Por Roberto Navarro

La nueva Ley sobre Riesgos del Trabajo sólo benefició a los empresarios. En dos años de vigencia de esa norma llevan ahorrados más de 8 mil millones de pesos en seguros y, sin embargo, no incrementaron sus inversiones en prevención de accidentes y enfermedades laborales. Por el contrario. El 97 por ciento de los empleadores no cumple con las normas de seguridad e higiene y, como consecuencia, hubo 740 mil accidentes desde que rige la ley, de los cuales 2069 fueron fatales. El constante deterioro de las condiciones de seguridad se verifica en que la cantidad de fallecidos aumentó de 851 en el período julio ‘96/junio ‘97 a 1106 en el lapso julio ‘97/ junio ‘98. Y sólo en julio de este año fueron 112 los trabajadores que perdieron la vida a causa de las precarias condiciones de seguridad en que desarrollaban sus tareas.

Con la legislación anterior, que regía desde 1915, el empleador que quería ponerse a salvo de cualquier demanda por accidentes de trabajo debía contratar un seguro de riesgo laboral que tenía un costo del 3 por ciento de la masa salarial, más uno de responsabilidad civil que, en promedio -variaba según el sector-, rondaba el 7 por ciento del total de los sueldos de la empresa. Además, si el trabajador entablaba una demanda civil, y la ganaba, el empresario debía hacerse cargo del 20 por ciento de la indemnización, en concepto de franquicia (el porcentaje del seguro que la compañía de seguro no cubre). Sumado a todos esos cargos, el empleador debía asumir también los gastos que surgían de la atención de las denominadas enfermedades profesionales, que son las que se desarrollan como consecuencia del ejercicio laboral, ya que las aseguradoras no les brindaban esas prestaciones. Los que optaban por no contratar seguros se arriesgaban a tener que afrontar indemnizaciones en muchos casos millonarias.

A partir del 1-o de julio de 1996 comenzó a regir la nueva norma que redujo el costo total del seguro de riesgos del trabajo al 1,34 por ciento de la masa salarial. Con esta tasa, las 480 mil empresas inscriptas en las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) están pagando 536 millones de pesos por año. Es decir, que en estos dos años desembolsaron 1072 millones lo que antes les hubiera salido 8000 millones más los gastos resultantes de las enfermedades profesionales, que ahora cubren las ART, más las eventuales franquicias por demandas civiles perdidas que la actual ley no prevé (ver cuadro).

Luego de más de 25 años de violar la Ley de Seguridad e Higiene, promulgada en 1970, los empresarios tuvieron un período de gracia de dos años y medio más para cumplir con la reglamentación vigente. La Ley de Riesgos del Trabajo estipula que deben llevar adelante un plan de mejoras diseñado por los expertos de las ART, que se dividió en etapas, y que, como máximo, debe estar terminado el 31 de diciembre de este año. De no cumplirlo, la ley indica, por todo castigo, una multa de hasta 30 mil pesos. Más allá de lo exiguo que resulta el monto de la pena para muchas empresas, la ley no contempló ningún tipo de sanción penal, como las que prevén la mayoría de las legislaciones de los países desarrollados para este tipo de negligencias. A dos años de vigencia de la ley no sólo los empresarios no se ven incentivados a invertir en prevención, sino que, por el contrario, saben que nada podrá pasarles mientras desembolsen apenas nueve pesos por trabajador que, en promedio, les cuesta por mes la actual cobertura de seguros.

Mientras tanto, las ART todavía no le encontraron la vuelta al negocio. Además de la guerra de precios, que ellas mismas generaron, y que llevó de la prevista prima del 3,5 por ciento de la masa salarial al 1,34 por ciento actual, se encontraron con una frecuencia de siniestros muy superior a la de los países que habían tomado como parámetro para fijar la tasación: en España y en Chile es la mitad que en Argentina, y en Estados Unidos, la cuarta parte. Por otra parte, casi el 40 por ciento de lostrabajadores está en negro, lo que hace que los empleadores no contraten seguros por ellos y que los blanqueen cuando sufren un accidente, por lo que las ART terminan pagando por una persona por la que no recibieron aportes. Si las aseguradoras quieren recuperar el pago, deben demandar al empresario y probar que el empleado estaba en negro.

