Opinión
Inflación represiva

En 2014, el Centro Municipal de Análisis del Delito de la ciudad de Mar del Plata (Cemaed), dependiente de la Secretaría de Seguridad de la intendencia (que fuera un modelo de gestión local), publicó un informe lapidario: más del 70 por ciento de las causas por drogas que iniciaba la Policía Bonaerense en la ciudad era por tenencia de marihuana para consumo personal. Cuando los datos tomaron estado público, se desató un escándalo modesto y el fiscal general departamental prohibió a los agentes de la jurisdicción que aprehendieran a personas por ese motivo. Así, esa clase de expedientes prácticamente desapareció y los recursos disuasivos, preventivos, investigativos y represivos se destinaron a fines más relevantes. 

Hoy la realidad es muy distinta. La ciudad es gobernada por un intendente de discurso manodurista rayano con el absurdo, la Secretaría de Seguridad ha quedado reducida a su mínima expresión y el mismo fiscal general está procesado por delitos de lesa humanidad (aunque, mientras permanece en su cargo, afirma que podrá acreditar su inocencia). No obstante, contra todas las vicisitudes, el Cemaed (a la fecha, con tres de los 13 técnicos con los que contaba hasta 2015 y sin dirección técnica) ha logrado publicar informes periódicos. En el último, se destacan entre el fárrago de datos unos que impresionan.

En Mar del Plata, los procedimientos por tenencia de drogas para consumo personal aumentaron más de un 4800 por ciento entre enero y abril de 2019 (de 17 a 822). En el cuarto mes del año, más de la mitad de los procedimientos policiales fueron por este motivo (822 de 1527). Considerando que en cada procedimiento hubo, al menos, una persona involucrada, la cantidad de detenidos en causas de este tipo es enorme y desproporcionada. Y esto, solo contabilizando las actuaciones del Comando de Patrullas y la híbrida Policía Local (quedan afuera las practicadas por otros cuerpos de la Bonaerense y por las fuerzas federales, que no dejan de crecer en el territorio marplatense).

Así es que, de acuerdo con los últimos relevamientos, cerca de mil personas fueron detenidas en lo que va del año por llevar entre sus pertenencias poquísimos gramos de marihuana (o, en mucha menor medida, cocaína). Esto implica un desperdicio de los recursos públicos en actividades que no conducen a resultados efectivos, aunque sí a consecuencias secundarias severas. Por más discursos rimbombantes que se ensayen, un Estado que detiene jóvenes con pizcas de droga en su poder no se está ocupando de la narcocriminalidad. En cambio, distrae la atención del centro de la problemática y pasa por alto a los mercados que la rigen. Además, aplica sus recursos limitados (policiales, fiscales y judiciales) en actuaciones que regalan volumen estadístico superficial a cambio de criminalizar, sin efectos virtuosos de ningún tipo, a los consumidores. Y, si le resulta necesario, no tiene reparos para arrasar con derechos en su camino: la mayoría de estos “hallazgos” miserables deriva de requisas efectuadas sin orden judicial ni urgencia que las justifique por excepción.

Por una parte, se predica una “Argentina sin narcotráfico”. Por otra, se pierde el tiempo con esta clase de esperpentos que son inocuos para los grandes jugadores del sistema, pero graves para los individuos involucrados. Mar del Plata sirve de muestra, en este caso triste, de lo que sucede en otras ciudades del país, donde se privilegian las apariencias de efectividad por sobre los abordajes serios, comprometidos y eficientes. Así, lo que termina siendo estupefaciente es la política.

* Profesor e investigador (Unmdp-UNS-ILSED). Consultor internacional en seguridad ciudadana.

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