EEn los últimos días de enero, una niña tucumana de tan sólo once años que luego fue conocida como “Lucía” –ese nombre le pusieron para proteger su identidad– proveniente de un pequeño pueblo olvidado del nordeste de la provincia, fue violada por la pareja de su abuela, quedó embarazada producto de esa violación y fue obligada a parir por las autoridades políticas, judiciales, sanitarias y religiosas de Tucumán, lideradas principalmente por el gobernador Juan Luis Manzur, la ministra de Salud Roxana Chahla, el secretario de Salud Gustavo Vigliocco y la fiscal de homicidios Adriana Giannoni, quienes pusieron en riesgo su vida desoyendo el pedido de los abogados, de la madre de la niña, e incluso de la misma chiquita que con una honestidad brutal había expresado ante Cámara Gesell “quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Mientras los principales poderes provinciales jugaban una batalla con su cuerpo y cometían una de las vejaciones más siniestras que se hayan dado a conocer antes a una niña, una fuerte resistencia social llevada a cabo por distintos referentes de derechos humanos y movimientos feministas del país intervinieron y lograron finalmente, y luego de una gran cantidad de dilaciones, actos violentos, manipulaciones y amenazas de todo tipo, que se pudiera llevar a cabo la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a esta niña. Pero lo que le pasó a Lucía, si bien ha tenido un alto reconocimiento nacional e internacional, no fue para nada un hecho aislado, ni tampoco la primera ni la última vez que sucede algo similar en Argentina. Entonces, ¿cuál es el contexto político y social en el que suceden este tipo de historias? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el noroeste argentino, y especialmente en Tucumán, que en este último tiempo se ha convertido en la provincia más controvertida en cuanto a lo que derechos humanos de niñas, niños y adolescentes se refiere?
REGIÓN VIOLENTA
En este último tiempo, se ha vuelto notable y sorprendente la cantidad de hechos agraviantes que ocurren en tan sólo una provincia: Tucumán, donde torturan y obligan a parir a niñas violadas embarazadas. Tucumán, la provincia donde hace apenas unos días dos hombres atacaron y violaron a un joven trans en las calles de San Miguel. Tucumán, la provincia donde el año pasado policías mataron a un niño de doce años de un tiro en la nuca. Tucumán, donde en 2014 una joven estuvo presa más de dos años sin sentencia por realizarse un aborto espontáneo. Tucumán, la de la legislatura que el año pasado se declaró “provida” e intentó llevar adelante una ley que buscaba impedir la ILE en casos de violaciones. Tucumán, la provincia donde el poder de la iglesia y la presión que ejerce sobre el Estado son tales que en pleno debate por el aborto legal, un arzobispo instó a diputados y diputadas para que rehagan el proyecto que días después se trataría en la Cámara Baja. Tucumán, donde un grupo de abogados fundamentalistas religiosos denunciaron legalmente a los profesionales encargados de practicarle la microcesárea a Lucía (y de salvarle la vida). Tucumán, la provincia donde el activismo “provida” es tan fuerte que ya se han realizado un sinfín de marchas antiderechos, todas con gran concurrencia de gente y muchas de ellas encabezadas y sostenidas económicamente por el gobernador de la provincia, Juan Luis Manzur, quien además se declaró abiertamente defensor de “las dos vidas”. Tucumán, una de las únicas provincias de la Argentina que aún no adhiere al Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). Tucumán, y la lista sigue...
Para Cecilia Ousset, ginecóloga encargada de operar a Lucía, todas estas cuestiones se deben, no solamente a que esta provincia sea en sí conservadora, sino también a que forma parte de una de las regiones más vulnerables del país: “La pobreza que existe en el NOA es altísima, al igual que el analfabetismo, y Tucumán tiene la mayor tasa de población con niñas-madres de la Argentina, situación que, sin duda, perpetúa muchísimo más aún la pobreza en toda la región”. Y esto puede reforzarse con los últimos y alarmantes datos de Andhes -Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales-: sólo durante 2017 hubo 4.231 embarazos de adolescentes de entre 15 y 19 años, y 137 partos de niñas menores de 15 años, la mayoría embarazos infantiles forzados como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violencia. Si además a esto se le suman las estadísticas de pobreza estructural, como dice Ousset, y la falta de implementación de políticas públicas de prevención y mecanismos institucionales que tienden a fortalecer y garantizar los derechos a la vida y la salud de las personas, resulta posible acercarse a una idea precisa de la desprotección extrema en la que viven las niñas, niños y adolescentes de esta provincia.