De todas maneras, las ART más grandes esperan que la concentración termine mejorando la rentabilidad de su negocio: de las 44 compañías que comenzaron hace dos años, hoy sólo quedan 30, de las cuales las primeras cinco se quedan con el 60 por ciento del mercado y las primeras diez con el 80 por ciento.

Uno de los mayores gastos que deben afrontar las ART son las prestaciones médicas. Por cada denuncia de accidente de trabajo hay veinte de enfermedades profesionales. En ese sentido, la ley favoreció a las aseguradoras: una investigación realizada por la vicedirectora del Centro de Estudios de Investigaciones Laborales, Irene Vasilachis de Gialdino, revela que el 55 por ciento de las dolencias por las cuales se realizaron demandas judiciales en el período 1990-1994 no están previstas en el listado de enfermedades que la ley vigente prevé que sean pasibles de indemnización. Además del perjuicio económico para los trabajadores, la perversidad del sistema deriva en que, si una enfermedad no es considerada profesional, no se invierte en su prevención.

A las ART también se las critica porque no asumieron la responsabilidad que la ley les asignó de denunciar a las empresas que no cumplieran con el plan de mejoras sobre seguridad e higiene. El presidente de la Cámara de las ART, Jorge Ferrari, se excusó diciendo que si tuvieran que denunciar a todos los que no cumplen “deberían clausurar a todas las empresas del país” (ver aparte). Lo cierto es que las aseguradoras no denuncian los incumplimientos a la Superintendencia de ART para no perder clientes, en un mercado que, por el momento, es hipercompetitivo.

La variable de ajuste en las nuevas reglas de juego de los seguros laborales fueron los trabajadores. No sólo vieron aumentar las posibilidades de accidentes por la desinversión en seguridad, también se perjudicaron en los montos de las indemnizaciones por accidentes. La caída del montacargas de un edificio en construcción de Catalinas Norte, perdiendo la vida seis obreros, instaló el tema. Por toda indemnización, las viudas de los trabajadores están cobrando menos de 200 pesos por mes. Además, el artículo 39 de la ley de Riesgos del Trabajo les cerró el camino que antes les permitía entablar una demanda civil para lograr un resarcimiento integral, en los casos en que una incapacidad permanente o una muerte hayan sido causados por negligencia del empleador.

Ya son siete los jueces de primera instancia de la provincia de Buenos Aires que fallaron a favor de los trabajadores en reclamos de responsabilidad civil. En todos los casos se hizo lugar al reclamo de inconstitucionalidad del artículo en cuestión, porque pone en desigualdad de condiciones al trabajador con el resto de los ciudadanos que, fuera del ámbito laboral, sí pueden accionar en el fuero civil.

En la Cámara de Diputados hay diecisiete proyectos de reforma de esta ley. La mayoría prevé mayores multas para los empresarios que no cumplan las normas de seguridad y modifican de una u otra manera el polémico artículo 39. El lobby empresario ya empezó a mover sus piezas: desde la Unión Industrial Argentina se anticipó al Gobierno que sería “desastroso para el país volver a la industria del juicio que significó enormes costos en el pasado”. La Superintendencia de ART propuso crear la figura de delegado de prevención, pero los sindicalistas se opusieron: “Nos quieren hacer cargar con los muertos a nosotros”, sostienen. La misma CGT, que en 1994 firmó el Acuerdo Marco que culminó en la actual ley, presentó un proyecto en el que propone fuertes penalidades para los empresarios negligentes. Mientras discuten, los empleadores siguen pagando nueve pesos mensuales por persona y los trabajadores siguen muriendo de a tres por día hábil.

Provincia	5.350.000
Liberty		4.839.000
Omega		4.750.000
Consolidar	4.238.000
Asociart	3.788.000
La Caja		3.238.000
Prevención	2.558.000
Mapfre		1.923.000
La Segunda	1.679.000
Berkley		1.453.000
TOTAL		33.834.000

Polémica sobre la
ley que creó las ART

-¿La nueva ley no sirve o no la cumplen?
-Las dos cosas. La ley es errada, injusta e inconstitucional en lo que se refiere a la reparación. Y es equivocada en cuanto a la prevención.

