El Correo, con cartas marcadas
El gobierno de Mauricio Macri condona, licuándola, una deuda del Grupo Macri. Las excusas de Aguad. La jurisprudencia y la ley aplicables. El conflicto de intereses, sin intervención de los órganos de control. La historia del Correo Argentino, el tendal que dejó, las posibilidades de lucrar que le abre el acuerdo. Algo sobre política, corrupción, mala praxis y delito.
Imagen: Leandro Teysseire

La producción de bienes materiales disminuye día tras día. En reemplazo, el Gobierno incrementó la de escándalos, una de sus labores predilectas. El problema, que viene in crescendo desde el segundo semestre, es que muchos lo salpican o enchastran o desnudan: ya no son solo (o no son) los atribuidos al populismo que lo antecedió. 

En contados días se filtraron escuchas violando leyes y protocolos que tutelan las libertades básicas. Hasta ahí, el macrismo podía respirar (según sus laxas y gánicas reglas): las pinchaduras divulgadas aspiraban a complicarle la vida al enemigo estratégico (el kirchnerismo) y a un operador judicial macrista (Daniel Angelici) con el que el Grupo Clarín parece tener un conflicto táctico por la televisación del fútbol. 

La degradación del sistema de garantías quedó opacada como noticia cuando se conoció el acuerdo judicial con el Correo Argentino Sociedad Anónima (“el Correo”, en adelante) propiedad del Grupo Macri cuya homonimia con el presidente Mauricio no es casualidad.

 Se conoció, gracias al riguroso y valiente dictamen de la fiscal Gabriela Boquin, que el Estado concedió a la empresa concursada una condonación descomunal. Eso sí, en silencio y sin cumplir los mínimos requisitos exigibles.

 El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, alegó que el acuerdo no es, apenas, bueno sino formidable. Según “el milico” Aguad, la deuda concursal se congela por los siglos de los siglos.

La visión de Aguad concuerda con el ideario del gran empresariado nacional o afincado en estas pampas. Resumamos alguno de sus puntos esenciales.

  •  Quebrar es un gran negocio.
  •  Transformar los créditos de los acreedores en monedas es otro.
  •  Evadir impuestos o lavar dinero es un filón, porque ya vendrá un blanqueo para premiar esas picardías. 
  •  No pagar las cargas sociales es lucrativo porque puede llevar a la quiebra y jamás se sanciona.
  •  Descuidar la protección de la vida o la salud de los trabajadores aumentando la accidentalidad es negocio porque se puede alegar que aumenta la litigiosidad, con ella los “costos laborales”. Ya llegará una ley de Riesgos del Trabajo que minimice esos costos, sin abordar los otros aspectos, tan enojosos y cargantes.
  •  Cien etcéteras en consonancia.

Regresemos a la causa judicial y a los debates que suscita.

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Plata quemada: El Grupo Macri fue uno de los beneficiarios de las escandalosas privatizaciones menemistas. Administró mal el Correo, dejó de pagar el canon (su única obligación en dinero) en 1999, dejó un tendal de deudas, despidió miles de trabajadores. 

En 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner resolvió la re estatización de la empresa. Lo hizo a contragusto porque el objetivo no estaba en su hoja de ruta. Durante su mandato se revocaron contadas concesiones, en casos específicos y bochornosos. Las grandes estatizaciones, las más importantes y meritorias con el sistema jubilatorio, YPF y Aerolíneas Argentinas a la cabeza, llegarían durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Se iniciaron acciones legales contra el concesionario que cantó quiero retruco con demandas en otros juzgados.      

  El concurso comercial, como es regla, hibernó en los tribunales del Fuero, que es corpo friendly, más pensado para proteger a los capitalistas que al interés colectivo. De los trabajadores, ni hablemos. Puede haber mediado mal manejo del kirchnerismo que no invalida ni habilita dolo o torpeza del oficialismo actual.

  El Grupo Macri ofreció arreglos misérrimos que el Estado rehusó, con toda razón. La ecuación cambió cuando la famiglia se acodó en los dos lados del mostrador. 

  El Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, asistió a una audiencia en la que se repitió una propuesta pésima. Mocoroa regateó un cachito. Un cuarto intermedio bastó para que la concesionaria mejorara la oferta, por decirlo con fantasía. 

 El Estado aceptó. En Cámara, Boquin apela y reserva el derecho de acudir a la Corte Suprema si se convalida el pacto espurio.

  El argumento del Gobierno es que la deuda original, cerca de 300 millones de pesos-dólares, queda congelada hasta la eternidad porque así lo dispone la Ley de Quiebras. Cualquiera podría hacer una cuenta de bolichero y calcular que, conforme la cotización de la divisa, el crédito estatal andaría por 4800 millones. La cifra no corresponde a los criterios legales porque la deuda se pesificó pero da una idea aproximativa del valor real del rojo que dejó el Grupo Macri. 

En aquel momento, Franco Macri debió concurrir al Congreso y explicó que no le pagaba al Estado poniendo en práctica una particular visión de la justicia social: se había gastado todo su dinero en indemnizar a los laburantes que puso de patitas en la calle. 

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La letra y el espíritu: Mocoroa asegura que no le rebajó “un mango” a la corporación Macri. Aguad lo ratifica, basándose en una interpretación literal y falaz de la ley concursal. En efecto, se estipula que el crédito reconocido no se indexa ni corren intereses. Pero no es exacto, porque no es equitativo que el deudor quebrado pueda librarse de su carga abonando el monto histórico. La quiebra “suspende” que corran intereses durante determinadas etapas de su trámite: no los borra ni perdona.

