La empresa de cruceros Carnival fue la primera en ser demandada en los tribunales federales de Miami en el primer día de aplicada en su totalidad la ley Helms-Burton. Las demandas fueron interpuestas por Javier García Bengoechea, que afirma ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Mickael Behn, cuya familia originaria de Kentucky poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero. En una improvisada rueda de prensa a las afueras de los tribunales de Miami, ambos expusieron las razones de sus demandas acompañados de sus respectivos abogados, pero no dijeron cuánto reclaman a Carnival como compensación. Behn, por su parte, se mostró conmocionado e incluso lloró al mencionar la propiedad “robada” a su abuelo. “Somos los primeros en anunciar demandas en virtud de la ley Helms Burton contra Carnival que fue la primera línea de cruceros en beneficiase de nuestra propiedad robada, por lo que merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados bajo esta ley”, declaró Behn. Portavoces de Carnaval, en tanto, se limitaron a señalar que continúan operando los cruceros a Cuba con el calendario que tienen previsto. Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses certificaron 5.913 casos de ciudadanos y empresas de ese país que pueden acogerse en la nueva implementación de la ley por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones. Pero además, afirmó Kavulich, hay otros muchos que podrían demandar incluso sin certificación.
Según afirmó hace pocos días el abogado Bengoechea, tanto su cliente como el otro demandante Behn cumplieron con una suerte de mecanismo de conciliación que ofrece el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se trata de una carta oficial que se envía a los potenciales demandados advirtiéndoles de que tienen un plazo de 30 días para llegar a algún arreglo extrajudicial. “Todos estamos dispuestos a acordar si nos ofrecen una compensación”, subrayó el abogado Nicolás Gutiérrez. Según la ley Helms-Burton, para poder presentar una demanda la propiedad confiscada debe tener un valor igual o superior a los 50.000 dólares.
