Por Naúm Minsburg *

La inmutabilidad del modelo económico implicaría, de hecho, su fosilización y la necesidad imperiosa de introducirle cambios. La discusión que ha comenzado acerca de la política económica merece un amplio debate, puesto que de su resultado se definirán importantes consecuencias para el futuro de nuestro país.

Conviene recordar las graves disputas entre Menem y Cavallo en torno de la paternidad del modelo, cuando en verdad éste fue diseñado en base al “Consenso de Washington” (1989) para ser aplicado en América latina. Y fue adoptado en la Argentina acríticamente con inusitada celeridad.

Cuatro han sido los pilares fundamentales del modelo:

1 La amplia apertura económica posibilitó la mejora de la productividad y de la competitividad de ciertos sectores. Al mismo tiempo, permitió una avalancha indiscriminada de importaciones (Aduana “paralela” y precios subsidiados de por medio), lo que se tradujo en el quebranto y cierre de miles de establecimientos, especialmente pymes, incidiendo fuertemente en el incremento del desempleo. Cabe destacar que las exportaciones entre 1990-1997 se duplicaron, mientras que las importaciones aumentaron en más de seis veces en el mismo período. La apertura se extendió al sector financiero que posibilitó el ingreso de importantes bancos de capital extranjero.

2 El establecimiento de la convertibilidad (un dólar por un peso) que sirve como seguro cambiario para el capital externo, ha facilitado el logro de la estabilidad que después de tantos períodos inflacionarios constituye un indudable éxito.

3 La política de privatizaciones de empresas estatales, una de las más aceleradas de las realizadas en el mundo, ha sido efectuada en un principio con el propósito de disminuir la deuda externa pero, en la práctica, sirvió para cubrir los déficit presupuestarios. Se han traspasado al sector privado a valores inferiores a los del mercado y con poca transparencia amplios sectores económicos, incluso algunos de alta rentabilidad y de interés estratégico. Paradójicamente, el Estado se ha desentendido de sus indelegables funciones de establecer los marcos regulatorios y de contralor de la calidad y de los precios de los bienes y servicios producidos. De modo tal que el usuario o cliente ha quedado a merced de las políticas establecidas por las actuales empresas privadas en condiciones monopólicas.

4 El equilibrio fiscal. Este ha sido, indudablemente, el argumento que más se ha utilizado para comprimir el gasto público, especialmente el destinado al sector social. El presupuesto público deficitario debido a la aplicación de una política tributaria deficiente -que favorece la evasión-, durante el período 1990-1997, sin contar los aportes financieros producidos por las privatizaciones, ha arrojado importantes déficit en todos los años, salvo en 1993. Los déficit se han resuelto apelando al endeudamiento, lo que ha expandido la deuda pública a límites preocupantes.

Uno de los aspectos más característicos del modelo es la elevada desocupación, subocupación y pauperización de trabajadores que, según datos recientes del INdEC, alcanzan a más del 60 por ciento de la población. En tanto, la concentración del ingreso alcanza niveles desconocidos. La grave crisis económico-financiera que se extiende prácticamente por todo el mundo ha comenzado a incidir en nuestro país y precisamente por este motivo es necesario repensar el rumbo económico. Estas circunstancias obligarían a establecer un programa consensuado entre los diferentes sectores políticos sobre los objetivos del desarrollo económico y social con equidad.