PáginaI12 en Perú

Desde Lima

Llegó de improviso al cargo, producto de la caída de su antecesor por cargos de corrupción, sin el voto popular, sin partido, sin bancada parlamentaria. Débil y solo, Martín Vizcarra, un ingeniero de 56 años, se sentó en el sillón presidencial con muchas dudas e incertidumbre. Pero un año después tiene un alto nivel de popularidad, ha logrado imponerse ante un Congreso opositor dominado por un fujimorismo desestabilizador que parecía todopoderoso y ha impulsado reformas políticas y judiciales. Lo ha conseguido levantando la bandera de la lucha contra la corrupción, lo que lo puso en sintonía con la indignación ciudadana en un país con casi toda su clase política manchada por acusaciones de corrupción. Eso y su enfrentamiento con el fujimorismo y con el Partido Aprista del expresidente Alan García, partidos símbolos de la corrupción política, han marcado su primer año de gobierno y lo han fortalecido en el poder. 

Cuando asumió la presidencia en reemplazo del renunciante Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente, Vizcarra inició su gestión de la mano con la mayoría parlamentaria fujimorista. Tres meses después su nivel de aceptación era menor al 30 por ciento y con una tendencia a la baja. Entonces, Vizcarra dio un giro radical que ha marcado su destino. Se distanció del fujimorismo, lo enfrentó con éxito y levantó las banderas de la anticorrupción y las reformas judicial y política. Convocó un referéndum para cuatro reformas constitucionales, que incluían prohibir la reelección de los desacreditados congresistas, lo que despertó el entusiasmo popular y elevó su nivel de aceptación a más de 60 por ciento. En el referéndum de diciembre más de un 80 por ciento lo respaldó en los cuatro temas sometidos a consulta. Obtuvo la legitimidad en las urnas que le faltaba. 

“Un atributo de Vizcarra es que no pertenece a la clase política tradicional y por eso es visto como alguien no contaminado por la corrupción política. Ha tenido la virtud de darse cuenta que por el camino de su alianza con el fujimorismo con la que comenzó su gobierno no tenía futuro y tuvo la inteligencia de cambiar y plantear un tema que la opinión pública reclamaba: enfrentar a los políticos, lo que hizo con el referéndum y salió victorioso. Supo aprovechar la crisis del fujimorismo y lo ha enfrentado y derrotado en el Congreso. Ha tenido el acierto de haber sabido representar al antifujimorismo”, le señaló a PáginaI12 el sociólogo Alberto Adrianzén, quien califica a Vizcarra como un presidente de “derecha liberal”. 

“El gobierno de Vizcarra –dice Adrianzén– es progresista respecto a los derechos de la mujer, en temas de género, aunque no llega a aceptar temas como el aborto, pero en lo económico representa el continuismo de la política neoliberal”.   

Al cumplir un año en el poder, Vizcarra cambió su gabinete ministerial, pero su nuevo gabinete sigue marcado por el poco peso político y bajo perfil de la mayoría de sus miembros. Ministros en su mayoría grises, problemas de gestión gubernamental puestos en dramática evidencia en la lentitud para la reconstrucción del norte del país afectado por las inundaciones de hace dos años, los problemas por la continuidad de una política económica neoliberal y los conflictos sociales lo están afectando y su nivel de aceptación ha bajado del 66 por ciento de diciembre a 56 por ciento, un respaldo que, sin embargo, sigue siendo importante.    

“El respaldo popular que tiene Vizcarra es un apoyo a la lucha contra la corrupción y a su enfrentamiento con el fujimorismo, pero no es un respaldo directo a él, no es un apoyo a su política económica. El de Vizcarra es un gobierno frágil, porque si bien tiene apoyo popular, está en una situación en la que cualquier cosa lo puede afectar”, dice Adrianzén. 

Para el analista, la política exterior del régimen de Vizcarra es “el lado más oscuro que tiene este gobierno”. “Nunca la política exterior peruana ha estado tan alineada con los intereses de Estados Unidos, eso se ve claramente en el tema Venezuela”. 

Bajo la gestión de Vizcarra, la economía recuperó en algo su crecimiento, subiendo del 2,8 por ciento en 2017 a 4 por ciento en 2018. Pero el desempleo se ha elevado en el último trimestre y ahora el gobierno amenaza con una reforma laboral que reduciría derechos de los trabajadores. Y se mantienen los serios problemas de desigualdad y exclusión. 

Una protesta campesina contra una mina de cobre en la empobrecida zona sur andina puede complicar seriamente al gobierno. Desde hace más de cincuenta días, comunidades campesinas bloquean la ruta usada por una empresa minera china para sacar el cobre que produce. Exigen que la empresa les pague por el uso de esa pista de tierra que pasa por su propiedad, uso que los afecta con la nube de polvo sin fin que dejan los 300 camiones que circulan diariamente. Las autoridades acusan a los campesinos de chantajear a la empresa y arrestaron al presidente de una comunidad y dos asesores legales. Con el diálogo empantanado por las detenciones, el viernes fue liberado el presidente de la comunidad, aunque sigue procesado por chantaje, pero los asesores legales continúan presos. El diálogo no se ha reanudado. La derecha le exige al gobierno “mano dura” contra la protesta. Una salida violenta tendría un alto costo para el gobierno. 

“La lucha contra la corrupción y el enfrentamiento con el fujimorismo están tapando los otros problemas del país. Pero eso no le va a durar para siempre a Vizcarra, que ha sabido aprovechar las oportunidades, que vive de las oportunidades, pero no tiene un plan para gobernar”, advierte Adrianzén.