-¿Por qué?
-El error más importante fue asignarles a las ART la responsabilidad de controlar a los empresarios, que son sus clientes, y denunciarlos en el caso de que no cumplan con las normas de seguridad. No se debió disolver la división Higiene y Seguridad de Trabajo, organismo que era el encargado de esa tarea hasta hace dos años.

-¿Cómo evalúa a la Superintendencia de ART?
-El primer superintendente, que estuvo en el puesto hasta febrero pasado, fue Osvaldo Giordano, de la Fundación Mediterránea. El fue el impulsor de la ley, y que ahora se ve que no cumplió con los controles que debía realizar sobre las empresas y sobre las ART.

-¿Qué opina sobre el monto de la reparación?
-Es miserable y, además, inconstitucional. Se bajaron los montos de las indemnizaciones por accidentes, se limitó el listado de enfermedades profesionales y los trabajadores están en una situación de desigualdad ante la ley al cercenarles el derecho a reclamar por la vía civil.

-¿Las ART no denuncian a las empresas que no cumplen con las normas de seguridad e higiene?
-No, no es así. Lo que ocurre es que empezamos de un nivel de seguridad muy bajo y, aunque mejoró, todavía la mayoría de las empresas no cumplen con to que marca la reglamentación. Nosotros denunciamos incumplimientos que ponga en riesgo la salud y la seguridad del trabajador, pero si se fuera absolutamente riguroso, habría que clausurar casi todas las empresas del país.

-Usted dice que la seguridad mejoró, pero cada vez hay más muertos.
-Lo que pasa es que antes no había estadísticas. De todas maneras, esta es una etapa del proceso en la que estamos invirtiendo para que las modificaciones den resultado. Estoy seguro de que la accidentología va a bajar fuertemente en los próximos años.

-¿Piensa que no hay que modificar la ley?
-La ley hay que modificarla porque lo pide la gente. Es perfectible. La lucha de precios entre las ART llevó la prima del seguro a un precio demasiado bajo. Se debe legislar para fijar un piso por sector de riesgo que equilibre las primas y haga que el empresario elija a la aseguradora por calidad y no por precio. Además hay que subir las multas para los empleadores que no cumplen con los planes de mejoras que pactan con las ART. Si esta ley tiene una deficiencia, es que no incentiva al empresario a invertir en prevención.

Historias de ganadores y perdedores

- Jorge Streitfeld tiene una papelera en San Justo en la que emplea a diez personas. Hasta 1996, como el sector donde opera su empresa es considerado de alto riesgo para la seguridad de los trabajadores, el seguro era uno de sus mayores costos. Entre la cobertura de accidentes de trabajo y la responsabilidad civil pagaba 18 mil pesos por año. Pero llegó con la nueva ley de accidentes laboral. Hoy, por la misma cantidad de empleados, Streitfeld paga 2500 pesos por año por seguro de riesgos del trabajo y ya no necesita contratar una póliza de responsabilidad civil. En dos años lleva ahorrados 31 mil pesos en seguro.

- La Metalúrgica Magol SRL de Villa Martelli tiene cuarenta empleados que trabajan en máquinas que son consideradas riesgosas para su seguridad. Sus dueños siempre consideraron exageradamente alto el costo de una responsabilidad civil, por lo que hasta 1996 sólo tenían una póliza contra accidentes por la que pagaban 17.600 pesos por año. Se arriesgaban a que, si tenían uno o más accidentes, una demanda civil quebrara su empresa. Hoy la nueva ley les solucionó el problema: por 8500 pesos tienen una cobertura total que les permite dormir tranquilos. Llevan ahorrados, entonces, 18.200 pesos.

- Ramón Orlando Arias trabajó en la fábrica Icosor SA hasta el 9 de febrero de 1993. Ese día los rodillos de una máquina de pintura de flejes metálicos le atraparon el brazo derecho y se lo destrozaron. El trabajador reclamó una indemnización a la empresa mediante una demanda que se tramitó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N 57 (expediente 107.888/93). El perito médico interviniente determinó una incapacidad del 53 por ciento de la capacidad obrera de Arias. La sentencia, luego confirmada por la sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, condenó a la empresa a pagar 200.000 pesos en concepto de indemnización por accidente de trabajo. Finalmente, con intereses incluidos, el trabajador cobró 270.380 pesos al contado.

