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 El tarifazo
de hasta el 80 por ciento en las líneas de trenes Mitre y Sarmiento será objeto de
diversas acciones judiciales por parte de las Defensorías del Pueblo de la Nación y de
la ciudad de Buenos Aires y de legisladores de la oposición, quienes intentarán que el
incremento de los boletos quede en vía muerta. La Alianza, incluso, baraja la posibilidad
de revisar el nuevo contrato rubricado entre el Gobierno y el grupo licenciatario del
servicio en caso de acceder al poder en diciembre próximo.“Existen elementos de sobra para voltear el decreto. Vamos a presentarnos ante la Justicia a fines de la semana que viene”, afirmó Rafael Veljanovich, adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a Página/12. Veljanovich estuvo reunido ayer por la tarde con representantes de distintas organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores, diputados de la Alianza y delegados de la CTA. De esa reunión surgió la propuesta de encarar una estrategia múltiple para intentar derogar el decreto que aprueba la revisión contractual acordada entre el Gobierno y Trenes de Buenos Aires, operadora de las dos líneas ferroviarias en cuestión. La norma, publicada anteayer en el Boletín Oficial, habilita a un aumento progresivo de los tickets de un 80 por ciento a cambio de nuevas pautas de inversión por parte de los privados, y extiende la concesión a TBA por 20 años más, hasta el 2025. La estrategia de quienes se oponen al decreto incluirá una denuncia penal contra el secretario de Transporte, Armando Canosa, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, una acción de amparo que detenga el incremento tarifario y una segunda denuncia judicial apelando a la inconstitucionalidad del decreto. Según la visión de Veljanovich, la norma “modifica la filosofía del contrato inicial entre el Estado y TBA y, por tratarse de un contrato nuevo, debería realizarse una licitación pública” del servicio de las líneas Mitre y Sarmiento. “El decreto es una burla. Vamos a dar batalla judicial porque, evidentemente, al secretario de Transporte le va a ser muy difícil sostener una normativa que se publicó el día posterior a la finalización de la consulta pública”, enfatizó a su vez Jorge Maiorano, el defensor del pueblo de la Nación. Por su parte, el diputado de la Alianza, Juan Pablo Baylac, abrió ayer la posibilidad de que la coalición se siente a re-renegociar el contrato con la empresa en caso de ganar las elecciones generales de octubre. “La idea es poner en la mesa de discusión el nuevo esquema tarifario y establecer pautas para el control de las inversiones que lleven a cabo los empresarios”, apuntó el legislador, vicepresidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Otro diputado, el socialista Héctor Polino reclamó, lisa y llanamente, la renuncia del secretario de Transporte. Con la obvia salvedad de TBA, directa beneficiaria del nuevo cuadro de tarifas, el único sector que se mostró a favor del mismo fue el de los empresarios colectiveros. Está claro: con el mayor costo del pasaje en tren a los colectivos les resultará más sencilla la competencia. |
