Plan octubre con K

La desesperación del Gobierno en el medio de una crisis que alcanzó una magnitud impensada tan solo un año atrás se reflejó una vez más en los últimos anuncios. El paquete de medidas que presentó parte del gabinete de ministros, mientras Macri actuaba comprender los avatares de pagar un alquiler y vivir con ingresos derrumbados y una inflación galopante, son apenas paliativos para un enfermo en terapia intensiva, como es la economía argentina. Se trata de un conjunto de acciones tendientes a reactivar el consumo por la vía del congelamiento de precios de productos básicos, del congelamiento de las tarifas y de la oferta de créditos a jubilados y beneficiarios de la AUH y asignaciones familiares. Podría tratarse de una estrategia heterodoxa, si no fuera porque viene de los mismos que despotricaron contra los “controles de precios” y los “populismos”. 

El anuncio está signado por un cortoplacismo pragmático, cuyo objetivo es repetir la primavera de 2017, pero con una economía mucho más deteriorada y con un margen de acción mucho menor, tanto por la magnitud de la crisis como por las ataduras del acuerdo con el FMI. En buena medida, se trata de relanzar programas vigentes durante el kirchnerismo y destruidos por el mismo gobierno con escasas posibilidades de éxito, dado el descalabro económico en el que se insertan.

Los escasos 64 productos (en su mayoría alimentos basados en hidratos de carbono, como arroz, fideos, polenta y harina), cuyos precios prometen mantener por los seis meses que restan de aquí hasta las elecciones, son el resultado del fracaso de los planes ortodoxos y de un diagnóstico evidentemente errado de los motores de la inflación. Tal es el descreimiento de este tipo de medidas que, apenas asumieron el gobierno, desmantelaron la estructura de fiscalización de la Secretaría de Comercio y ahora esperan contar con el apoyo de organizaciones de consumidores para garantizar el cumplimiento del acuerdo. Por su parte, los 120 mil kilos de asado, vacío y matambre a 149 pesos por kilo semanales es una medida sumamente marginal, ya que representa apenas el uno por ciento del consumo.

El principal anuncio y más relevante en términos económicos son los 124 mil millones de pesos que se destinarán a otorgar Créditos Anses, los cuales representan aproximadamente un 2,6 por ciento de los préstamos mensuales al consumo (suponiendo una distribución equitativa en los próximos 6 meses) y casi el 0,75 por ciento del PIB. Nuevamente, y como ya es costumbre, el Gobierno apunta a calmar las aguas y evitar desbordes repartiendo plata en los sectores de más bajos ingresos a través de un sobreendeudamiento obsceno al permitir que el valor de la cuota pueda alcanzar el 30 por ciento de los haberes mensuales. Por otra parte, “el costo financiero más bajo del mercado” que supera el 50 por ciento solo puede enmarcarse en un escenario en el cual se prevé una inflación cercana a esos números. Claro que si se comparan estas tasas con las “del mercado” no hay duda de su conveniencia. Sin embargo, lo que se soslaya es que esos valores son el resultado directo y excluyente de la política monetaria del Banco Central, que viene sosteniendo una tasa monetaria arriba del 65 por ciento.

El parcial congelamiento de tarifas tampoco es un gran aliciente, al margen de que ya se aplicaron la mayoría de los aumentos previstos, implica un desembolso de subsidios por parte del Gobierno que deberá cubrirse a costa del abandono del “déficit fiscal cero” o, lo que es igualmente probable, con recortes de otras partidas. En cuanto al acceso a la vivienda, los anuncios son insignificantes. La convocatoria para un nuevo llamado del Plan Procrear con un subsidio promedio de $550 mil suena más a broma que a posibilidad real de cumplir el sueño de la casa propia. Pero peor aún es el párrafo del documento que dice “esta(r) terminando de diseñar alternativas para aliviar la situación de los que tienen hoy créditos hipotecarios en UVA y percibieron aumentos significativos en las cuotas”, siendo que el propio gobierno frenó más de cinco proyectos presentados en el Congreso para tratar esta cuestión.   

En definitiva se trata de un “plan bomba” para el próximo gobierno que deberá padecer una verdadera pesada herencia y para los miles de jubilados y beneficiarios de la AUH a los que pretenden endeudar para ganar las elecciones de octubre. 

* Economista Cifra-CTA.

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