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 La Cámara
de Diputados aprobó ayer en general un proyecto de ley que amplía las facultades a la
Policía Federal, permitiéndole interrogar a un imputado sin la presencia de un juez y
realizar requisas personales y en vehículos, sin otra justificación que la sospecha del
uniformado de que el registro permitirá aclarar un delito. La polémica iniciativa,
impulsada por el PJ, no pudo tratarse en forma particular por falta de quórum y el debate
quedó postergado para la próxima sesión. Sin embargo, el proyecto ya despertó duras
críticas: “Se está fortaleciendo una forma de trabajar de la policía de principios
de siglo: la de conseguir información a través del ‘apriete’ en lugar de que
sea por medio de investigaciones”, cuestionó Gustavo Palmieri, coordinador del
Programa de Violencia Institucional y Derechos Humanos del CELS. “Al permitirles
requisar sin la presunción de un delito, se busca que la policía pueda abortar
situaciones de protesta masiva: que reprima la pobreza y al pueblo que reclama”,
alertó la diputada frepasista Diana Conti.La iniciativa tratada ayer nació de la unificación de dos proyectos, uno del diputado justicialista Dámaso Larraburu y otro de su compañero de bancada Miguel Pichetto. Ambos fueron presentados meses atrás, cuando el problema de la inseguridad urbana estaba en el centro de la escena. En realidad, la mayor parte del proyecto establece atribuciones que ya están contempladas en el Código de Procedimiento Penal, con excepción de dos, que son cuestionadas por la oposición y organizaciones de derechos humanos. De aprobarse en particular el proyecto de ley, los agentes de la Federal podrían interrogar a un detenido, sin la presencia de autoridades judiciales, y la declaración tendría valor como prueba. “Sería aberrante”, alertó la diputada Conti. Hoy, los uniformados sólo pueden interrogar a testigos. “Si tenemos en cuenta que nuestra policía golpea, tortura, inventa causas, ¿qué podría pasar si tienen la facultad de interrogar a un imputado? La presión psicológica que ejercen sobre el detenido, con esta atribución, se va a incrementar”, objetó Palmieri, del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS). El segundo punto rechazado por la Alianza y otros bloques menores es la posibilidad de que los policías realicen requisas personales y en vehículos, con la sola presunción de que el registro permitirá favorecer una investigación o la detención de un “imputado de un delito evadido o sospechado de criminalidad”. “Con esta facultad, hay una devaluación de los derechos de circular libremente por la calle, un aspecto que caracterizó a la dictadura militar y que de alguna forma estuvo vigente hasta la derogación de los edictos policiales”, opinó Palmieri. Para Conti, esta ampliación de las atribuciones de la Federal habilitará a los uniformados para requisar a los espectadores de un recital de rock o de una marcha popular, sin que tengan indicios de que los registrados hayan cometido un delito. “Se busca darles facultades para abortar situaciones de protesta masiva, lo que llevará a que se reprima la pobreza y al pueblo que reclame”, dijo la diputada frepasista. “Se está fortaleciendo una forma de trabajo de principios de siglo, en lugar de profesionalizar a la Policía Federal. Mientras en las policías de los países desarrollados el 90 por ciento de las detenciones se realiza por delitos y sólo el 10 por ciento por sospecha, en la Capital Federal, el 80 por ciento es por sospecha y apenas el 20 por ciento por delitos. Con estas herramientas aumentará la posibilidad de que se detenga por sospechas”, agregó Palmieri. El proyecto no pudo tratarse en particular por falta de quórum. Después de aprobarse en forma general y cuando iba a debatirse artículo por artículo, diputados de distintos bloques iniciaron un éxodo del recinto para detener el tratamiento de la controvertida iniciativa. La sesión pasó a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. El proyecto había dividido aguas en la Alianza. Mientras la diputada y candidata a gobernadora bonaerense, Graciela Fernández Meijide, lo había rechazada de plano, eljefe de gobierno porteño y candidato presidencial Fernando de la Rúa lo había apoyado en forma parcial, al destacar la importancia de que la policía “pueda revisar el baúl de los autos para ver si hay armas, drogas y efectos robados”.
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