La Legislatura habilitó su nombramiento en el Supremo Tribunal de Justicia porteño
Memoria Activa criticó el dictamen a favor de Santiago Otamendi
Memoria Activa señala el rol de Otamendi en el encubrimiento del atentado a la AMIA.Memoria Activa señala el rol de Otamendi en el encubrimiento del atentado a la AMIA.Memoria Activa señala el rol de Otamendi en el encubrimiento del atentado a la AMIA.Memoria Activa señala el rol de Otamendi en el encubrimiento del atentado a la AMIA.Memoria Activa señala el rol de Otamendi en el encubrimiento del atentado a la AMIA.
Memoria Activa señala el rol de Otamendi en el encubrimiento del atentado a la AMIA. 

Memoria Activa criticó el dictamen con el que la Legislatura porteña habilitó el nombramiento del ex número dos del Ministerio de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, en el Supremo Tribunal de Justicia (TSJ) porteño. “A pesar de que pedimos y explicamos por qué no debe ocupar un cargo en el TSJ, desestimaron las impugnaciones. Otra vez, el Estado no estuvo a la altura y sigue trabajando al servicio de la impunidad”, denunciaron desde la agrupación de familiares de víctimas del atentado a la AMIA.

El colectivo que reúne a un grupo de familiares que perdieron seres queridos y amigos en la explosión de la sede de la mutual judía hace 25 años cuestionó la decisión mayoritaria tomada por la Comisión de Ética del parlamento porteño el pasado viernes, que no tuvo en cuenta las críticas a las propuestas del Ejecutivo para cubrir dos cargos vacantes en la máxima autoridad judicial de la ciudad y en la Fiscalía general y dejaron a los candidatos, dos de ellos integrantes del Ejecutivo nacional, a un paso de asumir los nuevos roles.

La representante de Memoria Activa Diana Wassner consideró “vergonzoso” el dictamen de la comisión a favor de Otamendi. “Tenía tres impugnaciones más además de la de Memoria Activa, todas relacionadas con las maniobras de las que participó para obstaculizar el juicio (por el encubrimiento del atentado a la AMIA). Pero además, nos enteramos en la audiencia, no tiene más que el título de abogado, sacó el puesto 33 en el orden de mérito... Queda claro el dedazo”, dijo, en diálogo con este diario.

En representación de Memoria Activa, Wassner expuso –el viernes pasado– los argumentos del colectivo para impugnar la candidatura de Otamendi a ocupar uno de los puestos vacantes que existen en el TSJ desde diciembre. Durante la misma audiencia, se trataron también las candidaturas de la jueza Marcela De Langhe y de Juan Bautista Mahíques, otro funcionario del Ejecutivo nacional, al frente de la Fiscalía general de la ciudad. Para que esas candidaturas sean efectivizadas, la Comisión de Ética debía dictaminar a favor de las propuestas oficiales y habilitar la discusión en el recinto, donde los candidatos tendrán que cosechar al menos 40 de los 60 votos para acceder a los cargos.

Según Memoria Activa, Otamendi formó parte de las maniobras del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Germán Garavano, para proteger a los dos ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia de las acusaciones por encubrimiento del atentado durante el juicio en el que fueron juzgados y condenados en febrero pasado. “Hace 25 años que luchamos por justicia. La causa AMIA 25 años después permanece impune y esta impunidad no se debe a un acto terrorista o fatalidad, sino a que existieron maniobras de encubrimiento por parte de los poderes del Estado para que nunca tengamos verdad ni justicia”, sostuvo Wassner durante la audiencia pública.

“Acaba de terminar un juicio relacionado con los encubridores y se dio una situación tremenda: se intentó salvar y proteger a dos de los imputados”, continuó y concluyó: “Sería una decisión gravísima que se vote a alguien que está vinculado con maniobras de encubrimiento en la causa AMIA”.

La agrupación de familiares de víctimas no fue la única que impugnó la candidatura de Otamendi para ocupar uno de los dos puestos vacantes en el máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. También fue objetado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Según pudo reconstruir la agencia pública, Paula Litvachky, del CELS, aseguró que Otamendi “no cumple con los requisitos” para ocupar el lugar dentro del TJS, entre ellos el de autonomía respecto del poder gubernamental, y cuestionó que sea “parte medular del gobierno nacional y porteño al punto de verlo salir a participar de timbreos durante época de campaña”. Las agrupaciones también impugnaron a Mahíques, actual subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, que también representa al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

No obstante los argumentos oídos, los diputados integrantes de Vamos Juntos y de Evolución de la Legislatura porteña, avalaron en la Comisión de Ética el dictamen de postulaciones, que quedó listo para ser tratado y votado en el recinto. Los legisladores de Unidad Ciudadana y la representante del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, no respaldaron las postulaciones. 

Con el dictamen en circulación, Wassner advirtió sobre “las consecuencias de ubicar jueces y fiscales a dedo, no solo para nosotros, familiares de víctimas de la AMIA, sino para toda la ciudadanía. Nos preguntamos con qué criterio se elige a las autoridades máximas judiciales de la ciudad, nos preguntamos si no existe alguien mejor capacitado y sin vínculos con el encubrimiento del atentado para elegir, nos preguntamos por qué se prioriza la impunidad. No pueden seguir los dedazos porque así el país no va a mejorar más”. 

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