- César Miguel Girón tenía 26 años cuando perdió la vida en un accidente de trabajo. Era empleado de la firma Cimentaciones Argentinas SA. La empresa había sido contratada por la Terminal Portuaria N 5 del Puerto de Buenos Aires para reforzar anclajes en los muelles. Para hacer este trabajo los operarios eran bajados al vacío sobre el agua, en una plataforma sostenida por una grúa alquilada a la firma Paolini. El 12 de julio, como la grúa no era apta para soportar el peso de la plataforma, cedió. Girón y otro operario cayeron al agua. El compañero, que sabía nadar, se salvó; Girón murió ahogado. La ART Omega, cumpliendo con la ley vigente, les paga, por toda indemnización, una renta de 240 pesos mensuales a la viuda y sus dos hijos. Cuando los chicos sean mayores de edad, la señora sólo cobrará 150 pesos.

“El Estado tiene que controlar”
Daniel Marcú, director ejecutivo de la consultora Towers Perrin.

“Más allá del ruido que está habiendo en estos días, nadie puede asegurar que haya más accidentes que antes, porque hasta 1996 no había estadísticas. Sí podría decirse que no están disminuyendo. Pero el problema no se va a resolver volviendo a las demandas civiles, que sólo favorecían los bolsillos de los abogados. Aquella fiesta la pagaba toda la sociedad, porque los mayores costos de las empresas se trasladaban a los precios. La solución está en que el Estado estructure un buen sistema de controles -es absurdo poner el control de las empresas en manos de las ART- y que el empresario que no cumpla tenga penalidades tan fuertes que actúen como un incentivo para que prefiera invertir en prevención. Las ART, por su parte, tienen que ir acercando el precio al nivel que los actuarios calculamos que deben trabajar -arriba del 3 por ciento- para poder seguir mejorando su servicio”.

“Tiene que haber un pago único”
Andrés Faragó, gerente de Control de la Superintendencia de ART.

“La ley 24.557 puede ser mejorada, pero eso no significa que no haya sido un avance. Algunos críticos no tienen en cuenta que los trabajadores hoy poseen una cobertura de salud que antes no tenían. Muchas ART brindan una excelente prestación médica. Los empresarios deberían analizar mejor el servicio que les ofrece cada aseguradora y no sólo la prima que les cobra. La superintendencia está preparando un proyecto de modificación que contempla que las indemnizaciones por muerte o incapacidad se realicen en un pago único. También se está analizando la posibilidad de abrir el camino de una demanda civil en el caso en que el trabajador accidentado estuviera trabajando en negro. Lo que de ninguna manera es aceptable es volver a la situación anterior, con costos impredecibles para el empleador e inseguridad para el empleado. El sistema actual está probado en muchos países y funciona perfectamente”.

Al hospital

TOTAL: 368.201 trabajadores.

							-en %-
Industrias Manufactureras				34,4
Construcción						15,6
Comercio y reparaciones					10,4
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura		9,8
Servicios comunitarios					9,7
Transporte, almacenamiento y comunicaciones		6,3
Actividades inmobiliarias				3,5
Hoteles y restaurantes					2,9
Servicios sociales y de salud				2,4
Suministro de electricidad, gas y agua			1,6
Administración pública y Defensa			1,0
Servicio doméstico					0,8
Explotación de minas y canteras				0,6
Intermediación financiera				0,5
Enseñanza						0,4
Pesca							0,1

Costos para las empresas ANTES de la nueva ley de accidentes de trabajo
-para 24 meses-

- Seguro accidentes 3% 
 sobre masa salarial		2400
- Responsabilidad civil 7% 
   sobre masa salarial		5600
- Incidencia franquicia		1120
- Prestaciones médicas		100
				9220

Costos para las empresas DESPUES de la nueva ley de accidentes de trabajo -para 24 meses-

 Seguro contratado con una ART.
   Cobertura promedio 1,34% sobre
   masa salarial			1072

SALDO

 ANTES			9220
 DESPUES		1072
 AHORRO en 24 meses	8148