La aplicación de la Ley Micaela en las universidades
“Una reparación de la desigualdad”
Todas las universidades deberán capacitar a su personal para prevenir situaciones de violencia de género y equiparar derechos.
Néstor García y Sandra Torlucci presentaron la iniciativa en el último plenario del CIN.Néstor García y Sandra Torlucci presentaron la iniciativa en el último plenario del CIN.Néstor García y Sandra Torlucci presentaron la iniciativa en el último plenario del CIN.Néstor García y Sandra Torlucci presentaron la iniciativa en el último plenario del CIN.Néstor García y Sandra Torlucci presentaron la iniciativa en el último plenario del CIN.
Néstor García y Sandra Torlucci presentaron la iniciativa en el último plenario del CIN. 

Las universidades nacionales adhirieron a la “Ley Micaela”: en el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores de todas las universidades del país votaron la adhesión del sistema educativo superior a la ley que prevé la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado, así como desarrollar y promover políticas tendientes a erradicar la desigualdad entre los géneros.

“La obligatoriedad de la capacitación es una cuestión que nos permite buscar la forma de prevenir las situaciones de violencia y las cuestiones de desigualdad porque las capacitaciones ayudarían también a trabajar la equiparación de derechos dentro del mundo académico que actualmente está complicada”, sostuvo Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y coordinadora de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género (RUGE), que funciona en la órbita del CIN. 

Torlucci señaló que la “Ley Micaela”, en memoria de la joven de 21 años asesinada en Gualeguay en abril de 2017, contempla como destinatarios de las capacitaciones a los funcionarios de la gestión pública, de los tres poderes del Estado y organismos descentralizados. Sin embargo, las universidades nacionales no estaban especificadas en la normativa. En ese sentido, la decisión que adoptó el CIN de incorporar a las casas de estudios en el Programa Nacional de Capacitación busca marcar un hito en materia de género en el área y crear herramientas para sancionar casos de violencia y visibilizar una problemática que atraviesa en distintos niveles al sistema académico. “El Consejo tomó el tema y que haya especificado la cuestión para las universidades nos incorpora sin duda a esa ley”, señaló Torlucci. 

La Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género (RUGE) del CIN es el organismo encargado de coordinar y evaluar la calidad de los programas de capacitación que elabore e implemente cada universidad. Es decir, la Red se ocupará de supervisar y certificar cada plan de capacitación, definir quiénes van a formar a las autoridades, docentes, no docentes y estudiantes de las universidades públicas, cómo van a ser los cursos, el tiempo de duración, entre otras funciones. Además, la Red trabaja en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Políticas Universitarias.

“Todas las universidades pueden recurrir a la Red para pedir capacitadores, protocolos, y todas las cuestiones de análisis de casos clínicos que puedan existir vinculadas con algunas personas que estén dentro de la universidad pero que también se vinculen con el afuera”, sostuvo la coordinadora de la Red. 

Para Torlucci, la aplicación de la ley dentro del sistema universitario “va a tener a largo plazo una reparación de desigualdad y a corto plazo implicará hacerse cargo de resolver problemas de violencia de género, los que ya se han dado o que se den de manera inmediata”. 

Además, la rectora de la UNA señaló que la adhesión a la ley implica una mejora en la calidad educativa, ya que posibilita “curricularizar la perspectiva de género”.

Durante el plenario de rectores y rectoras del CIN que aprobó la iniciativa, estuvo presente Néstor García, el padre de Micaela. “Hoy nuestros futuros dirigentes se forman en las universidades y por eso es fundamental que tengan perspectiva de género. Que se sumen a la Ley Micaela es el primer paso”, sostuvo García, quien integra la RUGE y es decano de la Regional Concepción del Uruguay de la UTN. 

La creación de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género (RUGE) fue aprobada en 2017 y en mayo pasado se reunió por primera vez para constituir su comité ejecutivo. Su creación constituyó un primer paso para la erradicación de la violencia de género dentro del sistema universitario. Luego la mitad de las 57 universidades públicas comenzaron a implementar protocolos sobre violencia de género. Los protocolos establecen pautas para prevenir, atender y sancionar administrativamente los casos de violencia. En algunos casos existían muchos problemas para su cumplimiento no por falta de voluntad sino por desconocimiento de la normativa específica. Otras universidades directamente no tenían protocolos. 

“Lo que hace esto es poner en evidencia que no alcanza con los protocolos y que todo el sistema se tiene que comprometer”, destacó Torlucci. 

 

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