Domingo Cavallo quiere ahorrarse unos 900 millones de pesos que debería transferir por ley a las provincias hasta fin de año, como una forma de acercar los números de la Nación a la regla de déficit cero que –coinciden todos los analistas– de otro modo sería imposible de cumplir. El ministro lo dejó entrever el domingo pasado en declaraciones periodísticas, lo que ya provocó una dura reacción de los gobernadores más influyentes en el tablero político nacional, como José Manuel de la Sota y Carlos Ruckauf. Pero en los próximos días, los funcionarios de Economía sacarán ante los gobernadores otra carta de negociación: plantearán que, a partir del año próximo, el Fondo de Incentivo deberá ser pagado por las provincias, lo que significará un ahorro a la Nación de 700 millones. Ambas son condiciones acordadas con el Fondo Monetario para destrabar el salvataje financiero. Washington busca así forzar el ajuste provincial.
De acuerdo con el último pacto federal fiscal entre Nación y provincias, ratificado por ley, el gobierno nacional se comprometió a garantizar a los estados provinciales una suma fija de transferencia de fondos mensuales, que para este año asciende a 1364 millones de pesos. Dichos recursos son girados a las provincias en concepto de la “coparticipación” de impuestos nacionales. La lógica es la siguiente: la Nación recolecta esos tributos en jurisdicciones provinciales, y por lo tanto después debe devolverlos mediante transferencias mensuales. La “coparticipación”, entonces, es
una ley para distribuir la torta de la recaudación de impuestos nacionales entre Nación y provincias. A su vez, también por ley, fija el criterio de reparto de dichos fondos entre las provincias.
La coparticipación fue siempre en la última década un porcentaje de la recaudación de los principales impuestos nacionales. Pero, hacia fines de 1999, al ex ministro de la Alianza, José Luis Machinea, se le ocurrió negociar con los gobernadores un monto fijo, con la idea de que la economía crecería y en consecuencia la recaudación aumentaría cómodamente por encima de la garantía. Además, porque así evitaría “coparticipar” los nuevos impuestos creados en marzo de 2000.
Sin embargo, la prolongación de la recesión provocó el derrumbe de la recaudación. Y por lo tanto, en los últimos meses, la garantía de los 1364 millones mensuales sólo se alcanza si la Nación resigna recursos propios o pide crédito para cubrir el bache.
Según un estudio reciente del IEFE (Instituto de Estudios Fiscales y Económicos), si Cavallo lograra eliminar esta garantía se ahorraría, como mínimo, unos 870 millones de pesos en lo que resta del año. El cálculo de la entidad con sede en La Plata es que la recaudación coparticipable se ubicaría entre agosto y setiembre unos 180 mensuales por abajo de la garantía.
Con un número similar en mente, el equipo económico encabezado por Daniel Marx mostró en Washington las ventajas de dar de baja ese compromiso, tanto para cumplir con el déficit cero a nivel nacional como para presionar por más ajuste a los gobernadores. De hecho, en el comunicado del Fondo Monetario con el que se anunció el salvataje se menciona, aunque de manera ambigua, la necesidad de contar con “una nueva ley de coparticipación” de impuestos.
El secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger, ratificó ayer la decisión de su jefe. Consultado acerca de si Economía pensaba incumplir el monto fijo de transferencia de recursos a las provincias, contestó: “Una cosa que uno no puede soslayar es la realidad. Es como una familia a la que le caen los ingresos, puede soñar con gastar más, pero si el dinero no está, no se puede hacer”, afirmó. Y adelantó una renegociación con los hombres del interior: “ante esa realidad hay que sentarse con los gobernadores y ver cómo hacemos”, aseguró.
En cambio, en Jefatura de Gabinete, en donde empezarán las negociaciones fueron más cautos. “Será una negociación larga. Lo que el gobierno quiere es que se discuta una nueva ley (de distribución de impuestos) en el Congreso”, dijo un funcionario cercano a Chrystian Colombo. El jueves, eljefe de Gabinete mantendrá una reunión con legisladores de todos los partidos para sondear concretamente qué espacio hay para negociar una modificación de la coparticipación en plena campaña electoral.
Según el IEFE, el incumplimiento del pacto federal implicaría una caída de recursos, hasta fin de año, de 189 millones de pesos a Buenos Aires; de 76 millones a Córdoba; de 77 millones a Santa Fe; de 42 millones a Chaco y Entre Ríos; y de 41 millones a Tucumán, entre los distritos más afectados. De ahí, se entiende la reacción casi automática de De la Sota y Ruckauf, a quienes ayer se sumaron al frente de batalla otros gobernadores (ver aparte).
La “realidad”, como dice Sturzenegger, es que ningún consultor económico cree que el gobierno nacional pueda cumplir, como marcha la recaudación, con el déficit cero en los próximos meses, a menos que suba la apuesta con medidas adicionales de ajuste. Así, presionado por el FMI y los “mercados” que lo castigarían duramente si incumpliera con una regla autoimpuesta, Cavallo necesita recortar de manera inmediata las transferencias a provincias por debajo de la garantía. Para el Presupuesto 2002, en cambio, esa garantía no sería una cuestión de vida o muerte para la administración De la Rúa. Porque si los números se hacen sobre la base de que la economía crecería como mínimo un 4 por ciento, como especulan por estos días en el Palacio de Hacienda, ese monto de recaudación podría alcanzarse –al menos en los papeles– sin mayores problemas. Sin embargo, como reconocen en Economía, en el Fondo quieren que la renegociación de la coparticipación con los gobernadores no sea una cuestión coyuntural, guiada por las urgencias de la Nación, sino que siente las bases para un ajuste más permanente en las provincias. De otro modo: Washington abona la idea de que la mejor manera de que el vecino ajuste sus gastos es cortándole la luz.
De ahí que, en los próximos días, los funcionarios de Cavallo probablemente lancen sobre la mesa otro tema que provocará la reacción de los gobernadores: la financiación del Fondo de Incentivo Docente. Desde su creación, a fines de 1999, se estableció que dicho fondo, de unos 700 millones de pesos anuales, sería garantizado por el Tesoro nacional hasta diciembre de 2001. Sin embargo, por razones obvias, ninguna provincia está en condiciones actualmente de asumir el costo. Pero Cavallo ya prometió al FMI, como otra prueba de que el déficit cero será respetado, que apurará la transferencia.

