Cinco días después de que el ministro de Justicia, Germán Garavano, decretara la "emergencia en materia penitenciaria", las cárceles federales alcanzaron un nuevo récord histórico con 13.940 personas detenidas. Del total de detenidos, el 60 por ciento están privados de su libertad sin condena, entre los hombres, y la cifra sube al 70 por ciento entre las mujeres. Las cifras actualizadas son parte de un crítico comunicado de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), que integrará la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria convocada por Garavano, en el que también recuerda que, a pesar de la repentina preocupación, nunca fue impulsado en el Congreso un proyecto presentado por el organismo para atacar el problema estructural de sobrepoblación.  

"Ya no hay lugar dónde poner gente en las cárceles", advirtió el titular de la PPN, Francisco Mugnolo, en diálogo con PáginaI12, y subrayó la contradicción de decretar la emergencia carcelaria mientras "se siguen dictando leyes que endurecen las penas", como el anteproyecto del Código Penal.

El nuevo record de superpoblación carcelaria había sido anticipado por el propio Garavano en la resolución 184/2019 firmada la semana pasada, en la que celebraba “las políticas exitosas de seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado” y deducía que “seguirá incrementándose sustancialmente durante el año en curso”.

"Apuntar que el crecimiento de la población carcelaria se debe al aumento de delitos como el narcotráfico no es correcto, el crecimiento de la población en las cárceles se debe más al aumento de las medidas represivas, al endurecimiento de las políticas de encarcelamiento. Hay otras alternativas, pero si no se quieren aplicar y se dictan leyes que las impiden, rápidamente los jueces que las aplican son apuntados por la 'puerta giratoria'", explicó Mugnolo a este diario. 

El PPN señaló que el aumento de la población carcelaria alcanzó una nuevo record histórico el pasado 4 de abril, siguiendo un ritmo sostenido de encarcelamiento desde 2014, pero que "a partir de 2016 se ha exacerbado". 

La Procuración advirtió que "entre las estrategias que despliega el Servicio Penitenciario Federal para 'paliar' esta situación, se cuenta la de agregar camas dobles en celdas individuales o reconvertir sectores destinados a actividades laborales y recreativas en nuevos pabellones de alojamiento". Esa estrategia permite forzar la capacidad legal de cada centro de detención, sin embargo, desde 2017, el SPF directamente ha dejado de hacer público el cupo de las unidades penitenciarias en particular. "Manipulación del cupo carcelario resulta una respuesta ilegítima frente a una situación de enorme gravedad", señala el comunicado de la PPN. 

Esa situación llevó a la Procuración a presentar un hábeas corpus a principios de marzo por la "superpoblación crítica" que se vive en la cárcel federal de Devoto. En ese caso, la PPN denunció que el ya denominado “Pabellón 53" se trata de un gimnasio ocupado por camas cuchetas. En marzo de 2018, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había anunciado junto al ministro Garavano, el traslado del complejo penitenciario de Devoto en el plazo de un año.  

"Cómo va a seguir creciendo la población carcelaria si no hay más lugar para nada. Donde había talleres de oficio o gimnasios ponen gente con camas. La sobrepoblación genera malestar, la disciplina se aplica de manera violenta, crecen los enfrentamientos y la corrupción. El sistema está en una emergencia muy grande", describe Mugnolo frente a la convocatoria del Gobierno para conformar un consejo junto a otros organismos de Estado en un plan de emergencia que fue llamado a meses de terminar la gestión de Cambiemos y se extiende hasta 2022. 

La PPN recordó también la advertencia hecha en el último informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que urgió al Estado argentino a realizar una auditoría a nivel federal y provincial para adecuar cárceles y comisarías —en noviembre ocurrió la mayor masacre de la historia en la Comisaría 3 de Trasradio, en el partido de Esteban Echeverría— a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como "Reglas Mandela", en homenaje a la larga detención del líder sudafricano que el presidente Mauricio Macri dice tener entre sus máximos referentes.   

Ante el carácter urgente que mostró la resolución del Ministerio de Justicia, la Procuración también recordó que está sin tratamiento en el Congreso un proyecto de ley presentado por el organismo para "atacar el problema estructural de sobrepoblación y regular la capacidad funcional y de alojamiento de los establecimientos de privación de libertad". La iniciativa, cuyo nombre es Ley para la Acreditación Funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y Control de la Superpoblación, fue presentada nuevamente en 2017, pero "al momento no ha tenido tratamiento parlamentario", recordó la PPN. 

"El delito hay que atacarlo y es bueno que el Estado reconozca la emergencia carcelaria, pero hay otras alternativas. Decretar solo la emergencia no va a arreglar el problema, el Estado está obligado a tomar medidas coherentes en esa dirección", sentenció Mugnolo.