La empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) propuso ayer en la audiencia pública aumentar el pasaje de subte de 16,50 a 19 pesos a partir del mes próximo y aplicar otra suba en mayo para llevarlo a 21 pesos. De este modo, la suba acumulada en un año será de 180 por ciento. La audiencia no es vinculante. Por lo tanto, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires le terminarán dando luz verde al ajuste más allá de las numerosos cuestionamientos formulados por distintas asociaciones de defensa del consumidor, que critican la calidad del servicio, la falta de transparencia y la situación legal del licenciatario Metrovías, empresa a la que se le venció la concesión y continúa por una prórroga decidida por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.   

Cuando las autoridades porteñas se hicieron cargo del subterráneo a comienzos de 2012 los pasajes costaban 1,10 pesos. La primera medida de Mauricio Macri que entonces era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue duplicar el precio para iniciar una disparada que se ubicó muy por encima de la inflación. Viajar en el subte costaba 7,5 pesos a comienzos de 2018. La tarifa aumentó tres veces el año pasado. El primer salto fue en agosto cuando llegó a 12,5 pesos. La pretensión inicial del gobierno porteño era primero subir los viajes a 11 pesos en mayo pero una medida cautelar frenó ese ajuste y, cuando la justicia porteña dejó sin efecto esa medida, el salto fue directo hasta el segundo tramo. Los siguientes aumentos de un peso cada uno tuvieron lugar en noviembre, diciembre, enero y febrero para escalar hasta los 16,5 pesos. Así la suba acumulada desde agosto fue del 120 por ciento y cuando alcance los 21 pesos en abril la tarifa habrá escalado 180 por ciento en un año. 

El gobierno porteño sostiene que las subas son necesarias para “mantener la calidad del servicio y la infraestructura en función del incremento de costos”. Sin embargo, los sucesivos aumentos no solo no fueron acompañados por la prometida extensión del sistema, sino que tampoco redundaron en una mejora del servicio. 

La actualización responde a la variación de la tarifa técnica que refleja el costo de la explotación del servicio. En abril del año pasado se calculó en 15,50 y la última actualización la ubicó en 23 pesos.  

El gobierno porteño resaltó que en el nuevo esquema tarifario propuesto jubilados, pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y en lista de espera, y estudiantes primarios y secundarios seguirán viajando gratis, en tanto que continuará la tarifa social y los descuentos por pasajero frecuente. La empresa también aseguró que continuará vigente el sistema de tarifa escalonada que beneficia a los pasajeros frecuentes e implica un descuento de 20, 30 y 40 por ciento en el costo del pasaje, según la cantidad de viajes realizados al mes. El beneficio de la tarifa escalonada se suma al descuento por combinación de dos o más medios de transportes. Si el viaje en subte corresponde al segundo tramo –luego de haber tomado colectivo o tren–, el pasajero abonará el 50 por ciento de la tarifa, y en caso de que sea el tercer tramo, pagará sólo el 25.

El abono social está destinado a beneficiarios de planes sociales administrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del programa Ciudadanía Porteña; beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar; personas en situación de desempleo crónico o recurrente y personas que acrediten poseer ingresos familiares por debajo de la canasta básica familiar que publica el Indec. También alcanza a personas que acrediten encontrarse en situación de indigencia; beneficiarios del subsidio por la tragedia de Cromañón; excombatientes de Malvinas; aquellos grupos identificados por normas vigentes de la Ciudad de Buenos Aires con necesidades especiales o en situación de alta vulnerabilidad social.