Analizando puntualmente la cantidad de casos de abusos y violaciones a menores que ocurren especialmente en los pueblos más alejados de la capital de Tucumán, el abogado de Andhes, Emilio Guagnini, expresa: “Si bien no se puede afirmar científicamente que en los pueblos chicos el abuso y la violación sexual infantil sea algo endémico, y tampoco que sea en Tucumán solamente donde esto sucede, sí se puede decir que estos tipos de abusos son intrafamiliares en un 90 por ciento de los casos, y al ser intrafamiliar, en un pueblo chico, el abuso se propaga fácilmente. Sumado a que en las zonas rurales este tipo de situaciones lamentablemente muchas veces se naturalizan”.
Con respecto a la necesidad urgente de que la ESI sea implementada en esta provincia, Laura Casas, abogada de Cladem, también describe la situación: “Tucumán aún no está adherida al programa, pero en la actualidad y por un convenio con el Consejo Federal de Educación, la ESI se está implementando, aunque solamente se termina llevando a cabo en pocas escuelas y de manera no coordinada, porque existe muchísima resistencia por parte de varios establecimientos”. La oposición existente que señala Casas es tal que, a fines del año pasado, un grupo de padres presentó una denuncia penal contra el ministro de Educación y la ministra de Salud por haber aplicado este programa, ya que consideraban que en su implementación subyace una “ideología de género”. En relación a este hecho puntual, la abogada opina: “Todo es parte de una gran estrategia conservadora que está resurgiendo en Latinoamérica, son movimientos antiderechos que están en contra de la aplicación de esta normativa, pero que además también están en contra de las leyes de identidad de género, del matrimonio igualitario, etcétera. Es decir, todo esto tiene que ver con marchas y contramarchas de los movimientos, pero claramente este hecho puntual resulta ser una contraofensiva muy lamentable porque nos lleva a sufrir un proceso de retroceso gravísimo en materia de derechos humanos en toda la región”.
Y si se mencionan estos aspectos como posibles causas de la grave situación que está atravesando esta provincia, resulta inevitable sumar la problemática de la religión católica y evangélica. Según Fernanda Rotondo, coordinadora del área de Género de Andhes: “La iglesia es el sector con mayor poder económico de Tucumán y posee una gran influencia en las instituciones estatales. Por ejemplo, si la ESI se empieza a debatir en la legislatura, existe una bajada de línea del arzobispado que hace que se cajonee. También hay sectores antiderechos extremistas de la religión que están en lugares de poder: por ejemplo, actualmente un ex abogado del arzobispado, Facundo Maggio, está trabajando como juez. Entonces tenemos ahí instancias muy complejas donde claramente no estamos practicando un Estado laico. Y esos sectores de extremismo religioso son muy reaccionarios, están financiados por funcionarios, y todo eso se hace público sin ningún pudor. Además, sectores religiosos que tienen mucho poder y mucha capacidad de sentar bases en barrios, están atendiendo problemáticas que el Estado no está respondiendo. Por ejemplo, se han abierto sedes de iglesias evangélicas que acompañan a adolescentes o a niñas en situación de consumo problemático, entonces también, ante una desprotección estatal, ante una desinformación total de las oficinas del Estado ante ciertas situaciones, el avance de las instituciones religiosas están pisando bastante fuerte desde el dogmatismo.”
Sin embargo, no es solamente Tucumán la única provincia que tiene graves problemas en cuestión de violencia de género y derechos humanos, ni tampoco el único territorio donde su población está cruzada por la imposición de los fundamentalistas religiosos, donde la mayoría de la población es católica, y la iglesia amenaza constantemente con la idea de poder concentrado y con todas sus alianzas económicas y políticas: al menos todas las provincias del noroeste argentino están pasando por situaciones semejantes. En Jujuy por ejemplo, unos días antes de que se diera a conocer la historia de Lucía, una niña de 12 años también fue forzada a gestar por las autoridades antiderechos sin que la sociedad se manifestara en contra. Y hace unos días, también en esta provincia, detuvieron a una mujer que trabajaba en la Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti, ubicada en la capital, acusada de presunto abuso sexual contra una menor de tres años que asiste a esa institución. A su vez, hace algunas semanas también en Jujuy, grupos “provida” realizaron una marcha y una misa en la puerta del Hospital Materno Infantil Quintana para evitar que se interrumpiera un nuevo embarazo producto de una violación a otra menor.
Y otro hecho significativo ocurrió a finales de marzo en el ámbito educativo de otra provincia del NOA: en la Facultad de Ciencias Médicas de Santiago del Estero, a puertas cerradas y mediante un proceso totalmente antidemocrático, se designó como decano de la Facultad a Eduardo Allub, un ginecólogo antiderechos que es conocido por trabajar activamente en la provincia para evitar los abortos no punibles que están contemplados en el Código Penal. Ante esto, lxs estudiantes decidieron hacer una toma del establecimiento y, luego de varios días de lucha, que incluyeron situaciones de amenaza y violencia explícita por parte de ciertos docentes antiderechos, han conseguido que las autoridades educativas acepten la inclusión de un Consejo Asesor conformado por estudiantes y docentes y es por esto que a mediados de abril finalmente levantaron la toma, aunque aún sin saber todavía qué tipo de participación podrá tener este Consejo dentro de las decisiones que se tomarán a futuro en esta facultad.