GUERRA CONTRA CAVALLO POR LA COPARTICIPACION
Las provincias se pintan la cara

Por R.D.

“No hay negociación abierta, ni siquiera hay comunicación con el gobierno”, advirtió a Página/12 a última hora de anoche una fuente del Frente Federal, que agrupa a los once mandatarios justicialistas de provincias chicas. El anuncio de Domingo Cavallo de que desconocerá el piso de la coparticipación, que les asegura a las provincias recibir 1364 millones de pesos mensuales, fue respondido por una catarata de críticas y hasta amenazas de juicio por incumplimiento de normas constitucionales. El encuentro anunciado para hoy entre el jefe de Gabinete y los mandatarios provinciales para empezar a tratar una nueva ley de coparticipación no se hará y, por ahora, ni siquiera tiene fecha.
Los gobernadores dedicaron el día de ayer a hacer consultas y analizar la nueva situación creada por las declaraciones de Cavallo al diario Clarín, publicadas el domingo, señalando que no iba a poder cumplirse el piso de la coparticipación comprometido en un Pacto Fiscal Federal. “Cavallo dejó un flanco muy grande, porque el Pacto tiene estatus constitucional, es muy raro que se equivoque tanto, salvo que lo haga a propósito”, conjeturó uno de los mandatarios justicialistas consultado por este diario.
Los gobernadores, que manifestaron su acuerdo con la meta del Déficit Cero, se manifestaron “engañados” por el cambio de actitud del gobierno nacional. Incluso, hasta pusieron en duda el manejo de los datos de la recaudación impositiva por parte del gobierno. “¿Realmente estará bajando tanto como dicen?”, se preguntó un funcionario provincial ayer en diálogo con este diario. “Dicen que baja la recaudación de IVA y Ganancias, que se coparticipan, pero la recaudación del impuesto al cheque, que es a cuenta de los anteriores y que por lo tanto le baja la recaudación, no se coparticipa; esto da lugar a un posible doble juego contable en donde ya no sabemos qué se cobró y qué no”, sugirió la fuente. Por lo pronto, los funcionarios provinciales advierten que en los últimos días se han reducido los envíos de fondos que reciben de la administración nacional.
Rubén Marín, gobernador de La Pampa y vicepresidente del PJ, definió la postura de Cavallo como un “chachetazo”, al tiempo que la consideró “ilegal”. La voz de Marín se sumó a la de los justicialistas José Manuel de la Sota y Carlos Ruckauf, quienes advirtieron sobre la posibilidad de que una quita en los recursos que administran las provincias estimule la efervescencia social que existe en el interior. Pero al coro se agregó el aliancista Angel Rozas, quien, fortalecido tras su reciente triunfo electoral, advirtió que los gobernadores aplicarán “unanimidad de criterio para oponerse al ajuste”.
Los gobernadores justicialistas se reunirán mañana para analizar una respuesta en conjunto a la postura del gobierno, que las fuentes descartan que será “unánime, porque estamos ante una situación terminal”. Por lo pronto, lo que surge claramente es que el anuncio de desconocer el piso de la coparticipación trabó la posibilidad de avanzar en una nueva ley en la materia. Los gobernadores justicialistas se repitieron ayer varias veces la misma pregunta a lo largo de la geografía nacional: “¿a qué está jugando Cavallo?”.

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