El Gobierno cambió su postura inicial y finalmente no apelará el fallo de primera instancia del juez Enrique Lavié Pico que hizo lugar al amparo presentado por Elena Highton de Nolasco para permanecer en la Corte Suprema de Justicia después de cumplir 75 años, el límite que la Constitución de 1994 estableció para que los jueces ejerzan su cargo.

Antes de fallar, Lavié Pico pidió al Ejecutivo que responda al amparo pedido por Highton y el Ministerio de Justicia envió un escrito de 11 páginas en el que solicitó que se rechace la petición de la jueza. La cartera conducida por Germán Garavano había argumentado que la magistrada no hizo las observaciones que plantea ahora al momento de jurar el cargo, en 2004, y que tampoco inició los trámites para pedir la ratificación del Senado para poder seguir en la Corte, como prevé la ley vigente.

Ahora el Gobierno dio marcha atrás y no presentará la apelación que tiene habilitada hasta mañana. La postura inicial del Gobierno se contradecía con la asumida en 2015 por el presidente Mauricio Macri ante el caso del juez Carlos Fayt. Un Macri opositor al gobierno de Cristina Kirchner había defendido la continuidad del ministro de 97 años en la Corte. “No hay democracia posible sin división de poderes”, tuiteó en ese momento el ahora mandatario.    

La ministra presentó un amparo en el que invocó el caso de Fayt y el juez Lavié Pico señaló en su fallo que se trata de una situación “similar”. Recordó que cuando Fayt impugnó aquella disposición, la Corte Suprema resolvió que los constituyentes se habían excedido en sus funciones al incluir un límite de edad para los magistrados, ya que ello no formaba parte del mandato que los legisladores les habían dado.