En el marco de la decisión judicial que ordenó suspender las aplicaciones de delivery y cuatro días después de que Ramiro Cayola Camacho falleciera con la caja de Rappi en su espalda, se realizó hoy la primera audiencia en la Sala I de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de las rispideces entre las partes, los apoderados de las tres cadenas de aplicaciones (Rappi, Glovo y Pedidos Ya), el Gobierno de la Ciudad y los gremios allanaron el camino para la convocatoria de una mesa de diálogo, con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad como mediadora.

Los sindicatos que defienden a los repartidores insistieron en la responsabilidad que tienen las plataformas de garantizar los derechos a sus trabajadores, sobre todo luego de que el fin de semana tuvieran que lamentar la muerte de uno de los repartidores, “una tragedia anunciada” para la Asociación de Personal de Plataformas. El accidente ocurrió mientras mediaba una medida cautelar que prohibía la actividad de todas las plataformas de mensajería y reparto de alimentos hasta que no tomaran medidas adecuadas. “Es urgente conformar esta mesa de trabajo porque mientras tanto los repartidores están arriesgando su vida”, señaló a Página/12 Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista y representante de APP.

En presencia de los jueces Fabiana Schafrik y Carlos Balbín, los apoderados de las empresas ratificaron su posición intransigente: para ellos no existe una relación laboral entre las aplicaciones y los repartidores, por lo que no están obligados a cumplir con ninguna de las obligaciones que ordena la ley. Por su parte, el gobierno porteño hizo una afirmación que asustó a los sindicatos porque dejó entrever l aposibilidad de multar a los repartidores, replicando el “modelo uber” para responsabilizar a los trabajadores precarizados y no a las empresas.

Este es un punto trascendental para la Asociación, que entiende que el fallo firmado por el juez Andrés Gallardo la semana pasada no debe implicar la prohibición total de la actividad. “Lo que necesitamos es que se genere un ámbito institucional para abordar la complejidad de una forma más integral”, subrayó Ottaviano.

No obstante, tanto el gobierno como los apoderados de las empresas se mostraron abiertos a la propuesta del defensor del Pueblo de la Ciudad Alejandro Amor, quien ofreció su mediación, un gesto "sumamente valioso" para los trabajadores de APP que reclaman que reconozcan sus derechos.