  Por lo pronto, existen criterios generales. La ley no protege el ejercicio abusivo de los derechos ni cobija a quien invoca su propia torpeza. Ya en el especializado marco de las quiebras o concursos la jurisprudencia fija que no se debe convalidar una propuesta que implique una licuación salvaje de la deuda aunque se hayan cumplido los requisitos formales para su aprobación. La Corte Suprema sentenció así en la causa “Arcangel Maggio S.A. s/concurso preventivo”. 

Los comercialistas Ricardo Nissen y Eduardo Favier Dubois lo explicaron en este diario el viernes pasado. Los debates entre juristas lo comprueban: aún los macristas culposos que cita el diario La Nación confiesan a regañadientes que hacerlo es injusto. 

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(Des) intereses y favores: Conceder financiación a quince años es otra irregularidad. Los intereses pactados son, para colmo, muy inferiores a los que perciben los bancos oficiales, en créditos a las empresas o a particulares. El Gobierno actúa como filántropo con quien no lo merece. Achica su crédito sin ningún motivo imaginable, que no sea favorecer al Correo.

El emprendimiento familiar, ya se comentó, mantiene pleitos contra el Estado, en otros tribunales. En convenios como los que suscribe Aguad una regla de oro es que la concursada desista, como contrapartida, de esos reclamos. No hacerlo posibilita (o fomenta) la perspectiva de enriquecimiento del fallido, que paga sus deudas jibarizadas y podría llegar a percibir créditos indexados. Boquin detectó que el Correo amplió su demanda ni bien firmó el pacto con el representante del Gobierno. Ya que estamos, exige intereses mayores a los que pagaría en la quiebra. El lucro es redondo, la mala fe patente. Los funcionarios, por lo menos, le abrieron esa puerta.

  Vaya una explicación somera de la lógica de las quiebras o concursos procesales. Se formulan excusas anticipadas a lectorxs profanxs por la aridez y a especialistas por simplificar. Tales procesos buscan disminuir el valor de las deudas en pos de que las empresas puedan saldarlas y salvar lo que se pueda. De ahí que el acreedor no tenga derecho de demandar sus créditos actualizados. Tal el argumento del Correo y el Gobierno. Pero esta potestad no es absoluta. El acreedor, sobre todo si sus créditos son elevados, dispone de la facultad de negarle el acuerdo. Es una tratativa, una relación de poder en el fondo. 

El Estado, acreedor mayoritario, tiene la “llave” de la quiebra del Correo. Con esa baza en su mano, puede exigirle que abone una cifra razonable, proporcional al riesgo causado. El congelamiento de la deuda, como el de los intereses, no es un perdón anticipado e irrevocable.

Los negociadores oficiales disponen de recursos para conseguir una contraprestación mayor. Si la renuncian, de facto, es su responsabilidad.

  Hasta acá la parte comercial. Hablemos de la responsabilidad de los funcionarios, de los conflictos de intereses, de la calidad institucional.

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El espíritu de las leyes: El sentido de las leyes se comprende interpretando (no repitiendo como loro) su texto y contemplando su “espíritu”. La palabra entrecomillada es cita de clásicos del Derecho y designa a los objetivos que se tuvo en mira al legislar. Vale tanto para la adecuación del valor del crédito como para el método de la transacción.

Un conflicto de intereses tan evidente que atañe al presidente, no debió ser resuelto, de parado, por un funcionario de tercera línea como Mocoroa. Nada hay de personal en la descripción: alude a su ubicación en la escala jerárquica y por ahí exagera a su favor. El Gobierno no dio a conocer directivas escritas o dictámenes previos. Los organismos de control debieron ser consultados o involucrarse de oficio. Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción anunció anteayer, con enorme delay, que su repartición empezará a estudiar el asunto.

  Más allá de Aguad y Mocoroa, la “cadena de mandos” debe ser investigada. 

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Conflictos, ventajas y puertas giratorias: El conflicto de intereses acompaña al equipazo de Macri, como la sombra al cuerpo. Muchas de las medidas que tomó enriquecieron directamente a integrantes del Gabinete nacional. Repasemos dos, entre muchas.

 La baja o supresión de las retenciones a productos agropecuarios mejoró el patrimonio del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. 

Los tarifazos en servicios públicos al ministro de Energía, Juan José Aranguren. Este alega que le quedan pocas acciones de Shell, reconociendo que algunas tiene. 

Además, los CEOs de corporaciones mantienen sus vínculos con ellas y es lógico predecir que muchos volverán a su lugar de origen o a actividades vinculadas.  Su performance en gestión, todo lo indica, influirá en sus nuevas relaciones. “Puertas giratorias” llama la izquierda española a ese rotar de lo público a privado, adivinen en detrimento de qué sector.

 Las medidas aludidas, cabe consignar, forman parte del ideario de Cambiemos y, todo lo indica, su finalidad principal es otra… el enriquecimiento indebido no deja de serlo.

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Pobre Franco: Aguad arguye que hizo lo único posible porque fue nociva la actuación judicial del kirchnerismo. Este aspecto es opinable y poco interesante el parecer de un protagonista parcial e iletrado. De cualquier forma, en la coyuntura, el deber estatal era preservar los intereses públicos sin conceder franquicias exorbitantes. Mantener al Correo en quiebra lo ponía a raya. Entregarle por monedas el crédito, constituye un favor de aquéllos.

Toda la oposición le cayó encima, Aguad ofrece “charlemos un ratito” a los parlamentarios.

 Tal vez el gobierno retroceda como en tantas ocasiones en que intenta burlar las leyes o atacar derechos y le sale mal. Tal vez porfíe. Uno de los más divertidos argumentos de Aguad es que el deudor no tiene recursos. No usaremos esta columna para pedir una colecta para el Clan Macri. Dejamos esa tarea a su elenco de gestión, sus aliados, a sus opineitors e intelectuales orgánicos.

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