La titular del Juzgado Federal Nro 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, aceptó la competencia en la causa por lavado de activos contra Alejandro Muszak, "el Madoff de Olivos" y CEO de la fintech Wenance, iniciada por el abogado querellante Alejandro Liporace en 2024. De esta manera, la jueza convalida lo actuado por la fiscalía interviniente y concentra casi la totalidad de las causas contra el financista que tramitan en el país. 

Previamente había acumulado las causas penales iniciadas en los juzgados penales 43 de CABA, primero a cargo de la subrogante Paula González, luego remplazada por Vanesa Peluffo,  y 3 de San Isidro, en cabeza de la Dra. Andrea Rodríguez Mentasty, quien detuvo al financista por primera vez hace un año.

La causa por lavado tuvo un largo recorrido. El sorteo inicial recayó en Daniel Rafecas, quien se excusó porque ya existía una causa similar, iniciada en 2021, con la misma carátula y con los mismos denunciados, en el Juzgado Penal Económico Nro 3 de Rafael Caputo.

A su vez, Caputo se excusó, en un escrito en el que daba a entender que el rechazo de Rafecas era prematuro, porque al menos debería haber realizado una investigación preliminar que lo llevara a esa conclusión y se esperaba que la decisión recayera sobre el Tribunal de Casación. 

En los meses posteriores, Arroyo Salgado recibió tanto la causa del 43, la primera contra Muszak y señalada por los querellantes por su lentitud, como la de San Isidro, cuya instrucción tramitó en tiempo récord y llevó al reo a cumplir prisión preventiva en el penal de Magdalena, ambas por estafa y asociación ilícita. 

Luego, la fiscalía dictaminó que quien ya acumulaba las dos grandes causas se hiciera cargo de la tercera. Lo que acaba de ocurrir es que Arroyo Salgado, en vez de excusarse, en una causa que muchos magistrados intentan evitar, aceptó formalmente la competencia. 

Causa picante

Se trata de un paquete de causas de extrema complejidad, con más de 500 damnificados, por un monto que supera los 300 millones de dólares, que la convierte, hasta $Libra, en la mayor estafa financiera de la historia argentina. La cifra decuplica la de Cositorto el Generación Zoe y más que triplica la de Enrique Blacksley.

La causa también tiene múltiples ramificaciones políticas, que Muszak intentó negar en varias oportunidades. Uno de sus socios minoritarios fue el bullrichista Santiago Hardy, actualmente Subsecretario Apoyo Federal a la Emergencia en el ministerio de Seguridad de la nación, ex secretario de Agricultura Familiar en el gobierno de Mauricio Macri.

Entre los imputados por la criptoestafa $Libra figura Mauricio Novelli, muy cercano a Karina Milei, trabajó junto a Muszak en empresas vinculadas a Wenance. Ocurre que las normativas vigentes del BCRA le impiden a las empresas fintech captar fondos de manera directa. 

Para burlar esa disposición, Muszak creó una serie de empresas de papel (Créditos al Río y Arrayanes Capital, entre otras), que cumplían esa función y luego le prestaban el dinero a Wenance. Novelli era responsable de recaudar a través de nuevos inversores. 

Del otro lado del mostrador, entre los inversores damnificados, figuraba un integrante de la corte suprema fueguina y un intendente del norte del conurbano que dejó su puesto tras las elecciones de 2023.

Días pasados, la Cámara Federal de San Martín rechazó conceder arresto domiciliario al CEO de la fintech Wenance, Alejandro Muszak, quien permanece preso en la cárcel de Ezeiza acusado de 524 casos de estafas a inversores. 

El Tribunal de Apelaciones consideró que no hay motivos para presumir que la permanencia de Muszak en la cárcel represente un "riesgo cierto, concreto y actual para su estado de salud", con lo cual se negó concederle prisión domiciliaria, según la decisión de los jueces de San Martín Néstor Barral y Alberto Lugones.

La defensa había argumentado que Muszak "es una persona con severos problemas de salud y un riesgo de vida cierto en caso de mantenerse su actual situación de detención". El acusado es portador de HIV pero un informe del Cuerpo Médico Forense indica que tiene "buen estado de salud aparente sin signos clínicos de patologías físicas agudas o crónicas en evolución que indiquen su internación en un establecimiento hospitalario extramuros". 

La investigación penal confirmó que Muszak realizaba intermediación financiera ilegal, sin licencia del Banco Central (BCRA). Su operación consistía en emitir títulos de deuda por esos préstamos y colocarlos, tercerizando así el riesgo. Llegó a vender hasta seis veces el mismo préstamo, lo que constituye una típica conducta de esquema Ponzi, donde los nuevos inversores pagan los beneficios de los anteriores.