LA TRAMA ANTIDERECHOS
Si bien la historia de Lucía, la niña tucumana de once años obligada a parir, no fue la primera ni la única, a partir de que ocurrió este hecho, en Tucumán empezaron a salir a la luz una serie de sucesos que merecerían un capítulo aparte por el exceso de violencia explícita y la vulneración de derechos que provocaron. Por ejemplo, el secretario de Salud, Gustavo Vigliocco, se encargó durante un tiempo de extorsionar a la madre de Lucía ofreciéndole, entre otras cosas, adoptar al bebé y construirle una casa nueva para ella y su familia en caso de que el aborto no se llevase a cabo -según contó hace unos días la madre de Lucía con sus propias palabras a un medio de comunicación: “Él me dijo ‘si vos no querés darlo en adopción, yo te prometo que me hago cargo del bebé. Yo lo voy a criar como a mi propio hijo’. Y Le decía a Lucía ‘aguantá, mami, aguantá hasta los siete meses y te prometo hacerte tu casa. Se ha ido hasta mi pueblo, donde yo vivo, a ver mi casa. Y ha ido y ha hablado en la comuna y ha hecho desarmar mi casa, destechar mi casa”-. También fue el mismo Vigliocco quien se ocupó de visitar a la niña con frecuencia durante su internación para, literalmente, acariciarle la panza y convencerla de que debía seguir llevando adelante el embarazo. Y luego de que finalmente se lograra practicarle la ILE a Lucía, Vigliocco desapareció, dejando todas sus promesas incumplidas y lo que es mucho peor aún, la casa de la mamá de la niña en ruinas. Otro ejemplo de esto corre por cuenta de la fiscal de homicidios Adriana Gianonni, que quiso poner un defensor oficial al feto que llevaba Lucía en su vientre, además de amenazar con iniciar acciones legales a cualquier profesional del hospital donde estaba internada la niña que no garantizara el cumplimiento de “las dos vidas”. Y la cantidad de hechos tan insólitos como agraviantes no terminan allí pero, como para sintetizar, lo que se vio y lo que se vivió en el norte del país desde que se dio a conocer la historia de esta niña violada fue el costado más macabro y mafioso de una trama organizada por políticos, fiscales, médicos y miembros de la iglesia católica y evangélica que tuvieron como único fin la amenaza y el amedrentamiento a toda persona que desde la acción o la palabra se declare en contra de que cualquier niña o adolescente embarazada continúe llevando adelante una gestación producto de una violación: algo que por ley está prohibido hace más de cien años en toda la Argentina, pero que en Tucumán pareciera que todavía no sucede.
Pero lo que hicieron con Lucía fue tan violento y tortuoso, que esta vez la respuesta social no tardó en llegar, y la reacción de la opinión pública fue de indignación. Unos días antes de que Lucía fuera operada, la tía de la niña se comunicó con el colectivo Ni Una Menos para pedir ayuda, y ese mensaje fue visto también por integrantes de Cladem y de Andhes. A partir de ese momento, ambas organizaciones intervinieron en el caso de forma directa y continua, y también se sumó Equality Now, una organización no gubernamental en defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas de todo el mundo. El hecho de que una niña embarazada esté diciendo que desea interrumpir la gestación, pero las autoridades tucumanas hagan caso omiso de este pedido sensibilizó a la sociedad y generó que el caso tuviera aún mayor repercusión, hasta el punto de llegar a conocerse internacionalmente. A comienzos de abril, la organización argentina Encuentro de Profesionales contra la Tortura denunció legalmente al gobernador de Tucumán, Juan Luis Manzur, a la ministra de Salud, Roxana Chahla, y a otras autoridades políticas y sanitarias que participaron de este hecho ante la Asociación Médica Mundial y, unos días después, Amnistía internacional viajó a Tucumán ante las preocupantes cifras de embarazos en niñas y los ataques a defensores de derechos humanos.
Más allá de estos nuevos avances sociales conseguidos, el conflicto entre los defensores de los derechos humanos y los grupos antiderechos está cada día más candente y la problemática continúa porque, actualmente, la lucha contra todo aquello que hace posible la existencia de violencia de género y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Argentina aún no está para nada ganada; y las condiciones para que todavía sigan existiendo muchas más Lucías en nuestro país, por momentos parecieran estar más vigentes que nunca.
