A pocos días de la sentencia en el primer juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos hace tres décadas por el Ejército durante la recuperación del cuartel de La Tablada, organismos de derechos humanos emitieron un mensaje de apoyo para que las víctimas obtengan justicia a través de un fallo condenatorio para el único imputado, el militar que comandó aquel operativo durante el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín. “Expresamos nuestra solidaridad con las familias y los compañeros y compañeras que tanto han trabajado durante 30 años para saber la verdad sobre los cuatro detenidos desaparecidos: José Díaz, Iván Ruiz, Francisco Provenzano y Carlos Samojedny”, dijeron en un comunicado firmado por trece agrupaciones, entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo (LF). El viernes 12 el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín emitirá el veredicto, luego de las últimas palabras del acusado.  

“Saludamos la realización, después de 30 años, del juicio oral por el homicidio y posterior desaparición de José ‘Maradona’ Díaz que tiene como único imputado al general retirado Alfredo Arrillaga, responsable de la represión que siguió a la toma del cuartel de la Tablada por parte de integrantes del MTP el 23 y 24 de enero de 1989”, indicaron los organismos en el texto al que accedió Página/12. Tras recordar que Arrillaga fue condenado cinco veces a prisión perpetua por su participación en la Noche de las Corbatas, entre otros delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar, manifestaron que “ha quedado en evidencia durante el juicio que un sector del poder judicial trabajó para la impunidad de los responsables militares, avalando una coartada construida entre militares y funcionarios judiciales para la ocasión”, en referencia al armado de lo que durante décadas fue la versión oficial según la cual los militantes del MTP desaparecidos se habían fugado. Durante este proceso oral y público que comenzó en diciembre uno de los testigos aseguró que sus superiores le habían ordenado que mintiera en su declaración ante la justicia, realizada en el juzgado de Gerardo Larrambebere, donde el joven Alberto Nisman era secretario. Lo mismo dijo un soldado que estaba detenido por desertor, René Rojas, a quien los militares instaron a modificar su anterior declaración en el juicio en el que fueron condenados los militantes del MTP, lo indujeron a decir que los asaltantes habían maltratado a esos presos del regimiento. 

“Que se concrete este juicio sólo ha sido posible por la militancia de los sobrevivientes, ex presos y presas, los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos que reclamaron por la memoria, la verdad y la justicia a pesar de los obstáculos que han puesto diversos gobiernos, el poder judicial y el ejército”, reza el texto consensuado. “La otra evidencia que surge de todos los testimonios es que estando en plena democracia los militares violaron los derechos humanos con los mismos métodos de la última dictadura: torturas, ejecuciones sumarias y desaparición de personas”, agregaron además de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, LADH, CELS, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, APDH y APDH La Matanza, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asociación Buena Memoria y el MEDH. Para los firmantes, “la fiscalía y la querella están llevando adelante una tarea imprescindible que debe ser apoyada, en el camino no sólo del juzgamiento de Arrillaga sino también para avanzar con nuevas imputaciones sobre todos los responsables de lo ocurrido”. De hecho, el juicio que culmina el viernes es por sólo uno de los cuatro desaparecidos, sin contar los fusilamientos y las torturas del resto de sus compañeros, y con un sólo imputado.

Sumaron su adhesión a este pronunciamiento regionales de varias provincias de H.I.J.O.S, así como la Comisión Provincial por la Memoria, la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Familiares y Amigxs de Luciano Arruga, así como agrupaciones de víctimas del CCD Campo de Mayo (Comisión por la recuperación de la memoria, HIJOS de víctimas de desaparición forzada y de asesinato, Sobrevivientes, familiares y compañerxs de campo de Mayo), de Moreno (Familiares de detenidos desaparecidos y Moreno por la memoria), la Asociación Seré por la memoria y la vida, Ex detenidos-desaparecidos Mansión Seré Zona Oeste, el Grupo San Pablo Merlo Moreno, Comisión por la memoria, la verdad y la justicia Florencio Varela, la Mesa de la Memoria de La Matanza, la Comisión por la memoria militante de Necochea y varios organizaciones de Rosario (Familiares de Detenidos y Desaparecidos Políticos, Asociación Anahí Argentina, Colectivo Nacional ex presxspoliticxs y familiares, Asociación Derechos Humanos Cañada de Gómez).

También llegaron apoyos desde las provincias tales como los de la A.P.D.H San Luis, Multisectorial de DDHH Ushuaia, Zainuco – Neuquén, Ronda de las Madres de Plaza 25 de Mayo, Red por el Derecho a la Identidad-Jujuy, Ex Detenidos Políticos Ledesma, Familiares de Detenidos Desaparecidos- Calilegua, Asociación de DDHH Coca Gallardo- Salta y Asociación de DD.HH Lucrecia Barquet de la misma provincia. En tanto desde Córdoba se pronunciaron Familiares de Detenidos Desaparecidos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas, Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación de ex presos políticos por la Patria Grande y Mesa de trabajo por los Derechos Humanos.