futuro pensado
Cuando Mendoza habla del cupo trans no lo plantea como un fin en sí mismo, sino como un eslabón más en la cadena de las conquistas sociales: “Somos conscientes del lugar que estos puestos significan y no pensamos que sea la solución al trabajo de todas las compañeras, ya que incluso aunque el Estado contratara a la totalidad de nosotras sería un parche. Creemos que el cupo es una bisagra hacia un cambio cultural, que el objetivo de estos cinco puestos será marcar dentro de la voluntad política la intención de perfeccionar la realidad laboral en un sentido más amplio. Por otro lado, significa una posibilidad dentro de la población trava de proyectarnos, ¿en qué sentido? Que entre nosotras y las travitas de 13 o 14 años que se están proyectando a futuro se pueda pensar en otros trabajos más allá del sexual: que no quede dentro de nuestros imaginarios una sola opción de vida”.
También para Rodríguez, hablar de cupo representa una puerta hacia transformaciones culturales que trascienden los puestos mismos: “No queremos migajas del Estado, queremos tener la posibilidad de ocupar un lugar en donde cualquier ciudadana puede, una oportunidad real de generar condiciones para acceder a un trabajo digno. Al momento de hacer la reglamentación hubo concordancias y también diferencias, sobre todo en el tema de la constancia de buena conducta, que es algo que figura en el estatuto municipal para el ingreso en general. Llegamos a una conciliación y no se le va a dar relevancia a ese punto: se tendrá en cuenta lo injusto que fue la aplicación de las contravenciones. Es importante destacarlo, para que eso no sea un desaliento entre quienes tengan ganas de venir a inscribirse”.
Hacia ciudadanías plenas
El trámite de inscripción es personal y se puede hacer hasta el diez de marzo en la Municipalidad de Rosario. Allí se debe completar la ficha del Registro Único de Aspirantes, que fue consensuada entre los requisitos básicos del Estado y los pedidos de las organizaciones que participaron del debate. Según informan desde el municipio, el cupo es una instancia más en un proyecto integral de ciudadanías plenas, entendiendo que el trabajo no se puede pensar de forma aislada al resto de la construcción identitaria: “Desde el 2007 se viene trabajando en medidas específicas como los procesos de hormonización y más adelante en la implementación de cirugías de cambios de géneros para reconocer y fortalecer las identidades, así como la revinculación con procesos de educación formal y no formal. Para ello, actualmente se desarrollan cursos de capacitación en oficios”.
Noelia Casati, coordinadora del área de Diversidad Sexual en la Subsecretaría de Desarrollo Social rosarina, dice que lo particular de esta ordenanza es que fue ideada en base a una demanda específica: “Está concebida desde una perspectiva de ejercicio y construcción de derechos, pensando que el Estado es quien debe dar el ejemplo desde sus dependencias. En todas las instancias del proyecto hubo organizaciones de la sociedad civil acompañando y participando. Este punto es muy importante, ya que no se trata de una decisión pensada desde afuera y aplicada, sino que está trabajada en conjunto, escuchando las especifidades de quienes más saben porque les toca vivirlo”.
Casati, quien trabaja en diversidad desde hace diez años, cuenta que durante la reglamentación se insistió en planificar el cupo desde la realidad social y cultural de las personas T, más allá de los reglamentos existentes: “Si bien en el formulario se pregunta por la formación y el trayecto educativo y laboral, desde ya que se tiene en consideración que en muchos casos los estudios no están terminados y quizá la única experiencia sea la prostitución. La ley de Identidad de género plantea que el cambio de nombre es un derecho, pero no una obligación, por lo que se quitó el punto que pedía un cambio registral”.
Otras vidas posibles
Al pensar en los años que costó golpear puertas hasta conseguir la decisión política para que se apruebe el cupo, el deseo de Romero es que todas las personas que se inscriban puedan en algún momento trabajar: “Ver que haya una inclusión real y participativa como corresponde, que nos vean como ciudadanas y ciudadanos de primera, con nuestras capacidades y virtudes. Quiero ver para mis compañeras otras opciones a la prostitución, porque implica muchos riesgos, incluyendo caer en las drogas”.
Si bien la fecha de cuándo empezarán a trabajar estos cinco puestos no está pautada, desde el municipio estiman que no hay motivos para pensar que se puedan demorar una vez terminado el plazo de inscripción. Quizás este primer antecedente concreto motive a los cajones del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tienen durmiendo el proyecto de cupo que fuera aprobado en septiembre de 2015.
