La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, suspendió la reunión que iba a realizarse en su cartera con los movimientos populares para responder a sus pedidos de alimentos y planes. La audiencia había sido otorgada la semana pasada; sin embargo, en vísperas del encuentro, funcionarios del Gobierno llamaron a los dirigentes para levantarlo. Les dijeron que no hay fondos para ampliar el gasto en asistencia, que tienen que analizar el tema con el Ministerio de Hacienda y que los volverían a citar la semana próxima.
La postergación fue decidida a pesar de que el Indec registró un nuevo aumento de la pobreza. De alguna manera, esto acentuó el gesto de la ministra contra los movimientos que, en respuesta, anunciaron una nueva jornada de lucha callejera para el miércoles 10 de abril. Antes, el jueves 4, van a sumarse a la marcha convocada por la CGT.
La CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa –conocidos como los Cayetanos, por su cercanía con la Pastoral Social–, junto con el Frente Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha dieron una conferencia de prensa en el Obelisco para anunciar la profundización del conflicto.
“El ministerio habla de postergación, nosotros asumimos que suspendieron la audiencia. No hay respuesta para el sector que más está sufriendo la crisis que provocaron”, señaló en el lugar Gildo Onorato, de la CTEP.
Los desocupados llevaron banderas con la consigna “Hagan algo” y al mediodía hicieron una olla popular. “Vamos a un plan de lucha más fuerte”, aseguró Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. “Este es un gobierno que especula: si el problema no le explota, no lo atiende. Subestiman la situación social, pero si el problema social explota se va a llevar puesta a toda la administración macrista”.
Un carro hidrante y dos camiones celulares vigilaron la concentración, que no llegó a cortar la calle. Junto a los desocupados del FOL, Marianella Navarro, de esa organización, contó que en su organización están pensando en que “hay que prepararse para acampar varios días para cortar todos los accesos a la Capital. Le dijimos al Gobierno: ‘hagan lo que sea, pero sepan que ustedes nos empujan a esta situación porque no están respondiendo ante la crisis que vivimos en los comedores’”.
“Es un manoseo hacia los compañeros y compañeras”, consideró Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán. “Por la baja de los programas, hay compañeros que no están pudiendo cobrar desde hace tres meses y en los comedores estamos desbordados. El Gobierno tiene que tomar en cuenta que somos las organizaciones sociales que estamos poniéndole el cuerpo en todo eso que está pasando ante la crítica situación, la crisis económica y social que está viviendo Argentina”.
¿Cuántos planes sociales fueron dados de baja? En las organizaciones, la estimación que dan es que en lo que va del año el Gobierno dejó de pagar el monotributo social a 65 mil personas y suspendió 28 mil planes de los programas Haciendo Futuro y el Salario Social Complementario. El mecanismo por el que fueron dados de baja es, en general, el reclamo de comprobantes de estudios exigido como contraprestación para ser beneficiario. En los movimientos se quejan de que la Anses no tiene capacidad para tramitar rápidamente los comprobantes de cursada que la gente presenta para volver a cobrar el plan, con lo que cada baja demora más de tres meses en ser solucionada.