Tres varones disputarán el 16 de junio la gobernación de Santa Fe. Si se toma las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias como un indicio certero de lo porvenir, la disputa será entre Antonio Bonfatti, socialista, que ya fue gobernador, y Omar Perotti, peronista, senador, conocido de este suplemento por haberse abstenido en la votación del proyecto de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La derrota de María Eugenia Bielsa en la interna del frente Juntos dejó sin mujeres la contienda por el cargo ejecutivo más alto de la provincia. La buena noticia para los derechos de las mujeres y disidencias es que la coalición Cambiemos -que postula al intendente de Santa Fe, José Corral- salió tercera cómoda en la bota: con más de 2,6 millones de electores es uno de los grandes distritos del país. Después de Bielsa, la mujer más votada fue Amalia Granata. Sus más de 146 mil votos son el dato más desalentador de las PASO. 

La elección de la mediática tiene su sainete: hasta el 12 de mayo, el Tribunal Electoral tiene plazo para definir si puede participar de las generales, ya que su partido, Unite, revocó su candidatura diez días antes de la interna. Granata se autoproclamó la representante del voto “celeste” o antiderechos. Si el Tribunal Electoral la deja competir, de las cuatro bancas en la Cámara de Diputados provincial que podría obtener si repite los resultados del último domingo, una sería para el pastor del Movimiento Pentecostal Walter Ghione y otra para Nicolás Mayoraz, abogado antiderechos vinculado al Opus Dei. El ingreso de estos actores en una Cámara de Diputados con alto nivel de dispersión es un alerta rojo. Su moneda de cambio será siempre la vulneración de las conquistas obtenidas por mujeres y disidencias sexuales.

 “La performance de Granata es el dato más preocupante para nosotras y tenemos que construir respuestas muy rápidas”, señaló Noelia Figueroa, licenciada en Ciencia Política e integrante del Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Figueroa señaló que “a nivel mundial los antiderechos están creciendo,  y mucho más articulados que hace unos años. No se puede entender lo de Granata sin entender ese crecimiento a nivel global. Tenemos que estar muy atentas para generar espacios de encuentro con sectores a los que no llegamos, y es clave para los feminismos llegar a toda la provincia, desde el amor y no desde la confrontación”.  

Con Granata no está dicha la última palabra. El partido Unite, cuyo apoderado es José Bonacci, histórico militante del Modin de Aldo Rico,  se presentó ante el Tribunal de Cuentas diez días antes de las PASO para bajar la candidatura provincial. Como las boletas únicas -en el sistema electoral de Santa Fe todes les candidates de cada categoría están en la misma planilla- ya estaban impresas, Granata compitió pese a esa presentación. En el medio, hubo insultos cruzados (el problema fue porque los candidatos se negaron a incorporar a la esposa de Bonacci en la lista) y acusaciones de estafa. Tras la PASO, Bonacci volvió a avisar en la Justicia que no firmará ningún documento de cara a las generales. Es el Procurador de la provincia, Jorge Barraguirre, quien debe dictaminar ahora, y luego el Tribunal Electoral. Para el abogado constitucionalista Domingo Rondina no hay discusión posible: “El tema es cuál es el rol de los partidos, y si puede haber candidatos más allá de los partidos. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que no y la Cámara Electoral Nacional dijo que no. No hay mucho para discutir”. El profesional subrayó que “en la Argentina el monopolio de las candidaturas lo tienen los partidos” y recordó el antecedente de Joanna Picetti, diputada nacional electa por la Coalición Cívica que no pudo asumir porque el Partido revocó la representación. “Si en su caso, que ya estaba electa, la Cámara Nacional Electoral decidió en ese sentido, mucho más lo sería en este caso, cuando aún no se ha presentado en la elección general.”  Si las chances de Granata se dirimen en la Justicia, la inquietud sobre su crecimiento es un imperativo para la política. 

“Que las principales candidaturas triunfantes hayan sido de varones para cargos ejecutivos da cuenta de algo que desde hace tiempo venimos diciendo desde el movimiento feminista y es que si bien en la calle somos el movimiento más fuerte y potente, a la hora de intervenir en los espacios de decisión y de poder las cuentas nos siguen dando mal porque se sigue priorizando a estas figuras, que no sólo son varones, sino que son varones, heterosexuales, blancos, propietarios, que responden a un arquetipo que ha dominado históricamente en las instituciones, dejando por fuera un montón de trayectorias y de experiencias. Cuando nosotras, las mujeres, las feministas, las disidentes sexuales, podamos realmente ocupar esos lugares, ahí habrá un cambio de paradigma”, consideró Figueroa. 

Las conquistas en derechos sexuales y reproductivos en la provincia de Santa Fe donde, sobre todo en Rosario, se garantizan las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) con una interpretación amplia de las causales tal como indica el Protocolo vigente del Ministerio de Salud de la Nación, es una preocupación candente. La elección de gobernador pivotea en distintas disyuntivas. Que Bonfatti, candidato del Partido Socialista, haya reiterado que votaría en blanco nuevamente en un ballotage entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, significó para muches electores un punto de inflexión. Perotti, con su abstención en la votación del 8 de agosto, genera rechazo en el movimiento de mujeres.  Pero además, la ciudad de la que fue intendente durante ocho años, Rafaela, es un bastión de las políticas antiderechos. Perotti busca mostrar equilibrio y de hecho lleva como vicegobernadora a Alejandra Rodenas, diputada nacional que sí votó a favor de la legalización del aborto. “Bonfatti  puede ser mucho más favorable al tema aborto pero no está teniendo una posición claramente antimacrista, y ese es el principal problema. De todos modos, con cualquiera de los dos gobernadores vamos a tener mejores condiciones para seguir sosteniendo nuestras luchas y para acceder a los derechos básicos”, apuntó Figueroa. La Cámara de Senadores de la provincia dejó caer el año pasado la ley de paridad, y tiene trabadas las de Educación Sexual Integral y el cupo laboral trans. Es decir que la presencia de un Ejecutivo más afín a esas políticas públicas no es garantía. Y lo será menos si un bloque antiderechos se convierte en árbitro de las negociaciones.