Cada vez que la estructura de espionaje estatal y sus falencias han quedado al descubierto, la Iniciativa Ciudadana de Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi) ha puesto sobre la mesa tanto sus críticas a esos mecanismos como diversas propuestas para mejorarla. La estructura paraestatal de espías y sobornos que revela día a día la investigación a cargo del juez federal de Dolores, Ramos Padilla, con el agente Marcelo D’Alessio como primer eslabón de una cadena que une también a fiscales y periodistas, encendió de nuevo la alarma y las organizaciones sociales que componen Iccsi reiteró la necesidad barajar y dar de nuevo, en esta ocasión, con una iniciativa que propone refundar el sistema de inteligencia público e invita a “toda la sociedad” a debatir.

“Está todo deslegitimado: estructura de inteligencia, sistema político y sistema judicial. Ninguno hace lo que debe y todos hacen lo que no deben porque se hallan enmarañados en un barro del que no pueden, y muchas veces no quieren, salir”, apuntaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las organizaciones que integran Iccsi junto con la Asociación por los Derechos Civiles, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, el Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad de la UMET, y la Fundación Vía Libre. Esas “relaciones indebidas” entre políticos, miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y sistema de inteligencia, y sobre todo la naturalización de tal maraña, “afecta el funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho con un nivel de gravedad institucional que obliga a acciones políticas de magnitud”, postularon desde el espacio.

La iniciativa con la que invitan a debatir propone una refundación del sistema de inteligencia nacional que le “devuelva su rol verdadero, que nada tiene que ver con la política ni los intereses particulares”, explicó Paula Litvachky, del CELS. En ese sentido, la primera idea que exponen es la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la creación, en su reemplazo, de un organismo que, bajo la órbita de la Presidencia, se dedique al “análisis de problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y seguridad interior de la Nación”. El nuevo organismo tendría “prohibidas” las tareas policiales, de asistencia judicial y de investigación criminal, un desempeño que “está naturalizado pero que viola la ley vigente”.

“Desde AMIA, desde la salida de (Jaime) Stiusso, desde la reforma de 2015, se viene discutiendo el rol de la inteligencia con fines políticos y ahora, con lo de D’Alessio, vuelve a quedar en evidencia”, ejemplificó Litvachky, quien, en la otra punta del hilo señaló “la relación tan profunda y promiscua entre las distintas estructuras de inteligencia con el sistema de Justicia y sobre todo el federal”. 

“Los gobiernos pretenden utilizar la estructura de la AFI para tareas operativas contra el narcotráfico y de este modo competir con las policías”, mientras que “la Justicia federal normalizó la intervención de la AFI como policía de investigación”, detectó Iccsi como dos problemas a atender a la hora de refundar la estructura. “Está naturalizado el hecho de que, para poder tener eficacia en una investigación compleja, hay que trabajar con la inteligencia y eso es un mito”, remarcó la directora del área de Justicia y Seguridad del CELS. La urgencia es por separar todo ese nudo.

La discusión sobre la reserva de los recursos destinados a mantener en funcionamiento la mecánica de inteligencia está íntimamente relacionada con tal tarea. En 2015, con la creación de la AFI, algo de aquella batalla se había ganado, pero, tras asumir la presidencia Mauricio Macri, los devolvió a las sombras por decreto. En ese sentido, la experta del CELS reclamó voluntad política, ya que “en la medida en que el sistema político sostenga este nivel de secreto eso va a ser difícil de cambiar”.

Por eso, la Iccsi plantea que es necesario un marco regulatorio específico que determine cuáles son las actividades de inteligencia prohibidas y las permitidas, además del sistema de autorización para desarrollarlas. “La ausencia de un régimen legal adecuado que establezca los límites del sistema de inteligencia permite que las actividades se ordenen informalmente, se cuelen pedidos ilegales y sea imposible establecer responsabilidades”, sostienen en el documento con que hicieron circular la iniciativa. 

La discusión sobre el secreto no solo apunta a los fondos que alimentan el sistema de inteligencia, sino también a la permeabilidad de quienes controlan la estructura. Entonces, Litvachky señaló que éste “no puede ser solo potestad de la Comisión Bicameral de Seguimiento y mucho menos si su funcionamiento también es secreto. Así, solo puede tapar sus propias complicidades y omisiones”. En la iniciativa, las organizaciones de hecho denunciaron a la comisión porque “agravó el descontrol político al funcionar como una instancia de encubrimiento de las ilegalidades” del sistema.  

Por eso insisten con la necesidad de establecer un nuevo sistema de control parlamentario y externo. En esa línea, apuntan que quien ejerza el nuevo sistema de control –sostienen como una figura potable a la de relator u ombudsman– debe contar con “acceso total a la información, incluida la información reservada. En caso contrario, no hay forma de que se analice si el Estado está haciendo uso legal y legítimo de sus atribuciones”.

En otro punto, la Iccsi prefiere “sancionar una ley de protección de la privacidad de las comunicaciones que reformule el sistema” así como la regulación de los distintos tipos de escuchas telefónicas para diferenciar las que son realizadas en el marco de investigaciones criminales de las que se vinculan con tareas de inteligencia, así como identificar diferentes niveles de control estatal sobre ellas. En ese sentido, considera que no pueden “los órganos judiciales” o “la Corte Suprema” ser las instituciones que estén a cargo de tales tareas de control. El nuevo organismo debe, además de controlar, “producir información pública detallada y suficiente para la rendición de cuentas de los actores del sistema”.

“Todos los días vemos un sistema de Justicia y un sistema político deslegitimados, absorbidos por las reglas de juego opacas del espionaje, lógicas de las que, pareciera, no pueden salir”, reflexionó la directora del CELS. ¿Cómo se sale?, se pregunta. “Todos tenemos que pensar cómo, pero es indispensable que haya voluntad”, insistió.