¿Esto no es un default, Macaya?

Con sus anuncios del viernes 10, De la Rúa nos recordó que el repudio de un compromiso de pago por parte del Estado no es necesariamente un default, ya que depende de la identidad del acreedor. Curiosamente, para aventar el peligro de no poder pagar algún próximo vencimiento de la deuda pública externa, el Gobierno resolvió repudiar una obligación de largo aliento con los nuevos jubilados del régimen previsional establecido en 1994. Cercenar unilateralmente la PBU equivale a un default, aunque sin aparentes consecuencias económicas adversas para el Estado. No las tiene porque las víctimas de este repudio carecen, a diferencia de bancos y mercados, de chances de represaliar al mal pagador. Extraño es, sin embargo, que el FMI y el Banco Mundial alienten y hasta exijan el repudio de esa promesa, elevándolo al rango de una condición para prodigar el blindaje. La ruptura de un compromiso no puede ser transfigurada en fuente de credibilidad. Quienes se acogieron al régimen de la ley 24.241, tanto en la variante estatal solidaria como en la capitalista individual, efectuaron el aporte del 11 por ciento del sueldo a cambio de una contrapartida, diferida en el tiempo, que incluía 200 pesos (y en algunos casos algo más) como PBU. Ahora, considerando que esta Prestación es un “derecho en expectativa” y no “adquirido”, el Ejecutivo aliancista la tacha, sin por eso reducir en forma proporcional el aporte asalariado ni devolver lo cobrado en exceso. Perpetrado en nombre del equilibrio fiscal de largo plazo, este abuso contrasta con el celoso apego a la previsibilidad jurídica cuando del otro lado de la mesa están los grandes administradores de fondos, los mercados, las empresas privatizadas de servicios públicos y otros lobbies. En realidad, la debilidad política de los trabajadores que aportan a la Seguridad Social, el hecho de que no cuenten con representantes de peso y leales en los poderes republicanos, los convierte en el blanco preferido de las exacciones, mientras otros sectores más solventes quedan eximidos.