Después de 17 años fueron identificados los policías que atacaron a las Madres de Plaza de Mayo y las corrieron con caballos durante la represión de 2001, ordenada por el gobierno de la Alianza. Se trata de cinco efectivos de la Federal que habían sido indagados en la primera etapa de la investigación, pero recibieron la falta de mérito debido a que no se les había podido endilgar ningún hecho en particular de aquel violento ataque de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones populares que culminaron con la renuncia de Fernando De la Rúa. Tras ser identificados como quienes agredieron a Hebe de Bonafini y un grupo de Madres en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, el fiscal Franco Picardi solicitó su procesamiento. Aún hoy, los efectivos continúan en funciones.
Se trata de cinco policías. Cuatro de ellos --los principales José Luis González y Fernando Héctor Villegas; el cabo Luis Oscar Rodríguez y el cabo 1° Ramón Feliciano Vargas-- eran funcionarios del Departamento Policía Montada del Cuerpo de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA). Para ellos, el titular de la Fiscalía Federal número 5 pidió el procesamiento por su presunta autoría directa en las "vejaciones" sufridas por Bonafini, un grupo de Madres de Plaza de Mayo y otros manifestantes en la mañana del 20 de diciembre de 2001. Para el quinto, Ernesto Weber, solicitó el procesamiento como autor mediato de los mismos hechos: entonces, Weber era subcomisario y estaba a cargo de la Policía Montada, es decir, les daba órdenes.
Los efectivos fueron inmortalizados por numerosas filmaciones de medios televisivos y registros de reporteros gráficos. Poco antes de aquel mediodía, a bordo de caballos de la Montada, desalojaron con amenazas y golpes la Plaza de Mayo, que estaba poblada de manifestantes reunidos de manera pacífica. Entre ellos, se encontraban las Madres de Plaza de Mayo.
Según la resolución de Picardi, aquél día una unidad del entonces Cuerpo de Operaciones Federales de la PFA avanzó contra “las personas que se encontraban manifestando en la Plaza de Mayo, habiendo mostrado en su proceder dicha unidad policial un comportamiento de violencia física excesivo, causante de distintas lesiones y vejaciones en las personas afectadas”. Alrededor de las 11:30 el subcomisario Francisco Santos Miglino intimó a los manifestantes a abandonar la plaza, orden que nadie acató. Unos 15 minutos después “varios policías montados a caballo aparecieron en el lugar y comenzaron a perseguir y golpear a todo aquel que se encontraba en el lugar llevando adelante una brutal represión”, detalló la fiscalía en su pedido de procesamiento.
Las protestas venían acumulándose desde hacía semanas atrás, con huelgas laborales, manifestaciones de ahorristas en las puertas de los bancos para reclamar por los ahorros congelados en el corralito anunciado por Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía, e incluso saqueos en distintos puntos del conurbano bonaerense y el resto del país que "fueron ensanchándose hasta provocar el estallido social acontecido el 19 y 20 de diciembre del año 2001", contextualizó Picardi en su dictamen. Allí, además, sostiene que las protestas fueron "particularmente enervadas a partir de la represión que sufrieron las Madres de Plaza de Mayo, como símbolo de protesta social y de activismo pacífico por los Derechos Humanos" esa mañana del 20 de diciembre de 2001.
Así, el fiscal argumenta el pedido de procesamiento a los policías desde la protección constitucional al derecho a la protesta social: "Desde mi perspectiva, las movilizaciones reprimidas el 20 de diciembre de 2001 por el Departamento Policía Montada del Cuerpo de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina deben enmarcarse en ese mandato constitucional de protección", apuntó, con énfasis especial en el carácter "pacífico" de aquellas manifestaciones.
El Juzgado Federal número 11 deberá definir si acepta o no la medida. Los hechos en cuestión fueron corroborados por el Tribunal oral Federal número 6 en el juicio oral que dirigió por los asesinatos de cinco manifestantes sucedidos en el marco de la represión desatada aquel día en la Ciudad de Buenos Aires y que en mayo de 2016 culminó con los responsables de la conducción de la Policía brevemente condenados. Sin embargo, el episodio de la agresión específica que sufrieron las Madres y los manifestantes que esa mañana se encontraban en la Plaza de Mayo no había sido especialmente tratado hasta ahora.
Pasaron 17 años de los hechos pero, según consta en la solicitud de procesamiento de Picardi, recién hace poco más de uno existen elementos suficientes para ubicar en tiempo y espacio a estos cinco efectivos e identificarlos como los autores de los ataques a las Madres. Los delitos, no obstante, no prescribieron debido a que los policías implicados aún son funcionarios de la fuerza.
La identificación se logró a partir del análisis de diferentes declaraciones, transcripciones de comunicaciones policiales y una pericia llevada a cabo por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), de la Procuración General de la Nación, que fue vital. Su labor fue individualizar e identificar a efectivos que participaron de la represión en la Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001 a partir de las imágenes fotográficas y fílmicas que habían ordenado y clasificado profesionales del Departamento de Física Forense del Instituto Balseiro, de la Dirección de Policía Científica de la Gendarmería Nacional y del Departamento de Criminalística de la Prefectura Naval. Todo ese material estuvo en manos de la Justicia desde los primeros pasos de la la causa aunque no fueron debidamente analizados. Así, los efectivos a punto de resultar procesados habían sido indagados en su momento y luego desligados de los hechos a partir de la falta de mérito: no se los había logrado vincular con ningún hecho represivo en particular.
En aquellos tiempos, Luis Comparatore estaba al frente de la Fiscalía número 5. Patricio Evers era el fiscal adjunto y su secretario era Sebastián Basso, en la actualidad al frente de la Unidad fiscal especial dedicada al atentado a la AMIA. Fueron los encargados de la elevación a juicio de la causa que llevó al secretario de Seguridad de De la Rúa, Enrique Mathov, a responder ante el TOF 6 por el estado de sitio que amparó la represión fatal de aquel diciembre. Mathov fue uno de los condenados. En su fallo los jueces remarcaron con énfasis los errores en la instrucción de aquel expediente.
