“Puro humo.” Así definieron referentes de organizaciones especializadas en condiciones de encierro y habitabilidad de los sitios penitenciarios a la emergencia en la materia que el Ministerio de Justicia oficializó esta mañana. Tanto desde la Comisión Provincial por la Memoria, responsable del Comité contra la Tortura, como desde el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) criticaron la medida no solo porque “no soluciona” el problema de la sobrepoblación de cárceles, comisarías y lugares de encierro, sino también por lo que afirma: “Sostiene el punitivismo como un éxito cuando es lo que denunciamos desde siempre”, apuntó Claudia Cesaroni, abogada e integrante de Cepoc.

"Siempre una ley de emergencia de cualquier orden lo que plantea es un estado de excepción, la posibilidad de disponer de recursos sin que eso sea analizado ni aprobado por el Congreso", añadió la abogada. "Es un ejemplo de la práctica de este Gobierno de tomar decisiones por encima de los otros poderes del Estado", continuó.

“No va a tener ningún impacto. Con esta emergencia, el Gobierno solo intenta demostrar que está haciendo algo para resolver un problema que él mismo ocasionó y que ahí mismo está diciendo que va a seguir ocasionando”, postuló Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria que, a través del comité, monitorea lugares de detención para prevenir y denunciar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. 

Según Cipriano García, “no es la intención” del Gobierno de Cambiemos dar una solución a la sobrepoblación del sistema penitenciario federal con la declaración de la emergencia, que crea una comisión para atender “un problema que no es meramente penal ni de números, sino que es social”. “Tiene que hacer otras cosas, principalmente modificar su política criminal y de seguridad que de hecho ellos mismos consideran exitosa en la resolución en la que declaran la emergencia. Para nosotros no lo es”, sostuvo.  

Para Cesaroni, “lo más grave” de la resolución 184/2019 del Ministerio de Justicia no es la declaración de emergencia, sino los fundamentos sobre los que se basa: “Son terribles porque no hacen más que sostener como un logro de la gestión, un éxito, aquello que siempre denunciamos como grave: el aumento exponencial del encarcelamiento”, apuntó. 

En ese sentido, el referente de la CPM entendió que “el mensaje es que lo que pasa es exitoso, es un mensaje claro al Poder Judicial que lee y actúa en consecuencia”. En la resolución que se publicó esta mañana en el Boletín Oficial, Garavano explica con cifras institucionales que hay una sobrepoblación del 12 por ciento en el Sistema Penitenciario Federal producto de “las políticas exitosas de seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado”. 

“Por un lado venden puro humo, por otro reafirman el camino y celebran que la situación en las cárceles se va a agravar”, interpretó Cipriano García. Cesaroni remarcó que habla de política criminal organizada y “luego citan como ejemplo de eso a la ley de Flagrancia, algo que está muy lejos de combatir el crimen organizado”. Ambos coincidieron en este punto: “Con la política criminal de este Gobierno, que reforzó la flagrancia, que reformó la ley de Ejecución penal, esto empeoró: son las personas en situación de calle, los pobres que roban un almacén o un teléfono para comprar algo para comer los que terminan presos”, apuntó el referente de la CPM. 

A esto le sumó el flamante Código Penal que ayer el Ejecutivo presentó ante el Congreso, con modificaciones que refuerzan el punitivismo, y remarcó que “el Gobierno es coherente” ya que “todas las modificaciones que ha realizado en materia penal apuntan a violar derechos humanos, retroceder en derechos adquiridos y modificar el paradigma sobre el cual está pensado el encierro en este país, que es la resocialización, la reinserción. Cambiaron ese paradigma por el de la seguridad ciudadana que plantea que la sociedad está más segura si quien comete todo tipo de delitos está preso, no importa cómo ni para qué”. En esa línea, Cesaroni señaló también al proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil que busca aplicar la baja de la edad de punibilidad. 

Fuera de esa línea de acción, la resolución cita como ejemplo de posible iniciativa para solucionar la sobrepoblación de cárceles el traslado del centro penitenciario de Devoto. “No se puede trasladar”, afirmó Ceasaroni que integra junto a familiares de la Masacre de pabellón 7,  docentes del Centro Universitario que funciona en esa prisión (CUD), ex presos políticos, sindicatos y organismos de derechos humanos, un colectivo que puja por la no demolición de ese espacio. “Primero porque es un sitio de memoria, señalizado como tal, pero además, porque trasladar a las personas que están alojadas supone dinamitar políticas como el CUD y alejar a los presos de sus abogados, sus familias”. 

La consecuencia de este combo, indicó Cipriano García, “es el padecimiento de vastos sectores de la sociedad”. Y completó: “Está acreditado que en el Servicio Penitenciario federal la tortura está establecida como práctica cotidiana, todo el mundo sabe que quien cae preso se va a morir de hambre y puede llegar a sufrir mucho por enfermedades no asistidas. La consecuencia de esa política es la muerte”. 

Entonces, ¿qué se debería hacer?, cómo se debería atender la situación? “La propuesta de este Gobierno es resolver el problema social de la desigualdad utilizando el sistema penal para encarcelar a los excluidos. Debería generar políticas de inclusión”, propone el referente de la CPM. Cesaroni aportó que “en lugar de una demagogia punitivista”, lo que debería replantearse es “la política penal”. “Nuestro planteo es que no debería haber tanta gente presa, que es solo demagogia puntivista esta intención de llenar las cárceles de gente por delitos que podrían resolverse por fuera del encierro”.